México ha perdido 55 lugares en el ranking de Climatescope de Bloomberg, que enlista los países más atractivos para la inversión privada en energías renovables. Del 2018 a la fecha cayó del puesto 8 al lugar 63 de un total de 107 países en el ranking. El reporte señala que nuestro país no se ha fijado una meta de cero emisiones netas de carbono ni una estrategia para su reducción en el largo plazo.
La retórica y prioridades sobre el entorno energético de nuestro país ha evidenciado enormes contradicciones y la falta de una política integral, eficiente y efectiva. Ello pone en riesgo no solo la transición energética de México hacia alternativas sustentables, sino el cumplimiento de las necesidades de consumo y utilización de energía futuras.
Muestra de ello está que, durante la presente administración, se canceló el programa de subastas de energías renovables mediante Certificados de Energías Limpias (CEL), lo que ha dejado al país sin un instrumento de política pública explícito para promover una transición energética.
La Secretaría de Energía publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2022-2036, que regirá la planeación del sector e incluye la expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica y modernización de redes de transmisión y distribución; no obstante que México se comprometió a generar el 35 por ciento de energía a partir de fuentes sustentables para 2024, el PRODESEN aplaza su cumplimiento hasta el 2031.
En la pasada COP27, realizada en Egipto, México planteó incrementar su parque de generación de energías renovables en 40 gigawatts para 2030; este anuncio muestra una más de las contradicciones y mensajes poco claros; por un lado, con solo 25 gigawatts de capacidad instalada entre centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, y por el otro, aunque existen proyectos de inversión pública y privada para la construcción de parques solares, como el de Puerto Peñasco, o modernización de plantas hidroeléctricas y eólicas, su contribución a la generación de energía no rebasará los 7 gigawatts. De dónde provendrán los más de 30 restantes continúa siendo una incógnita.
El gobierno ha postulado que la capacidad de generación instalada supera por mucho a la demanda, lo que se ha traducido en la limitación de permisos para la generación de energía por la iniciativa privada; no obstante, la escasez de energía es ya una realidad en el norte y noroeste del país ante el dinamismo de las inversiones provocado por el fenómeno del nearshoring. Además, la política energética es abiertamente favorable a los combustibles fósiles, que representaron el 65 por ciento de la capacidad instalada en 2021.
Las nuevas adiciones de capacidad de generación definidas en el PRODESEN contemplan únicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); lo que refuerza el concepto de rectoría del Estado en el sector que será insostenible ante las necesidades de crecimiento del país. A su vez, la cartera de proyectos de la CFE no contempla estrategias transversales de transición energética sostenible: la oportunidad que se está perdiendo es inconmensurable.
El T-MEC tiene el potencial de otorgar la configuración institucional para promover la cooperación de los tres países en materia de infraestructura y transmisión eléctrica, penetración del gas natural y almacenamiento de petrolíferos. La falta de certidumbre legal en el sector mexicano y la retórica contradictoria hacia la “inversión verde” han limitado el aprovechamiento de este instrumento, y ahora nos encontramos en un conflicto de intereses en materia del tratado que nos lleva a la parálisis y a posibles sanciones hacia México.
De cara al futuro, es muy probable que los países con mayores ventajas competitivas en términos comerciales sean aquellos cuyo aparato productivo y económico obedezca a los compromisos ambientales más urgentes del planeta. México no debe quedarse atrás para promover la sostenibilidad de la demanda de los consumidores, el cumplimiento de estándares internacionales en materia ambiental, y la reducción de huellas contaminantes en industrias exportadoras.
Si México continúa conduciendo su política energética entre tantas contradicciones y con necesidades apremiantes sin resolver, no solo estará imposibilitado de atender los compromisos internacionales medioambientales y transitar hacia energías más limpias, sino que pondrá en riesgo la capacidad y potencial energético y productivo de la economía en un futuro más próximo de lo que parece.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®