Por la obsesión electoral del inquilino de Palacio Nacional, la gestión de paupérrimos resultados que le fue confiada en julio de 2018 se ha transformado, para todos efectos, en una maquinaria concentrada en los comicios locales de 2023 en los estados de Coahuila y México y federales y locales de 2024, con un objetivo fundamental: alinear todos los factores para que la persona postulada por Morena y la coalición que articule obtenga el voto mayoritario en la próxima elección presidencial.

No es sólo la sucesión adelantada en virtud de los resultados para renovar la Cámara de Diputados en 2021, sino la reducción real del gobierno a ese objetivo.

Como dice el refrán popular: nadie sabe para quién trabaja. Así se da el efecto político de la marcha ciudadana del 13N. La espontaneidad de la expresión social que se galvanizó en torno a la defensa de la autonomía e independencia de las autoridades electorales ante la iniciativa presidencial de reformas constitucionales y el rechazo implícito al rumbo del país entre esa parte de nuestra sociedad, produjo la motivación de la marcha gubernamental del 27 de noviembre último.

Hay un paralelismo entre ambas expresiones de ciudadanía: una es la razón expresada y otro el objetivo de fondo. En el 13N es la defensa del INE y dos semanas después la defensa de la gestión presidencial en el contexto del informe que daría sobre cuatro años de gestión. Ya en el fondo, en la primera está la amalgama de quienes no están de acuerdo con el desempeño presidencial y articulan posturas de oposición y de rechazo al político tabasqueño y sus aspiraciones de trascender su tiempo en la presidencia; en la segunda está la exhibición de la capacidad de organización y de movilización para la cita con las urnas el primer domingo de junio de 2023 en las entidades federativas mencionadas y el primer domingo de junio de 2024 en todo el país.

Si bien en ambas está presente la ciudadanía, la diferencia entre una y otra es también apreciable: el 13N el componente esencial es la pluralidad política que resiste el planteamiento de la hegemonía gubernamental a través de la formación partidaria oficial y sus aliados; en tanto que el 27 de noviembre último el elemento esencial lo constituyen las figuras de quienes están vinculados al Ejecutivo de la Unión y administración a su cargo: personas simpatizantes, partidarias y beneficiarias. En forma natural, en un lado hay desconcentración y dispersión de las personas que tienen un objetivo político en común, y del otro hay cohesión y concentración de la contraparte.

Todo parece indicar que lo ocurrido el 13N condujo al ajuste y resolución de los tiempos en la voluntad presidencial. No se salió a marchar para ponderar los resultados de cuatro años de gestión, sino a fin de advertir la capacidad que se dispone desde el gobierno para transportar, hospedar, alimentar y exhibir el músculo. Y algo más relevante, la acreditación de que se está en la disposición de hacer cualquier cosa que estime necesaria para asegurar el resultado de los comicios presidenciales de 2024.

Hay saldos parciales, como el descarrilamiento de la propuesta presidencial para arrogarse las autoridades comiciales con los cambios constitucionales o la expresión abierta del “destapador” por la titular de la jefatura de gobierno en la capital de la República. Sin embargo, el saldo principal es adentrarse toda la Nación en el proceso electoral con una anticipación inusitada en nuestro país. Habrá que estar conscientes de que las condiciones no son de equidad y que el presidente de la República y el partido oficial no respetan el orden jurídico y van a profundizar en esa vía, presentándose para las oposiciones la tentación de transitar por ese mismo camino y que todo quede en que “a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

Es una encrucijada delicada. La pendiente de actuar al margen e incluso en contra de la ley en nuestra sociedad es peligroso porque la debilidad del Estado y inveterada ausencia de cumplimiento de las normas ha generado una conducta intuitiva de aceptación y validación de lo ilegal, incluso al grado de ponderar positivamente a quien tuvo el ingenio y capacidad de desafiar las reglas y permanecer impune.

Veamos un botón de muestra. Es evidente que se utilizaron recursos públicos para organizar, realizar y difundir la marcha del Ejecutivo Federal con motivo del intento reiterado de informar sobre las ilusiones de su gestión y no asumir autocríticamente la ausencia de resultados en su administración. Además, es evidente que en el contexto del juego sucesorio en el partido oficial hay precandidaturas y ánimo por “placear” y proyectar.

Tan hemos normalizado la ausencia de respeto a la ley sin consecuencias, que no se denuncia y promueve se deslinden responsabilidades al Ejecutivo y a centenares de servidores públicos por dos nítidas violaciones constitucionales: (i) está prohibida la aplicación de recursos públicos con ánimo de afectar la equidad en la competencia entre las formaciones partidarias, y no en tiempos de precampañas o de campañas electorales, sino en todo momento (art 134 párr. séptimo); y (ii) está prohibida la propaganda gubernamental que bajo cualquier modalidad se difunda por los poderes públicos dirigida a hacer la promoción personalizada de cualquier servidor público. En este caso el mismísimo presidente como principal activo de la cohesión de la élite gobernante (art. 134 párr. octavo).

Y en este caso habría algo más. Con el acuerdo positivo que lo sustentó, sólo está autorizada la propaganda para difundir la actividad de los servidores públicos con motivo de los informes que legalmente deben realizar de su gestión, con base en ciertos supuestos, pero el principal es la fecha en la cual la Constitución o la ley determinan la presentación del informe anual de labores. Si el informe presidencial se presenta ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de cada año, ¿puede el Ejecutivo disponer la presentación de otros a la sociedad? Sí, los que desee. Pero lo que no tiene autorizado es el uso de los medios públicos de comunicación social para realizar propaganda en torno a su persona (art. 242.5 de la LGIPE).

Es demasiado el cinismo. Sin embargo, es el resultado de la mezcla, al menos, del dominio de esos medios y de la enorme influencia alcanzada en la gran mayoría de los medios privados de comunicación, que abandonaron el rol deseable de contrapeso de carácter social; y del conocimiento de que la cultura de la legalidad es baja.

En ese contexto, resaltan las consecuencias de los hechos: la competencia electoral ya arrancó. No hay candidaturas, pero sí dos opciones claras: la oficial y la de la pluralidad ciudadana.

Una tiene el poder, liderazgo real, recursos públicos en abundancia y favorita en espera de los tiempos y luchando sin éxito posible contra la ausencia total de carisma. Bueno, ¡hasta parece tener una aspiración de ideario en el “humanismo mexicano” del discurso del 27 de noviembre!

La otra tiene el peso de la ciudadanía plural que padece una administración de improvisación y ocurrencias para una gestión destructiva y fatal, la necesidad de encontrar los métodos y tiempos para converger en la propuesta, la sujeción a recursos suficientes, pero no ilimitados y la encrucijada de determinar por qué y quién encabeza.

El Ejecutivo redobla adelantar tiempos porque se percibe en el terreno alto e inmune ante las violaciones a la ley. Para la pluralidad excluida ya no es la reforma electoral, sino asumir con disciplina y método que la elección ya empezó.