En el mundo de la propaganda del inquilino de Palacio Nacional parece haber un solo objetivo: imperar sobre cualquiera y aparecer así para la narrativa pública. La propuesta excluyente implica buscar el alineamiento de toda expresión a la voluntad propia, pero sin considerar algún entendimiento o la articulación de algún acuerdo. No, se trata de sustraer de valor y de significado político a los otros. Ninguna idea, ninguna propuesta, ninguna opción puede ser atendible o resultar válida. Sólo el pensamiento del mandatario ejecutivo federal puede guiar políticamente a la Nación.

Es, desde luego, una dirección “infalible”. Si el resultado no se alcanza, si el objetivo no cristaliza por razones enraizadas en el ánimo de plegar a los demás al deseo adelantado, los hechos han de desdeñarse con la acción inmediata para que la propaganda retome su papel. La actuación presidencial ante la ausencia de mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la aprobación de su iniciativa de reformas constitucionales electorales no es reveladora, pero sí confirma la derivación autoritaria del ejercicio del cargo.

Había dos precedentes legislativos en el escenario, la reforma a la Ley Minera en materia de aprovechamiento del litio a fin de paliar la ausencia de mayoría calificada en San Lázaro para la reforma constitucional sobre el sector energético y particularmente la electricidad; y las reformas para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la fuerza pública adscrita al Ejército bajo ese capelo “administrativo”, que no convencieron a las oposiciones, aunque con el logro de fracturarlas para extender el plazo durante el cual la persona titular de la presidencia de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Dos propósitos no alcanzados en la intención constitucional, resueltos con reformas a la legislación secundaria. Es propaganda; hay obstáculos de los adversarios del líder que busca la transformación del país, pero son vencidos por quien promete soluciones y las concreta en la narrativa: el litio es de la Nación, cuando ya lo era, y la seguridad pública sólo puede estar a cargo del Ejército para impedir la corrupción (ya veremos que no será así) y lograr la sujeción de la delincuencia de todo tipo a la ley, particularmente la que establece dominio territorial para conformar espacios de salvaguarda a la comisión de delitos (lo cual no ocurre).

Vino el tercero: las reformas constitucionales electorales para reconformar competencias, órganos, forma de elegirlos y sus atribuciones; modificar el número y forma de integración del Congreso, las Legislaturas locales, los Ayuntamientos en los estados y las Alcaldías en la Ciudad de México, y reducir las prerrogativas del financiamiento público y los tiempos de radio y televisión para los partidos.

Es tal el dominio que ejerce el Ejecutivo sobre la mayoría oficial en la Cámara de Diputados que -dándose cuenta del fracaso que vendría en la pretensión constitucional-, escondió la derrota con la aprobación legislativa inmediata de reformas a la legislación secundaria. Véase la secuencia de acciones y la contradicción del Diputado Ignacio Mier, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, para quedar bien con el presidente de la República: todo estaba listo para el debate constitucional el 30 de noviembre, pero decidió posponerlo al 6 de diciembre actual porque le pidieron tiempo para estudiar un dictamen de 900 cuartillas, pero el día que no se alcanzó la votación necesaria se recibe la iniciativa presidencial y en unas horas de la noche y la madrugada se aprueban una nueva ley y reformas a otras cinco con una extensión de casi 300 cuartillas. Quizás alguien pudo leerlas pero no estudiarlas a fondo.

La realidad es que se ganaba tiempo para la elaboración del llamado Plan B desde el púlpito presidencial. Fue el ánimo por controlar la narrativa en el momento. Aprobada la minuta de reformas legales en San Lázaro dejó de tener relevancia política y mediática la no aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales.

No importa el desaseo y que poco se entienda lo que está pasando o lo que se aprobó; lo que importa es la narrativa gubernamental. Desaseo doble: en el diálogo con las oposiciones y en el proceso legislativo. Esto último es sintomático; se reciben las dos iniciativas presidenciales y se turnan a su dictamen por las comisiones competentes y no hay opción normativa para regresarlas al Pleno cuando se hizo urgente votarlas y remitirlas al Senado, así que el ingenio humano para darle vuelta a la norma y a la honestidad intelectual no tiene sino una prueba menor. El resultado es que miembros de la bancada oficial retomen los textos presidenciales, los hagan propios, establezcan algunas diferencias y presenten dos nuevas iniciativas para discutirlas y votarlas de inmediato con la dispensa del turno a las comisiones.

La otra ausencia de formas es más reveladora del fondo que existe en las relaciones políticas entre el gobierno y su mayoría con las oposiciones. Si bien en las modificaciones constitucionales deseadas no hubo diálogo ni la intención de encontrar posibles coincidencias y entendimientos, al menos en aras de lograr la mayoría calificada, pues no hay que haber vivido mucho para saber que en las propuestas para la legislación secundaria tampoco -o con mayor razón- habría diálogo o el intento de buscar la legitimación de las oposiciones para las modificaciones o, al menos, algunas de ellas.

¿Cuál es la lectura? En la Cámara de Diputados la mayoría no toma ni el más mínimo espacio para impulsar una convivencia democrática real con las minorías. Es decir, la mayoría tiene los votos y puede imponer la agenda, los tiempos y los contenidos. No hay reconocimiento a la representatividad de la ciudadanía que votó por las minorías opositoras. Esto siempre es grave en un país eminentemente plural, pero es más severo por tratarse de normas para regular el acceso a los cargos de elección popular.

Veamos un ejemplo de lo que ilustra la actitud y el sentido que desea darle la mayoría: la confrontación. En las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados hay previsiones para reconocer y proteger los derechos de las personas de grupos vulnerables en el ámbito de la participación política o cómo salvaguardar postulaciones para personas de comunidades indígenas, afromexicanas o migrantes. No parece difícil encontrar las coincidencias, pero el propósito es no buscarlas y chocar. México dividido en dos para todo asunto, el que impone el presidente y el que se le opone.

Y en la oposición hay pluralidad o, más claro, partes. Es la fórmula más antigua para ir a los comicios: mantener una base unida y propiciar una oposición dividida.

No habrá demasiado tiempo para que el proceso legislativo permita el estudio y el debate en el Senado. El desaseo en la Cámara de Diputados no se remedia con un fin de semana para cubrir la fase de la cámara revisora. Los planteamientos para la reestructuración administrativa del INE, la afectación al Servicio Profesional Electoral y su función para la buena organización y desarrollo de los comicios, la revisión y reducción de los medios de impugnación electorales, las modificaciones para ampliar los márgenes de la propaganda gubernamental en períodos de campaña y la supresión de las sanciones electorales por violaciones a la ley y que todo quede en multas, sólo revelan que reformas de esta naturaleza deben contemplarse en sus efectos integrales. El interés de la mayoría es claro: ajustar las reglas a su conveniencia pero con la máscara del reconocimiento de derechos para estirar la propaganda.

No había Plan A ni Plan B. Sólo hay uno: imponer la voluntad propia con barniz de legalidad para confrontar y mantener dividida a la sociedad.