México está en el lugar 115 de 140 en el Rule of Law Index del World Justice Project (WJP), mismo que evalúa el Estado de derecho de la mayoría de las naciones del mundo. En la primera edición del Índice, en 2015, nuestro país estaba en el lugar 79; con el paso de los años, nos hemos desplomado al lugar 88, 92, 99, 104 y 113, para culminar este 2022 con una pérdida total de 27 lugares.
En adición a lo preocupante del deterioro en este tema, los efectos económicos que ello genera son muy altos. Los rubros peor calificados de México fueron la ausencia de corrupción, acceso justo y expedito a la justicia, transparencia, rendición de cuentas y condiciones de seguridad para personas y empresas. La coyuntura actual implica un frágil equilibrio del Estado de derecho en nuestro país que, de trastornarse, afectaría el bienestar de la población, la atracción de inversiones y la certidumbre de las empresas para operar.
México se encuentra en una encrucijada relevante. Los últimos resultados macroeconómicos exhiben fortalezas como las remesas, las exportaciones o el tipo de cambio, así como debilidades en la espiral ascendente del nivel de precios y la tasa de interés. Además, se vislumbran amenazas en el futuro por las controversias en el marco del T-MEC, perspectivas de crecimiento nacional y mundial regulares e incertidumbre por los precios del petróleo.
El Estado de derecho está íntimamente ligado con la bonanza económica de un país, de acuerdo con la evidencia empírica y teórica. El mismo ranking de WJP señala que México descendió al lugar 39 de 42 países con ingresos intermedios-altos: es decir, corremos el riesgo de caer al peldaño inferior de ingresos intermedios-bajos, donde están países como Senegal, Nepal, Belice o Ucrania.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, el costo total de la inseguridad y el delito, en términos de prevención y pérdidas por victimización, fue de 278 mil millones de pesos, equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para tener contexto de dimensión, este dato significa el presupuesto conjunto de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores que en conjunto tiene 250 mil millones de pesos para 2023.
En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021 se estimó un costo de los actos de corrupción de 9.5 mil millones de pesos, casi 3 veces el presupuesto de 2023 de la entidad encargada de dirigir las negociaciones y controversias del T-MEC, la Secretaría de Economía. Así, la corrupción nos cuesta 3,044 pesos a cada mexicano.
La discrecionalidad gubernamental también ha tenido efectos importantes sobre la economía mexicana. Según el premiado artículo de investigación “Costos económicos y distributivos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, la actividad económica en México es entre 5.5 por ciento y 10 por ciento menor a que si no se hubiera tomado la decisión de detener la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
En el mismo sentido, la reforma electoral (y sus planes B y C) pretende suavizar las sanciones a quienes infrinjan leyes de fiscalización durante precampañas y campañas electorales, aumentar la posibilidad de que partidos pequeños conserven su registro y que los recursos remanentes de cada partido en cada elección puedan ser utilizados en las siguientes.
Lo anterior bajo la bandera de compactar y simplificar la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, se plantea una reducción de 3.5 mil millones de pesos; el INE representa un gasto del 0.29 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la reforma implicaría reducirlo solamente a 0.25 por ciento.
Las controversias comerciales y la inseguridad que no cede ponen en riesgo el delicado equilibrio del Estado de Derecho en México, obstaculizando aún más el sinuoso camino que se avecina en materia económica y comprometiendo un crecimiento económico sostenido muy necesario.
Este es un tema que requiere seguirse señalando, denunciando y alertando, pero lo más importante es impulsar acciones decididas de corrección. Las implicaciones de un Estado de Derecho de mala calidad sobre la economía no deben normalizarse ni pensarse como parte de nuestra naturaleza: México tiene una oportunidad inmejorable para potenciar su desarrollo económico.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®