El triste episodio protagonizado por la ministra Yasmín Esquivel Mosa, es una muestra más del grave problema ético que como país nos aqueja y nos lacera. Más allá del desdén institucional y de las graves afrentas que el plagio de la tesis de licenciatura representa cuando menos en tres ejes, es una muestra sintomática de lo fácil que es perdernos en los debates de lo absurdo y la nula responsabilidad que existe entre las más altas esferas del poder. Sobra describir y especular sobre las consecuencias derivadas del presunto plagio de la tesis, y mucho se ha dicho y escrito al respecto,  pero lo cierto es que todo se “resolvería” si la ministra renunciara, o cuando menos lo hiciera en su pretensión de contender por la presidencia del máximo tribunal del país, en atención a que más allá de si se trató de un plagio de la tesis de licenciatura, o de  la compra de un trabajo de tesis para poder obtener el derecho a examen, o de un viaje en el tiempo, cuando menos su prestigio, honorabilidad y demás están siendo cuestionados. Y ello trae aparejado un enorme daño para la SCJN, para la UNAM y para la democracia mexicana. Y pone en jaque el equilibrio de poderes. Dicho de otra manera, el affaire Esquivel le hace daño a la SCJN, a la máxima casa de estudios, a la 4T y le hace daño al país.

He escuchado y leído un poco de todo. Se habla de presunción de inocencia y de pruebas, de fines políticos y de oportunismo, incluso se ha pretendido perversamente usar el argumento de género. Algunas de las y los abogados penalistas más prestigiados incluso han señalado que si se trata de delito de plagio, el delito estaría prescrito por el solo transcurso del tiempo. En mi opinión, sin embargo, el punto no es si la ministra Esquivel cometió o no un delito, el tema es si puede ostentar el título de licenciada en derecho una persona que plagió o compró su trabajo de tesis de licenciatura. Y considero que esto es fundamental, pues si el requisito para sustentar el examen profesional y obtener el título de licenciada en derecho es precisamente el de presentar una tesis profesional y resulta que esa tesis es plagiada, entonces es claro que el derecho a sustentar el examen se obtuvo mediante un fraude a la institución de educación superior de mérito (en el caso la Facultad de Estudios Superiores Aragón -FES Aragón o FES-) y eso debería cuando menos ser motivo de la perdida de los derechos que se obtuvieron derivados de haber sustentado el examen profesional, a saber: el título profesional, la cédula, los cargos y en última instancia haber sido designada ministra de la SCJN. La propia ministra Esquivel reconoce que todo se mide según el ojo con que se mira, en el caso, el propio. Y así lo ha demostrado con su lamentable y tardía respuesta al reportaje de plagio que como una bomba estalló previo a la Nochebuena de este 2022 y de cara al 2 de enero de 2023, fecha en que se elegirá a la próxima persona que presidiría la SCJN. La contienda hacia la presidencia de la SCJN se percibía de suyo muy compleja y reñida antes de este escándalo, no solo por los asuntos que está llamada a resolver la propia Corte, ni por su papel equilibrador; sino por el momento mismo que se vive en México, de cara al 2024. Personalmente, vería con tristeza que la Ministra persistiera en su intento por presidir la SCJN, y peor aún que algún ministro o ministra votara por ella para presidir el Tribunal Constitucional de nuestro País. Estamos frente a un escándalo sin precedentes. Un escándalo que no puede pasar sin más al olvido. Un escándalo que nos obliga a replantearnos cuando menos el mecanismo de nombramiento de Ministros y Ministras de la SCJN y del como se analizan los requisitos constitucionales para acceder al cargo.

En días recientes incluso tuvimos conocimiento de una denuncia por responsabilidad administrativa ante la SCJN, para que se pronuncien respecto al caso de la Ministra Esquivel. Lamentablemente, me parece que esta queja es improcedente para resolver el tema del presunto plagio de la tesis de la Ministra Esquivel. Lo anterior pues este procedimiento se encuentra previsto para que la SCJN sancione administrativamente a su propio personal, pero no es aplicable a las y los ministros de la SCJN, lo anterior pues ellos se pueden sancionar entre ellos. De tal suerte que, la vía para sancionar administrativamente a un ministro o ministra de la SCJN es el juicio político. Esto es, el Consejo de la Judicatura Federal sanciona administrativamente a jueces y magistrados y a su personal, pero no al personal de la Corte, pues la SCJN es quien en su caso sanciona a su propio personal. Para sancionar penalmente a un un Ministro o Ministra de la SCJN, se requiere una declaración de procedencia. Para sancionar administrativamente a un ministro se requiere un juicio político. Los ministros tienen fuero. El ministro Presidente no puede sancionar ni desconocer a sus pares. Esto quiere decir que a las y los ministros de la SCJN los sanciona el Congreso de la Unión, mediante juicio político. El grave problema es que tanto el juicio político como la declaración de procedencia actualmente se encuentra bloqueadas como vías, pues ambas están a cargo del Congreso cuya mayoría se encuentra en manos de la autodenominada 4T. Por ello, verdaderamente el único camino posible es el de la renuncia. Lo triste, es que la Ministra Esquivel ya dijo que no lo hará.

Al respecto, la FES Aragón hizo un llamado para que el 29 de diciembre, la ministra Yasmín Esquivel, su asesora y el jurado que estuvo en su examen profesional se presenten a declarar en torno al caso del presunto plagio de su tesis. Así que toca esperar. Al parecer la responsabilidad principal puede ser imputada a la asesora de tesis, quien al parecer es el nexo entre quienes en 1986 eran estudiantes, a saber, la Ministra Esquivel y el presunto plagiado. En la FES Aragón estuvieron llamados a declarar todos, y con independencia de lo que se resuelva, en todo caso ¡Qué vergüenza!

Adicionalmente, y tal vez como corolario a lo antes expuesto, contrario a lo que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se trata de un error de juventud, es un acto de corrupción, por no decir un delito. Es un tema de cultura ética y legalidad. Como sociedad estamos obligados a reflexionar si verdaderamente la corrupción es una nota característica de la mexicaneidad o es algo que podemos erradicar. Igualmente me parece indispensable destacar la pobreza de los personajes de la oposición política que pretenden montarse en el lamentable hecho del presunto plagio para ocultar sus propias omisiones. Los tiempos me parecen clarísimos, la contienda por la presidencia de la SCJN está a todo lo que da. La propia oposición lo hizo tema de AMLO, como si a AMLO le costara trabajo hacer todo sobre él; sin embargo, lo cierto es que el senado revisó la terna, y se supone que revisaron todo. Se supone que el procedimiento de designación de ministros es un procedimiento acucioso. De verdad el senado ¿no vio nada? O más bien no revisó nada. Y como consecuencia hoy tenemos (cuando menos de manera presuntiva) a una pasante de derecho como aspirante a presidir la SCJN. ¡La desvergüenza! A las y los ciudadanos nos toca esperar los veredictos cuando menos en los diversos procesos que ya se han iniciado o que se deben iniciar, esto es: el proceso ante la UNAM, el proceso ante la SEP, el o los procesos penales instaurados en su contra o iniciados por ella misma; y el o los procesos administrativos o de responsabilidad. Se trata de hacer frente de una vez por todas al enorme problema de ética y legalidad que el caso nos plantea. En México es hora ya de dejar de normalizar (y justificar) la ilegalidad y de empezar a normalizar cuando menos la honestidad intelectual.