Sandra Luz Valdovinos cumplió un año al frente de la Fiscalía General del Guerrero el 28 de diciembre. Durante ese periodo de gestación las cosas dentro y fuera de esas oficinas han sido algo más que difíciles. La violencia en la entidad continúa creciendo y los resultados de la dependencia resultan magros.
En el último mes del 2022 se registraron 77 asesinatos en el estado en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, pero a lo largo del año suman mil 97 ejecutados a balazos en la entidad, 44 casos menos que en el año pasado cuando hubo mil 141 homicidios, lo que representa una disminución de 4.01 por ciento.
En la gran mayoría de los casos solo hay el levantamiento de carpetas de averiguación previa sin alcanzar resultados. Al igual que en el pasado la FGE funciona como una oficialía de partes.
No solo se trata del actuar del crimen organizado que rebasa a las instituciones en general sino también de conflictos generados al interior del organismo procurador de justicia y con el gabinete de gobierno estatal, dando lugar a especulaciones sobre la permanencia de Valdovinos Salmerón en la FGE.
Cuando Evelyn Salgado Pineda asumió la gubernatura de Guerrero, luego de una serie de saltos y hundimientos sobre el terreno político y electoral, se presentó un dilema de la titularidad en la Fiscalía General del Estado. Todo apuntaba hacia Ludwig Marcial Reynoso Núñez, pues este goza de la simpatía del poderoso senador Salgado Macedonio, (principal asesor y padre de la Gobernadora).
Pero Salgado Pineda solicitó a la Presidencia de la República la propuesta de un candidato(a) para que el Congreso del Estado le tome protesta; es así como Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Teniente Coronel de Justicia Militar, Maestra en Derecho Constitucional y oriunda de la Costa Grande de Guerrero, de Zihuatanejo para ser exactos, rindió protesta como la primer Fiscal mujer de Guerrero.
La Fiscal General es de procedencia militar y tanto ella como el cuadro de vice/fiscales, Fiscales Regionales y una docena de Directores vienen del mismo universo y ello afectó (¡y afecta!) los intereses tenebrosos de grupos de poder, grupos incluso incrustados en esferas de los tres poderes del estado, particularmente del crimen organizado.
Pero también suscitó reacciones negativas entre diversos defensores de derechos humanos, activistas y luchadores sociales quienes consideraron un riesgo el que vez más militares ocupen puestos en gobierno civiles.
Ello sirvió para que Micaela Cabañas Ayala, hija del líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, expresara: “Yo he sido víctima de los militares, yo acuso al Ejército de haber asesinado cruelmente a mi padre (…) se me enchina la piel nada más de saber”.
Durante los primeros meses del 2022 algunos trabajadores de la FGE realizaron actos de protesta y denunciaron el abuso de poder y hostigamiento laboral por parte de la nueva fiscal.
El 5 de octubre se registró un asesinato en masa en el municipio mexicano de San Miguel Totolapan, Guerrero, en el cual fallecieron 20 personas, incluido Conrado Mendoza Almeida, presidente municipal de la localidad, en una serie de tiroteos coordinados y atribuidos al grupo criminal “Los Tequileros”, asociado al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Días más tarde trascendió que José Alfredo Hurtado, “El Fresa”, presunto líder de La Familia Michoacana, habría perpetrado junto con Johnny ‘N’, alias “El Pez”, la masacre en San Miguel Totolapan.
Johnny, alias “El Pez”, ya eran parte de los objetivos prioritarios del Gobierno anterior, dirigido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). Nunca los detuvieron y aún permanecen libres.
Las acciones de la FGE fueron abrir el 18 de octubre la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Auxiliar e Integral, con sede en San Miguel Totolapan, Guerrero, adscrita a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ubicada en Arcelia, región Tierra Caliente de la entidad además se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) pero ello no ha mejorado el clima de zozobra en el municipio. La FGE asegura que ya tiene cercado a “El fresa” y a su hermano.
El último trimestre del 2022 estuvo marcado por una violencia intensa con el signo del crimen organizado. El 9 de diciembre Diana Carolina Costilla Villanueva, presidente municipal de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) por el PRI, sufrió un atentado del cual resultó con golpes leves, y dos policías municipales fueron heridos de bala tras un atentado armado en la curva de La Virgen, a 10 minutos en auto de la cabecera municipal.
Al día siguiente trascendió que hombres armados presuntos miembros del grupo delictivo “La Familia Michoacana” entraron a la comunidad El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán y asesinaron a siete pobladores, entre ellos a un menor de 15 años, y un joven quedó herido de gravedad.
El 11 de diciembre un grupo de 80 hombres armados liberó a Samuel N, alias El Vago, de la cárcel de Coyuca de Catalán. El presunto secuestrador había llegado allí el día anterior. Después fue hallado en el crucero de Poliutla, municipio de Tlapehuala, en el entronque conduce a San Miguel Totolapan, asesinado a balazos y con una cartulina que lo vinculaba al grupo criminal “Los Tequileros” y en la cual se leía: “Aquí está quien es su pesadilla, este es el famoso Vago, a quien saqué de la cárcel de Coyuca de Catalán”. Firma Borrego, cuyo nombre real es José Manuel Cuevas Arias.
Todavía en los años de Felipe Calderón, en 2010, la extinta Policía Federal, anunció su detención en Guanajuato, donde al parecer comandaba las actividades criminales del grupo delictivo. En todos los casos las investigaciones continúan y el tiempo encubre la falta de resultados.