En recuerdo de José Luis Lamadrid Sauza*,

quien habría cumplido 92 años este 22 de febrero

Ha concluido la fase legislativa de la propuesta presidencial para la regresión en el sistema de libertades y derechos políticos a favor del acceso democrático al ejercicio del poder público en el Estado mexicano. Finalmente, con una violación última al proceso legislativo, la mayoría oficial en el Senado y sus aliados culminaron la deliberación entre las Cámaras de las modificaciones a las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, así como a la ley que organiza al Poder Judicial de la Federación, y la emisión de una nueva ley general sobre los medios de impugnación en materia electoral.

Resta la promulgación y publicación por el Ejecutivo Federal para que las normas inicien su aplicación y se traslade a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la batalla entre las pretensiones de control político de las instituciones electorales del gobierno en turno, y el imperio de las normas constitucionales para garantizar la celebración de elecciones libres, justas y competidas en condiciones de equidad.

Ante la ausencia total de diálogo entre el partido en el gobierno y mayoría en las Cámaras con sus aliados, y las expresiones de la pluralidad política excluida para encontrar juntos el piso de la legitimidad compartida sobre las normas, los procedimientos y las instituciones rectoras de la transformación de la voluntad popular en responsabilidades públicas, la polarización de nuestra sociedad se encamina a un punto definitorio en este tiempo de voluntad uniformadora desde Palacio Nacional: control de la sociedad por el gobierno o libertades ciudadanas.

Es vuelta a lo mismo, pero en condiciones más graves. ¿El gobierno electo democráticamente puede arrogarse la representación total y única de la sociedad? ¿El resultado de los comicios para definir la titularidad del poder ejecutivo y conformar una mayoría en las Cámaras cancela la representatividad de las minorías y autoriza a ignorarlas? ¿El mandato para conducir a la Nación desde el gobierno y las mayorías en las cámaras incluye la libre disposición en toda cuestión y, sobre todo, en los asuntos que implican el fundamento mismo de la convivencia social al interior del Estado en el cual surgen y actúan?

Es una historia corta, aunque dura y reveladora: (i) la voluntad presidencial por capturar todo espacio de acción pública autónoma o independiente del Ejecutivo para concentrar poder por cualquier medio; (ii) la existencia de garantías institucionales para prevenir y, en su caso, resolver el retorno a la definición de una sola persona de los asuntos que histórica y paulatinamente se extrajeron de las facultades del Ejecutivo de la Unión; (iii) la iniciativa presidencial para modificar constitucionalmente el sistema electoral, el sistema de partidos y la forma de integrar las cámaras federales y los congresos locales, que fue rechazada por las oposiciones en la Cámara de Diputados; y (iv) la propuesta del resentimiento o llamado Plan B para afectar las atribuciones y la estructura de las instituciones electorales, al grado de poner en riesgo la organización eficaz de los comicios y la resolución de las controversias que surjan de su aplicación.

Si en otras materias la destrucción de las instituciones con autonomía del poder ejecutivo pudiera no ser evidente o de inmediata apreciación para las personas ciudadanas, como en los ramos de las telecomunicaciones, la competencia económica o la información pública, eso es muy distinto en el campo electoral. Aunque toda persona se beneficia del principio de la competencia entre los agentes económicos o de la transparencia en la gestión gubernamental, puede no apreciarse a primera vista o no despertar interés hasta que un asunto llega a todos, como el eventual impacto de prácticas monopólicas en la telefonía celular.

Ello ocurre de manera diferente al arribar a los derechos políticos relacionados con el voto. La razón más evidente es el pasado relativamente reciente: cuando el gobierno organizaba las elecciones se confiaba al poder y a su propio “criterio” el cauce para el ejercicio del sufragio. ¿Si se controlaba el registro de electores, el registro de candidaturas, la designación de quienes actuarán en la recepción y cómputo de los votos y las eventuales y precarias instancias para resolver las controversias sobre la actuación de la autoridad electoral o de los contendientes, acaso habría confianza en que se tendría un desempeño imparcial?

Sólo recuerdo que de ahí venimos como Nación. En un espacio de medio siglo se abrió y concretó una transformación formidable para atender un grave pendiente de los postulados de la Revolución de 1910: el sufragio libre del poder público y la celebración de elecciones auténticas. Si se reduce a tres momentos estelares, son el de 1977 y el reconocimiento adecuado de la pluralidad política por el partido hegemónico; el combinado de 1990 y 1994 para dar autonomía a la autoridad electoral y sujetar los comicios al fallo de un tribunal con plena independencia, y el de 1996 para que la equidad en la competencia y los derechos políticos de las personas ciudadanas fueran exigibles administrativa y judicialmente.

Ese cambio estructural y sustantivo del sistema político mexicano -la conocida como transición democrática y que es la verdadera cuarta transformación del Estado mexicano- es lo que se encuentra bajo amenaza con la reforma a las leyes electorales que impulsa y piensa aplicar el régimen del resentimiento a lo diverso, a lo diferente, y sobre todo a la crítica de la legitimidad de origen fracasada en el ejercicio del cargo y en el resultado dañino de una gestión presidida por la impreparación, la incapacidad, la improvisación y la ilusión.

En la transición democrática y el acceso de la ciudadanía el ejercicio pleno de la libertad para sufragar por los efectos incontrastables de esa expresión, emergió la conciencia sobre un derecho postergado o relegado: votar cuenta; votar define; votar transforma la relación entre la ciudadanía y los servidores públicos y su tránsito temporal y finito en los cargos. En ese tránsito, la ciudadanía que se renueva cotidianamente por la dinámica poblacional y social ha enfrentado distintos momentos. Algunas veces -podríamos decirlo- incluso ha votado en defensa propia ante el oprobio gubernamental. Con base en las propuestas y al calor de la competencia y el atractivo de las candidaturas ha decidido que la expresión tenga el significado de afirmarse, de defenderse del poder. ¡Y que mejor!

Hoy los tiempos de polarización inducida desde Palacio Nacional, que marcan procesos graves de acumulación de poder con notorias tendencias autoritarias y el férreo control de los aparatos de comunicación política -salvo honrosas excepciones- para que impere la propaganda gubernamental en su peor acepción, y de destrucción de las instituciones garantes de la libertad de sufragio y sus efectos para definir a quién y porqué se le confían potestades públicas, generan la indiscutible necesidad de que la ciudadanía refrende su anticipo en la defensa de las libertades democráticas.

La marcha del 13 de noviembre de 2022 en la capital de la República y en decenas de ciudades de nuestro país y del extranjero constituyó una vigorosa expresión que, por encima de la crisis de los partidos políticos, exigió al Congreso rechazar la entrega de sus derechos políticos al gobierno. Todos escucharon, menos el gobierno, su partido y sus aliados. Han dejado en claro que no desean convivir democráticamente y que prefieren escindir a la Nación.

En la ruta azarosa por construir ciudadanía hay prueba de su existencia en el terreno de los derechos políticos. No se consolidará si el poder le sustrae el derecho a decidir en libertad y en la pluralidad. Ese es un riesgo mayor de la regresiva reforma electoral de Morena. Por eso, la ciudadanía libre y activa habrá de concentrarse este domingo 26 de febrero en el Zócalo capitalino y en decenas de ciudades para demandar a la Corte que la lealtad a los valores y principios democráticos inscritos en la Constitución es el mejor freno a la confrontación entre compatriotas.

* Indiscutible energía humana que contribuyó al buen éxito de los tres momentos estelares de la transición democrática.