Si aceptamos que México es plural y que esa pluralidad se expresa en forma indiscutible y frecuentemente vigorosa en la política, el tiempo de la polarización excluyente que impulsa el inquilino de Palacio Nacional entroniza el rechazo a los entendimientos y los acuerdos para adoptar decisiones que cuenten con la legitimación de quienes piensan distinto y sustentan esas determinaciones desde la diversidad.
Es, en esencia, el desprecio a la práctica de la convivencia democrática entre opciones que aspiran a ejercer las responsabilidades públicas que les han sido conferidas con base en el respaldo popular a sus ideas, propuestas y candidaturas. Es resistir el paso de la legitimidad de origen definida por el sufragio de la ciudadanía a la legitimidad del desempeño construida con base en el reconocimiento de la representatividad de quien piensa distinto y propone algo diferente, pero dentro del cauce constitucional.
Es cierto que el deseo de complacer a todos o el propósito de alcanzar el consenso en toda determinación política y de gobierno puede conducir a la sujeción del mandato recibido mayoritariamente -por ejemplo- del poder ejecutivo a la anuencia del contrapeso de la minoría: legitimidad de origen o legitimidad del desempeño a la luz de dos desdoblamientos de la práctica de la democracia: el voto y su efecto o el acuerdo y su significado.
En un extremo la propuesta política abanderada por candidaturas y la búsqueda del mandato; en el otro las funciones que desempeñar y las facultades que ejercer. En el diseño de la gestión en marcha y su ejecución anclada en una estrategia de propaganda gubernamental con controles e influencias definitivas hasta ahora en los aparatos de comunicación política públicos y privados, la polarización excluyente y la confrontación que descalifica es la prueba de la prolongación sine die del momento de la legitimidad de origen sin ánimo de construir la legitimidad del desempeño.
El Ejecutivo en campaña permanente prolongando la fase de la definición ciudadana al momento del cumplimiento de las funciones. La épica de ir por el mandato en contraposición con la responsabilidad de cumplir lo ofrecido y dar resultados. Claro que todo depositario de poder público está implícitamente en una “campaña” sin fecha de término para refrendar y acrecentar el respaldo al mandato; sin embargo, ¿cuál es el punto de equilibrio o el balance razonable?
Hay distintos referentes para estimar que la cuestión debe apreciarse con la óptica de la función (ya en el cargo) y no con la perspectiva de la candidatura, porque ha entrado en operación el principio de los contrapesos en la desempeño de los órganos previstos para actuar. Aún con la mayor legitimidad de origen, la autocracia no es una categoría democrática; es una de sus antítesis.
Por la experiencia del ejercicio fallido de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados (2009-2012) para culminar el proceso de designación de tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral -entonces con nueve asientos-, la reforma política-electoral de 2014 incorporó al artículo 41 constitucional un procedimiento para tratar de asegurar que la falta de acuerdos para votar por mayoría de dos tercios a las personas que asumirían la función no impidiera la adecuada conformación del órgano.
Ese antecedente explica la norma vigente, cuyo hilo conductor es propiciar la elección por el acuerdo más amplio posible de las fuerzas político-partidistas representadas en la Cámara de Diputados para que la autoridad responsable de la organización y desarrollo de los comicios cuente con esa legitimidad de origen: la confianza de quienes aspiran al poder en las personas encargadas de aplicar las normas de acceso al poder público.
Las fases del trayecto son claras: convocatoria pública; un Comité Técnico de Evaluación (CTE) de siete integrantes (dos designados por la CNDH, dos por el INAI y tres por la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara) para determinar el cumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes y seleccionar a los mejores perfiles en razón de cinco por cada vacante; y un ejercicio de construcción de acuerdos en la JCP para enviar al Pleno camaral las propuestas de designaciones.
Destacan tres componentes: respeto a las personas que aspiran a servir en esos cargos, evaluación de perfiles por un órgano con mandato técnico y espacio para el ejercicio político de la función de elegir. ¿Qué aparece? Un proceso público que la ciudadanía puede ponderar y reconocer. Es la posibilidad de la validación colectiva más amplia al cumplimiento de una función. Es la consideración de la sociedad que premia a quienes la cumplen y que da tranquilidad por la confianza que emana del acuerdo de la pluralidad.
Y están los componentes del “castigo o sanción” de la sociedad al proceso, si éste no culmina con los acuerdos para las votaciones calificadas, sino con la opción sucedánea: si la JCP no logra votar la propuesta de las personas a elegir en el tiempo que su propia convocatoria previó para ello, deberá sesionar el Pleno para insacular a quien de cada grupo de cinco personas asumirá el cargo; y si tampoco hubiera capacidad para celebrar la sesión correspondiente, que el Pleno de la Suprema Corte realice la insaculación con base en cada una de las listas definidas por el CTE.
Un sistema dual de premio al acuerdo y castigo a la imposibilidad de alcanzarlo, para asegurar el objetivo de integrar a cabalidad y en tiempo el órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral (INE).
A la luz del proceso político normado constitucionalmente, que tutela el valor del pluralismo político en la conformación del Consejo General del INE, llama la atención la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la reciente reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en el sentido de que para la elección de cuatro integrantes de dicho Consejo “no supliquen la construcción de una mayoría artificial constitucional” y de que no habrá consenso porque implica cuotas.
Es el lenguaje de la polarización que rechaza el pluralismo y la convivencia democrática. También es una curiosa muestra de transparencia que somete a las y los diputados de Morena, pues como dijo una experimentada y aguda política en otro momento: si se dan instrucciones en público a una bancada, no tiene piso para platicar con otras y construir acuerdos.
Sin embargo, la declaración lleva las reflexiones a otra arena temida. Si se desprecia el eventual reconocimiento social al acuerdo plural y no se teme a la sanción pública de llegar a la insaculación en la Cámara debe ser por la confianza que emana de la suerte marcada: desfondar el proceso y la última consecuencia del alea mediante el control de la integración de los cuatro grupos de cinco personas. Desde luego, esta especulación descansa en la posibilidad de contar con mayoría operativa capaz en el CTE.
Ese escenario es factible por la captura de la CNDH al servicio del gobierno y de Morena y por la mayoría de ese partido y sus aliados al ejercer el voto ponderado en la JCP para designar a las personas integrantes del Comité que le corresponden; se tendrían -al menos- cuatro de siete. Claro que faltan las personas aspirantes y su desempeño, pero es posible, o debo escribir probable, que las listas que se aprueben por mayoría en el CTE resulten integradas por personas fungibles para el partido oficial.
No importa la construcción de acuerdos en favor de las personas más competentes que despierten confianza en todas las fuerzas políticas por su imparcialidad e integridad, sino el tejido para que quienes no serían aprobados por la mayoría morenista no formen parte de las listas. Hay un grave riesgo de jugar con las cartas marcadas, cuando desde la dependencia a cargo de la política interior la posición es renunciar a la política, rechazar el diálogo y anunciar que no habrá acuerdos.
Es previsible que esta forma de actuar del gobierno evite que personas con capacidades y cualidades para esos cargos se abstengan de participar. No verán garantías para una decisión con verdadero sustento técnico y político. Sin embargo, nadie muere en la víspera. Ante la negativa de hacer política, la vigilancia ciudadana del proceso y un observatorio sobre el CTE y la calificación de los perfiles que se inscriban puede ayudar a poner en claro si hay o no charada.
La renuncia a hacer política y la renuncia a la legitimidad del desempeño en la elección de las vacantes en el CGINE es un renovado mal presagio para nuestra democracia.