Transcurrió una semana desde que se llevó a cabo la ceremonia en conmemoración del 106 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir el aniversario de nuestra muy parchada, reformada y tantas veces violentada Constitución de 1917.

Aparentemente quedaron atrás los absurdos e improcedentes dimes y diretes sobre la supuesta falta al protocolo cometida por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no ponerse de pie (como si fuera una obligación) cuando ingresó e Presidente, aunque si lo hizo durante los honores a la bandera; y poco o nada se dijo de lo que verdaderamente debía haber llamado nuestra atención en la Ceremonia celebrada el domingo 5 de febrero en el Teatro de la República en la Ciudad de Querétaro; esto es, la presencia de las Fuerzas Armadas en la ceremonia protocolaria, y al centro de la mesa.

¡Las Fuerzas Armadas no representan un poder de la unión, no representan un poder que merezca esta representación! Y sin embargo están sentados en la mesa y son parte de la ceremonia. Hacia allá tendríamos que dirigir las conversaciones y las posteriores reflexiones, es realmente preocupante el papel preponderante de las Fuerzas Armadas en nuestro país y en lo profundo del mensaje simbólico que nos manda el presidente López Obrador al estar flanqueado por los secretarios de Marina y de la Defensa, y del Secretario de Gobernación; y relegar a segundo plano a los titulares de los otros dos poderes de la Unión (el Legislativo -Diputados y Senado- y el Judicial federal). Lo anterior, sin dejar de destacar además que el Poder Judicial Federal (uno de los tres poderes de la unión), no está subordinado al Ejecutivo Federal, de ahí que no exista obligación ni para ponerse de pie ante el Ejecutivo, ni para rendirle pleitesía. Así ocurre en las democracias constitucionales que verdaderamente funcionan.

Quiero sin embargo destacar de nueva cuenta en este espacio, las palabras pronunciadas por la Ministra Piña en Querétaro, quien centró su discurso en la independencia del poder judicial, “una Judicatura independiente es pilar de nuestra democracia y principal garantía de imparcialidad… de la Constitución emanan todas las leyes, en ella están plasmados nuestros derechos y libertades. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento, hagámoslo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el PJF”. En mi opinión, el discurso de la Ministra Piña no solo fue atinado en términos de la conmemoración del Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro; sino congruente y firme para reivindicar la importancia de la independencia judicial. Reivindicar la independencia judicial es pertinente y nunca sobra reiterarla, mucho menos en tiempos de la 4T.

Además, el mensaje de la Ministra fue sumamente claro: “ni confrontación ni subordinación”. Y lo cierto es que la relación y colaboración entre poderes es posible en el marco del texto constitucional, de ahí que sea tan importante tomarnos en serio la separación de poderes y la independencia judicial. Pues si bien en la forma, nuestra Constitución cumple con los estándares democráticos (es la norma suprema del orden jurídico mexicano, organiza y limita al poder y reconoce de manera amplia derechos humanos), en la realidad nos queda mucho a deber; y sin duda, AMLO y la 4T le han hecho mucho daño al sistema constitucional y al estado de derecho.

Pienso por ejemplo en los constantes llamados a violar las determinaciones de las personas juzgadoras en materia de amparo que desde el púlpito de Palacio Nacional se hacen de manera constante todas las mañanas durante las mañaneras (valga la redundancia). Y lo traigo a colación pues esto daña sin duda el principio de división de poderes y pone en jaque la independencia judicial. Y esta última “hoy en día es la única garantía de la idea de la separación de poderes”, como sostiene Roman Herzog. Es nuestra última línea de defensa.

El hecho de que quienes imparten y administran justicia puedan ser independientes, puedan efectivamente controlar los abusos de poder y sancionar las faltas de quienes gobiernan es lo que sin duda marca la diferencia entre las democracias constitucionales, de los regímenes absolutistas. Como tal, se trata de un valor democrático. De que nos sirve un diseño constitucional y legal que prohíba el desacato de las decisiones que se emiten en los juicios de amparo si desde Palacio Nacional piden que se incumplan las mismas.

¿Donde quedamos las y los ciudadanos frente a este desparpajo? Y lo destaco pues la independencia judicial también constituye un derecho ciudadano puesto que supone un conjunto amplio de diversos fines que en principio se orientan a la aplicación de la ley de forma imparcial, también a la defensa de la Constitución en cuanto al control que los jueces realizan sobre las normas jurídicas y a establecer unas mejores condiciones para garantizar derechos humanos haciéndolos exigibles. Por ello resulta tan lamentable enterarnos que otra vez un juez otorgó una nueva suspensión definitiva para frenar el tramo 5 del Tren Maya y sin embargo FONATUR simplemente desacató la suspensión. Otra vez un desacato y con ello se pone en jaque la independencia judicial y desde luego la división de poderes. La independencia judicial está en riesgo cuando existen regímenes autoritarios, formales o de facto (como el que encabeza el presidente López Obrador); pues la independencia judicial constituye una salvaguarda en contra del despotismo y el autoritarismo, la concentración del poder y la arbitrariedad. Por ello a nuestro presidente le molesta tanto que el Poder Judicial Federal sea independiente; y peor aún, que las personas juzgadoras en nuestro país den cuenta una y mil veces (a través de sus determinaciones y resoluciones) de esa independencia.

Tenemos por ello que pensar claramente que no podemos hablar de democracia si tenemos gobernantes que incumplen con la ley y con las decisiones judiciales, no hay democracia sin división de poderes, y sin respeto a las instituciones democráticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado además que la garantía de la independencia judicial es uno de los objetivos principales de la separación de los poderes, que se traduce en una protección en favor del Poder Judicial y sus integrantes para evitar que sean sometidos a posibles restricciones indebidas por parte de órganos ajenos a la rama judicial.

La independencia judicial es fundamental para todo régimen democrático, es presupuesto de la división de poderes y constituye además una garantía fundamental para impedir la consolidación de poderes absolutos que pongan en riesgo el Estado de derecho. No es algo menor. Tenemos que tomarnos en serio la independencia judicial y garantizarle al Poder Judicial la posibilidad de cumplir con sus funciones, sin injerencias indebidas de los otros poderes que obstruyan su funcionamiento; y de manera destacada del Ejecutivo Federal. Solo así podemos garantizar que verdaderamente ¡nadie esté por encima de la ley!; al tiempo que logremos proteger los derechos humanos y brindar certeza a todas las personas de que cuando acudan ante el poder judicial a pedir justicia, verdaderamente tengan un tribunal que les ampare y les proteja; pero sobretodo que las resoluciones que emitan serán cumplidas a cabalidad.

Para cerrar este artículo, me gustaría volver a aludir a las palabras pronunciadas por propia Ministra Piña en el evento de la conmemoración por el 106 Aniversario de la Constitución, cuando de manera contundente dijo que el Poder Judicial Federal está para defender la Constitución. Esa que tantas veces el Presidente y la 4T pretenden desconocer y violentar. Y esa que hoy las y los ciudadanos estamos obligados a defender.

***Como corolario, Yasmín Esquivel Mossa no puede seguir en la SCJN. Lo ético es que renuncie al cargo. No quitaré el dedo del renglón y cerraré mis participaciones de la misma manera, hasta que tengamos respuestas.