Siempre emblemática y este año no implicó una consideración diferente, la ceremonia del aniversario de la promulgación en 1917 de la Constitución que nos rige. Fiesta cívica mayor. Celebramos una gesta social y al emblema de la vida normada por el orden jurídico supremo, que difiere de las fechas que recuerdan personas -natalicios o decesos- u otros hechos colectivos o símbolos nacionales. Sin embargo, sólo los aniversarios del inicio de la Revolución Mexicana y la que ahora recordamos alcanzan la dimensión superior.

Me salto el asunto del protocolo para recibir al presidente de la República y su investidura de jefe de Estado y en torno a los lugares que corresponden por elemental jerarquía constitucional a quienes presiden las cámaras del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Fuegos de artificio? ¿Mensajes? ¿Provocaciones? Sólo un elemento: la organización del acto corresponde al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobernación. El desaseo es evidente. Sin embargo, es el entorno que enmarca lo realmente relevante: los mensajes.

En la ceremonia se expresan concepciones complementarias y también contrapuestas. En todas hay componentes que pueden complementarse; así se desprende de las palabras del Gobernador Mauricio Kuri, la Ministra Norma Piña, el Diputado Santiago Creel, el Senador Alejandro Armenta y el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En todas está presente el precedente del momento histórico del Constituyente de 1916-1917 reunido en Querétaro y la reivindicación -implícita o explícita- de la aportación de esos 218 diputados al constitucionalismo social. Obvio, pero relevante.

Hay énfasis en el enfoque de cada espacio de representación del poder público; es la veta del enriquecimiento de distintos puntos de acción y de responsabilidad. Pero, sobre todo, hay contrastes y apreciaciones que ponen en perspectiva la realidad de las diferencias políticas en el mundo de las ideas. Y el contraste es fuerte porque en el mismísimo Teatro de la República se presentan concepciones que se excluyen y se rechazan, si bien con matices. El mandatario ejecutivo queretano y el presidente del Congreso de la Unión comparten el llamado al diálogo, la convivencia democrática, los acuerdos y el consenso; es decir, la aceptación de lo diverso y el reconocimiento de su representatividad.

En la presidente de la Corte está presente el llamado a la unidad nacional bajo el manto de los valores y principios inscritos en la Ley Suprema, porque las diferencias son transitables cuando hay acuerdo en lo fundamental. Sin embargo, en el presidente del Senado y en el titular del Ejecutivo Federal la postura no es sólo militante en torno a la propuesta del movimiento al cual pertenecen, sino a la exclusión de quienes discrepan. En palabras del primero: “…materializar la separación del poder económico del poder político” y “recuperar la nación y lograr una justa distribución de su riqueza y bienestar, porque (de) eso no se habló en los discursos de hace un momento”, cuando resulta evidente que los tres discursos precedentes si habían hecho referencia a la cuestión social.

Y en la oratoria del segundo la condena al neoliberalismo y a las reformas realizadas a la Constitución entre 1983 y 2018 porque la despojaron “de su letra y espíritu original” e instauraron “una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas, afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos”.

Afirma incluso con rapidez -aunque nos convocó a investigarlo- que “es raro encontrar en el período neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera.” De bote pronto parece evidente que la Norma Suprema no sólo contempla un régimen económico y que las reformas para sujetar los comicios a la ley y reconocer los derechos político-electorales de la ciudadanía como materia bajo la tutela judicial, la acción de inconstitucionalidad para las minorías parlamentarias y la gran reforma de derechos humanos de 2011 contienen amplios beneficios para el pueblo.

En fin, la sustentación de las afirmaciones presidenciales en hechos acreditables o en interpretaciones con vínculos para el observador objetivo no es algo frecuente. Sin embargo, no deja de ser la propaganda en la oratoria del mandatario ejecutivo federal.

Así como las intervenciones de los respectivos presidentes de las Cámaras -cada uno en su estilo- se apartaron de la función supra partidista que está implícita en sus cargos e hicieron eco en sus palabras del pensamiento de las formaciones partidarias de las cuales provienen, el presidente de la República también se alejó del papel de jefe de Estado no para proyectar su propuesta, sino para reclamar el orden constitucional proveniente de otra etapa política del país y descalificar la sustentación de esas normas en la legítima voluntad de los representantes populares de otro momento.

En la ceremonia del pasado domingo aparecieron las antípodas de nuestra política y el matiz de la independencia de la función jurisdiccional ante los poderes ejecutivo y legislativo. Y no porque la Ley Fundamental no sea ante todo la expresión de ideas políticas en forma de orden jurídico o un espacio para que la ciudadanía ejerza la soberanía mediante el sufragio y decida democráticamente a quién corresponde asumir un cargo de decisión y conducir al Estado mediante su ejercicio, sino porque en un polo de la deliberación pública se postula tutelar y convivir con lo diverso y en el otro se plantea la descalificación de las razones del otro y la validez de su sustentación, al grado de buscar no su sujeción a la mayoría sino la viabilidad de su disenso por razones ideológicas.

Difícil dejar de pensar que estamos ante manifestaciones dicotómicas en la máxima conmemoración del basamento de la política nacional: la casa común para sustentar una y otra es hoy el espacio de la diferencia que no sólo distingue, sino que mueve a la confrontación. En aras del pueblo y la interpretación de su pensamiento y la expresión de su voluntad a partir del sufragio activo se cincelan y se delinean en el discurso y las acciones subsecuentes la apelación de cada quien, que se asume como última para imperar.

Desde luego que el tono está marcado por el tiempo o, más claro, la proximidad de los tiempos de los comicios del 2024, en la cola de las discrepancias sobre la transición democrática en el sistema electoral articulado en los últimos 50 años.

Son piezas oratorias de la cita con las urnas del proceso comicial de 2023-2024 para la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. De la unión concebida como entendimiento superior de ejercicio del poder entre las partes y el todo, entre las entidades federativas y la Federación; pero también de la unión en la que lo plural y diverso convive sin escindir a la Nación.

La República está dividida por los efectos de la polarización política y la exclusión de quien piensa distinto y ejerce la crítica al gobierno en turno y su mayoría en el Congreso. El tejido político muestra la ausencia de diálogo y de auténtica convivencia democrática como prueba de esa decisión. Todo se aprecia bajo el cristal de la toma de posiciones desde el poder o frente al poder presidencial y su esfera de influencia. Todo deriva en la confrontación por el rechazo al diálogo y al acuerdo. ¿Estamos al borde del siguiente estadio? ¿Estamos al borde de la ruptura sin retorno por la voluntad de imperar sin que haya respuesta? La confrontación política ha escindido a la República. ¿Estamos ante advertencias de ruptura en el carácter definitorio que los polos asignan a 2024? En el trasfondo la batalla entre la tradición y la modernidad. La sociedad tiene la palabra.