En Guerrero, donde existe la estigmatización hacia los elementos militares y policiacos, donde en diferentes comunidades han sido agredidos y se rechaza su presencia acusándoles de actos arbitrarios y de ser un factor de inseguridad, familiares de militares y pobladores se manifestaron para demandar respeto a los derechos humanos de los soldados y exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la liberación de cuatro efectivos acusados de la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en acción ocurrida el 26 de febrero.

Las movilizaciones se efectuaron en Chilpancingo, Iguala y Atoyac, y aunque no fueron numerosas, las consignas captaron la atención de los habitantes.

En Chilpancingo fueron 40 manifestantes los que marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en contraste en  Iguala la protesta se desarrolló en el acceso  de las instalaciones del Campo Militar 35-C General de División Agustín de Iturbide, sede del 27 Batallón de Infantería y de la Guardia Nacional. El cuartel del 109 Batallón de Infantería fue el punto de concentración de los familiares de soldados en  Atoyac.

Debe señalarse que las tres ciudades resultan emblemáticas, las dos primeras por los acontecimientos relacionados con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, aún desaparecidos y en Atoyac por lo ocurrido durante el periodo de la guerra sucia y la persecución de la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, calificados como agravios imperdonables por parte de los grupos radicales de la entidad.

Durante 2022 se registraron no menos de veinte agresiones y expulsiones de los elementos del ejército y la Guardia Nacional en diferentes comunidades de la entidad. En lo que va del año van cuatro.

En cada una de ellas los manifestantes expusieron que los elementos militares son enviados al combate contra la delincuencia en condiciones de gran vulnerabilidad y se olvida que antes de ser soldados son humanos y también tienen derechos.

Muchos de los soldados que han muerto, fue esperando la orden de poder de someter a los delincuentes, la cual nunca llega.

Las consignas, por escrito o gritadas describen una ambiente de polarización y una angustiosa demanda para ver el otro rostro de la lucha por abatir la inseguridad.

Familiares de los militares, soldados retirados, jóvenes y niños portaron playeras verde olivo, banderas de México y pancartas en las que se leía: “Todo nuestro apoyo al Ejército”, “El soldado no se toca ni se golpea”, “El Ejército es pueblo”, “AMLO, comandante en jefe de los delincuentes no de los militares”, “Los esperamos en casa sanos y salvos” y “Por mi padre, por mi hijo, por mi esposo, también tiene derechos”.

Se incluyeron exclamaciones como: “Soldado amigo el pueblo está contigo” y “libertad, libertad, libertad, libertad”.

Modesta Santiago Sánchez, una de las manifestantes comentó “ahora el militar no puede matar un delincuente, lo ven feo, los castigan; sin embargo, un delincuente mata a un militar y no hacen nada, los derechos humanos siempre los castigan pedimos que los respeten, les garanticen sus derechos humanos y que no sean castigados y agredidos injustamente”.

También rechazaron las versiones de que las marchas en favor de los militares fueron convocadas  por las bandas delincuenciales pues “Los delincuentes tienen más derechos que militares. Los militares trabajan, son más honestos que los delincuentes”.

Pidieron que no haya represalias contra los familiares de quienes expresan su apoyo al Ejército mexicano.

Destacaron que lo que piden no es más que un derecho como ciudadanos y como parte de la columna de militares que dan seguridad al país, al ser los primeros que responden cuando hay contingencias.

En un documento enviado al gobierno federal, los soldados exponen las carencias para su trabajo, al ser oficiales como de transmisiones, que no reciben equipo, presupuesto o siquiera raciones suficientes, “mientras diputados y senadores llenan sus bolsillos”.

Al igual que el maestro, que cubre cinco puestos porque no hay suficiente personal, como el subteniente que hace guardias al uno por uno.

Agregan: “El señor presidente nos usa a su antojo cada vez que su política genera un problema que después no sabe resolver”.

En respuesta, algunos dirigentes de movimientos sociales señalaron que las manifestaciones en favor del ejército efectuadas el 12 de marzo, buscan impunidad mientras que el activismo social busca justicia.

Octaviano Gervasio Serrano, presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, calificó las movilizaciones en defensa del ejército como una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, opinó que “al ejército se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.

Además, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, agregó, debieran estar fuertes y tener una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.

Ahora, insistió, los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino que son un actor político, así como en obras emblemáticas “.

“La nueva militarización que se está implantando en nuestro país al politizar la presencia del Ejército en diferentes campos de la vida pública trae como consecuencia el deterioro de la institucionalidad del Estado de derecho y el incremento del uso de la fuerza como forma de contención y represión a una sociedad que demanda de una mayor participación política y respeto a sus derechos humanos” concluyó.