En el clima de polarización política y de sucesión adelantada que ha impulsado el fundador y líder real de Morena, se produjo una especie de reconformación del sistema de partidos. Por un lado, el partido oficial y sus aliados del PT y del PVEM; en otra parte la coalición del PAN, PRI y PRD en la elección para renovar la Cámara de Diputados en 2021 y en distintas elecciones locales con resultados diferenciados, aún en entidades federativas donde el gobierno estaba a cargo de una persona emanada de alguna de esas formaciones, y en su propia línea Movimiento Ciudadano, con un gran éxito en la elección para la gubernatura de Nuevo León en ese mismo año.
Un ámbito de la pluralidad política decidió actuar con la opción en el poder; los otros espacios mantienen distinciones a su interior, entre sí o con la formación partidaria que prefiere la estrategia de ir sola ante un electorado diferente al que le dio triunfos a quienes lograron conjuntarse en “Va por México”.
En este escenario está presente, desde luego, la expresión de la sociedad civil organizada donde participa el contingente mayor: las personas carentes de militancia partidaria, quienes han realizado diversas expresiones de reproche y de rechazo a la formación política en el poder ejecutivo y sus mayorías parlamentarias. Sin embargo, para dar curso a su actuación política en los comicios, los vehículos asequibles son los partidos. No hay trabajo realizado para una candidatura independiente de carácter nacional.
Mientras la diversidad de facetas que presentan las oposiciones implica también una pluralidad de opciones y hacen falta método y calendario para discernir la más atractiva y más competitiva, la sucesión presidencial para Morena muestra componentes favorables: (i) la aprobación que recibe el presidente de la República en las encuestas, con números altos en sí mismos y, sobre todo, en comparación con la opinión en torno a los resultados de la gestión gubernamental; (ii) el paseo propagandístico indiscriminado y amplio por todo el país de las personas a quienes el Ejecutivo Federal ha designado como contendientes por la candidatura de Morena; (iii) la titularidad de 22 poderes ejecutivos locales por militantes de Morena o de sus aliados; (iv) la ampliación de recursos para sustentar las transferencias directas a personas beneficiarias de los programas sociales, y (v) el control del aparato público de comunicación social y la influencia determinante en el aparato privado para que la propaganda gubernamental incida en la percepción pública cotidiana y de mediano plazo.
Quizás en alguno de estos elementos u otros se basa la expresión de confianza del inquilino del Palacio Nacional para afirmar en el discurso del 18 de marzo con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera: “…estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación.”
Y aún más, “está asegurada la continuidad del cambio. No hay nada que temer.” (Porque) “… aun cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarla, sostengo que hagan lo que hagan, no regresarán al poder los oligarcas, continuará prevaleciendo, en nuestro querido México, una auténtica y verdadera democracia”.
Con independencia de la promoción electoral de su movimiento en el acto cívico y de la impresión de su pensamiento y prioridades en la persona beneficiaria de la postulación, a la manera del referente indispensable del futuro inmediato, el Ejecutivo reivindica y llama a la unidad para refrendar a su causa en el poder público.
Hace tiempo que la temporada electoral inició para el presidente de la República constituyéndose en su auténtica prioridad. Es un asunto que excede el mirador de la reforma constitucional rechazada y la reforma a las leyes que se ha impugnado o se impugnará. Más allá de la confrontación por la narrativa política, ¿son indispensables las modificaciones realizadas para la concreción de las previsiones de las encuestas en la votación de 2024? No lo creo. Sí son convenientes para esos intereses y generan el escenario de mayor ventaja, pero no son propuestas que emanen de la percepción de una voluntad mayoritaria desfavorable.
Por el diseño de la mayoría calificada que se requiere para invalidar las normas impugnadas, al Gobierno de la República le basta lograr cuatro votos en la Corte para que permanezcan en el orden jurídico vigente. Puede presumirse que tres votos le serán favorables a la luz de los precedentes en la actuación de sus integrantes, por lo cual sólo haría falta uno. Si el escenario fuera el contrario, y se invalidara la reforma legal para que volvieran a cobrar vigencia las normas anteriores a las modificaciones, sin demérito de la legítima expresión de victoria democrática para quienes obtengan la decisión favorable y el efecto del resultado en el imaginario colectivo, ello no implicaría la afectación a las expectativas de votación que se conocen.
Uno es el deseo por la disminución de las respuestas favorables al Ejecutivo y a quienes pueden encabezar la candidatura de Morena en 2024, y otra es la realidad que se observa. A través de estructuras gubernamentales y programas de apoyo a las personas con mayores vulnerabilidades, el partido oficial acredita su fortaleza relativa en un entorno de oposición dividida.
Es previsible que Morena cierre septiembre con la definición de su candidatura presidencial y el encargo de coordinar la defensa de la cuarta transformación y que con esa calidad se inicie una exposición más intensa en la sociedad. Las oposiciones deben resolver primero cómo conformar el conjunto y acordar el método para realizar la postulación.
La aprobación del Ejecutivo no se va a derrumbar y aunque no estará en la boleta, quien asuma la candidatura de Morena no tendrá una gran distancia con los números necesarios. Subestimar la acción electoral cotidiana de Palacio Nacional constituiría un error grave.