Avanza inexorable el tiempo y se acerca el inicio del proceso electoral federal. Publicado el segundo decreto de la reforma electoral legal impulsada por Morena y sus aliados en las cámaras del Congreso de la Unión, en su momento se interpondrán las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad de quienes pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la invalidez de las normas contrarias a la Constitución, con el ingrediente de la suspensión de la aplicación del orden jurídico modificado para que no se causen daños irreparables a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Cuestión en sí relevante y con efectos en los tiempos, porque la reforma modifica el inicio del proceso electoral en cuestión de la primera semana de septiembre a la tercera semana de noviembre del año anterior a la jornada de votación. Con la suspensión estaríamos a tan sólo seis meses del tiempo electoral formal y sin ella a poco menos de nueve meses. En ambos casos parece pronto. ¿Alcanzará la propaganda del régimen a transmitir aliento vital al proyecto sucesorio del inquilino autositiado de Palacio Nacional?
Sus opciones, bajo la peyorativa denominación de “corcholatas” que les dio el propio Ejecutivo Federal, están expuestas hace muchos meses y, aún en las posiciones públicas que ocupan y las ventajas de los reflectores para tener visibilidad, no generan entusiasmo entre la ciudadanía. Si la referencia fuera la calificación de la aceptación presidencial en las encuestas de opinión, en el “delfinario” la aceptación guarda prudente distancia del “destapador”. Esa aceptación no es transmisible en automático, y el desgaste de la gestión y, sobre todo, de la falta de resultados en estos cuatro años y medio de desempeño cobran factura.
Es cierto que la sucesión adelantada refleja las cuatro opciones encargadas por el presidente de la República en el verticalismo más ortodoxo, en tanto que en la arena de las oposiciones hay variedad de posibilidades de génesis partidaria y personas con aspiraciones cuyo acercamiento al proceso es la independencia de los partidos políticos, al tiempo de existir la incertidumbre sobre el método para llevar a cabo la elección de la persona que resultaría postulada, al menos en la hipótesis de una coalición parcial opositora como la concertada para la renovación de la Cámara de Diputados en el 2021.
Es decir, en un extremo la decisión del Ejecutivo con la pantalla de la realización de encuestas entre sus cuatro opciones y en otro el trayecto de la definición del procedimiento y su realización, con una variopinta preferencia en las encuestas sobre quién podría generar mayor entusiasmo no sólo al interior de cada partido sino también entre la ciudadanía sin preferencia partidaria, que aspira a encontrar a la persona y a la propuesta que tome la vanguardia y brinde cause político-electoral a la resistencia contra el país de un solo hombre y en favor de la pluralidad en la libertad y para la justicia y la igualdad entre compatriotas.
La organización de las oposiciones en un formato que reconozca e incorpore la vitalidad de la ciudadanía inconforme con el gobierno en turno y el rumbo que marca para el país es cada vez más apremiante. Por las disposiciones legales del sistema electoral, los partidos son el vehículo indispensable para competir, pues sin demérito de la candidatura independiente en la coyuntura actual parecería contraproducente a la articulación de una opción viable desde la pluralidad excluida y denostada.
En términos formales la figura de la coalición electoral se apreciaría como el continente y la alianza ciudadana de amplio espectro político como el contenido necesario para la participación decidida de quienes no sólo carecen de simpatías partidarias sino que incluso son críticos y hasta reticentes a las aproximaciones y los planteamientos de los partidos. Aunque resulta de Perogrullo: (i) los partidos de oposición sin coalición no tienen oportunidad real de triunfo en el 2024 frente a Morena y la elección de Estado que se perfila; (ii) esos partidos coligados sin la participación orgánica de las expresiones de la ciudadanía ajena a las preferencias partidarias, tampoco tendrían perspectiva de buen éxito; y (iii) sin una nutrida participación ciudadana en las urnas el domingo 2 de junio de 2024, de tal suerte que el abstencionismo se reduzca al 30 por ciento o menos de la lista nominal de electores, el aparato gubernamental y el uso de los programas sociales para obtener votos a favor de los candidatos de Morena podría definir a la minoría más grande en las urnas y el resultado.
Regreso al desgaste de la gestión y el sustento del gobierno en el aparato de propaganda montado para sostener la aceptación presidencial. No hay saldos positivos para la permanencia de esa percepción y menos para impulsar la propuesta de la continuación. ¿De verdad es digerible el estribillo de “para que siga la transformación”? No hay sino propaganda y allanamiento -con excepciones muy honrosas- de los aparatos de comunicación ajenos al público a esa directiva gubernamental. El gobierno tiene una influencia determinante en la difusión de las cuestiones públicas y políticas en los canales de televisión abierta.
Además, se domina el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que opera contra la letra expresa de la Ley Suprema, pues debe “dar espacio…a la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”.
La gran diferencia en torno al horizonte de la polarización entre el régimen en turno y las oposiciones parecería anidada en la generación de propaganda y el control de los vehículos para difundirla.
En estas condiciones es todavía más impresionante la expresión del vigor y la fortaleza de la ciudadanía del domingo 26 de febrero en la Plaza de la Constitución de la capital de la República y en decenas de ciudades del país y del extranjero para manifestarse en contra de la conculcación de las libertades políticas implícitas en las modificaciones a la legislación electoral para beneficio del gobierno.
Es una prueba de que la propaganda no dio o no daría resultados en muchísimas personas; es una forma de repensar las consecuencias de una gestión abusiva y de múltiples evidencias de corrupción -en sentido amplio y también estricto- en la ciudadanía demócrata que pudo haber votado por otra opción o incluso por Morena en 2018, pero que en conformidad o en respeto a la decisión popular mayoritaria de ese momento espero lealmente al desempeño del entonces nuevo gobierno y que ahora ha llegado a la conclusión de expresarse para rechazar y detener la destrucción de las instituciones y la cancelación de opciones de futuro por la intolerancia presidencial a quienes piensan distinto y ejercen sus libertades.
En la semana del veredicto del jurado en Brooklyn sobre la culpabilidad de Genaro García Luna de los cargos que se le hicieron por delitos relacionados con la introducción y distribución de drogas en los Estados Unidos de América y la propaganda para vincular al PAN en la sanción de la sociedad a esa conclusión, la concentración ciudadana acreditó su carácter supra-partidista, pero también se demostró que hechos y percepciones son la materia de la propaganda y del desgaste en la búsqueda del respaldo popular.
También en el corto período de los últimos días hay otros hechos que se convierten en noticia y corren por su cuenta para favorecer percepciones y opiniones. Hay materia abundante para la difusión con intenciones políticas de los errores y los abusos del gobierno. ¿Pueden quedar impunes los asesinatos de cinco jóvenes en Nuevo Laredo perpetrados por militares? Y no sólo me refiero a que se les enjuicie y sentencie, sino al costo político de militarizar la seguridad pública cuando la evidencia son la ausencia de resultados y los agravios a los derechos de las personas. ¿Puede seguir como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la señora Yasmín Esquivel Mossa, cuya falta de integridad es ahora más evidente, pues el plagio intelectual le acompaña en la obtención de sus grados académicos? Al menos habría que elevar el costo a quienes en posiciones de dirigencia lo defienden o lo toleran. Es la sucesión y el reloj avanza.