Se incrementan las derrotas derivadas de las sinrazones presidenciales y debería entrar el Gobierno Federal en una declinación propiciada por la actuación de quien lo encabeza. Sin embargo, en el juego de espejos de nuestra política, la reprobación de la gestión por la ausencia de resultados no tiene efectos en la aprobación del Ejecutivo Federal ni en las respuestas a las diferentes encuestas sobre el partido oficial y quien o quienes se perfilan como la opción de Andrés Manuel López Obrador para asumir la candidatura presidencial de Morena.
Salvo la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desechó por cuatro votos contra dos y una ausencia la propuesta de la Magistrada Janine Otálora para invalidar la prórroga de la dirigencia formal de ese partido, la recapitulación no favorece a los intereses del inquilino de Palacio Nacional.
Son reveses, desde luego, que no trascienden solos a la generalidad de la sociedad, cuyos integrantes están ocupados en cuestiones cotidianas más apremiantes: el ingreso y la subsistencia o el riesgo de ser víctimas —en lo personal o en el ámbito familiar— de la delincuencia. Son actos, revelaciones o resoluciones que se calibran en los espacios con tiempo y medios para recibir y analizar la información de lo que sucede y sus posibles consecuencias para el país. No obstante, reinan la impunidad y la falta de consecuencias políticas.
Hay muchos botones. ¿Por qué la revelación de los viajes de placer al extranjero del secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval y su familia, que implican bienes públicos y recursos presupuestales, no genera repercusión alguna en materia de responsabilidades o en la mínima rendición de cuentas? No olvidar que la fuente de la información —no controvertida, por cierto— es la sustracción masiva de información de la plataforma informática de la dependencia federal a cargo del divisionario; es decir, sin dejar de señalar que no se asumió la responsabilidad política del quebranto de la seguridad de la información en una de las instituciones a cargo de la seguridad nacional y partícipe hasta 2028 en las tareas de seguridad pública.
¿Por qué la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la transferencia del control y la operación de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, al establecerse por dos ministras (Piña y Farjat) y seis ministros (Aguilar, González Alcántara —autor del proyecto—, Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez, Pardo y Pérez Dayán) que el carácter civil de la institución se viola si se le adscribe funcional, administrativa y presupuestalmente al Ejército, no trae aparejada sino la recriminación y la pretendida descalificación a esas personas integrantes de nuestro máximo tribunal?
¿Por qué el conocimiento —por conducto de la exposición del secretario de Gobernación— de que el presidente de la República prefiere que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no pueda funcionar por la ausencia de, al menos, una de las tres designaciones en las vacantes de sus siete integrantes, no tiene repercusiones para el Ejecutivo y la mayoría oficial en el Senado, a pesar de poner en entredicho los derechos fundamentales de los cuales es garante esa institución?
¿Por qué la sistemática y escandalosa corrupción en SAGALMEX y su impacto en el erario no genera indignación en la mayoría de la población? ¿Por qué tampoco ocurre esa reacción a causa no sólo del severo deterioro del sector público a cargo de brindar el acceso a los servicios de salud, sino de la más cínica retórica de que se alcanzarán mejores niveles de atención que en Dinamarca?
¿Por qué pudo plantearse y obtenerse en el Congreso la liquidación de decenas de fideicomisos públicos dedicados a la atención de una pluralidad de objetos relevantes para la Nación, como los daños por desastres naturales o la investigación científica, sin la afectación de la cúpula gubernamental? ¿Por qué se pretende profundizar el proceso de desaparición de espacios de responsabilidad pública con tareas sobre grupos de población específicos, como los pueblos indígenas o las personas refugiadas, sobre la base de la disminución del gasto público, pues ahora se ocupa para los deseos prioritarios del Ejecutivo, con la aspiración de que no habría costos en la aprobación gubernamental o de su brazo partidario?
¿Por qué se impone la política migratoria desde Washington o se reúne en la Casa Blanca al gabinete de seguridad del Gobierno Federal para establecer la agenda en el combate a la producción y tráfico ilegal de fentanilo sin ninguna de sus contrapartes, y esas rendiciones de lo que compete hacer a un Estado soberano no pasan factura en la mayoría de la ciudadanía?
No hay resultados de progreso y mejoría para el país en la gestión lopezobradorista y el deterioro es palpable en el acceso a derechos fundamentales; el poder público se ha debilitado para el cumplimiento de sus funciones, y México ha retrocedido sensiblemente en la posición que había llegado a ocupar en el mundo.
Sin embargo, las proyecciones de las preferencias políticas mantienen al presidente de la República y a su destapada y destapados en posiciones de ventaja frente a las personalidades de las oposiciones. No es a causa del gobierno. Ocurre en virtud del impresionante aparato de propaganda gubernamental montado y afinado para presentar y promover cotidiana e incesantemente al Ejecutivo de la Unión con base en el programa de información y opiniones gubernamentales que organiza y conduce.
Domina a través de la propaganda en los medios públicos de comunicación y la influencia decisiva en los medios privados. Hay crítica y opinión disidente, pero no permean. Sin un consenso en la pluralidad para establecer el contrapeso de la propaganda política necesaria, no parecería haber tiempo para cerrar la distancia en las preferencias de las y los electores entre la propuesta de continuidad y el planteamiento del cambio.