Esta semana el Pleno de la SCJN inicio la discusión de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 promovida por senadoras y senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del Decreto por el se transfería la Guardia Nacional (GN) a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), a partir del proyecto elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que proponía declarar inconstitucional la transferencia de la GN a la SEDENA.

El proyecto recibió en general comentarios favorables y a partir de su publicación surgió esperanza entre quienes como quien escribe estas líneas, nos manifestamos preocupados por la militarización del país y por el establecimiento de un “Nuevo Orden”, ese orden vestido de verde olivo. Lo que se discute en la SCJN entonces es de la mayor relevancia, pues se trata de los límites del poder civil frente al poder militar en este país. La primera parte de la discusión inició el pasado 17 de abril en la SCJN, en medio de escándalos de corrupción, abusos, viajes familiares del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de una menor de edad por balas del Ejército Mexicano y un amplio etcétera.

Sin embargo, para poder entender que fue lo que se resolvió en la SCJN el pasado martes y miércoles, es pertinente recordar la reforma constitucional en materia de GN aprobada en 2019; y el decreto de mayo de ese mismo año, cuando el Congreso promulgó la Ley de la Guardia Nacional, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues es este mismo decreto el que autoriza al Presidente de la República (en el artículo quinto transitorio, multicitado en la sesión del Pleno de la SCJN) para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, por un periodo de cinco años, en tanto la GN desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Así, el Pleno de la SCJN inició el lunes la discusión de la referida acción de inconstitucionalidad a partir del proyecto propuesto y aprobó por mayoría de 9 votos contra dos (Esquivel y Zaldívar), un parámetro a partir del análisis histórico y contextual de la regulación de la GN, de los principios constitucionales que la rigen, permeados por el contenido del artículo 1° constitucional (y de la reforma de en materia de derechos humanos), como base para el estudio de los artículos impugnados en la acción de inconstitucionalidad; así como de un enfoque de la seguridad como seguridad ciudadana. La Ministra Esquivel terminó su intervención en defensa de la transferencia de la GN a la SEDENA con una frase digna de un mitin político de MORENA y no de un debate en el seno del Tribunal Constitucional, pues dijo “hoy atendamos el reclamo de la población, de esta población en todos los rincones de nuestro país en que se exige seguridad y vivir en paz [reclamo popular de apoyo a la GN] … hagámoslo por México”. Si pensamos en México y en escuchar el reclamo popular, se me ocurre que la ministra Esquivel puede empezar por renunciar al cargo.

Posteriormente, el martes 18 de abril, la SCJN invalidó por mayoría de ocho votos, el traslado a la SEDENA del cúmulo de facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, fundamentalmente por considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación será un ente civil y que su adscripción, así como la determinación de sus acciones, planes y programas, corresponden a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, esto es, corresponden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo cierto es que al respecto el texto constitucional es clarísimo: las fuerzas armadas deben estar subordinadas a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública. Por ello resulta incomprensible (por lo menos desde la perspectiva constitucional) pretender que la SEDENA asuma el mando de una guardia que por mandato constitucional tiene el carácter de civil.

Los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del Pleno de la SCJN, programada para el jueves. Pero lo que sigue es saber que va a hacer el gobierno frente al fallo de la SCJN. No me sorprendería que de nueva cuenta insista en ignorar el orden constitucional. Ya lo dijo el secretario de gobernación en su cuenta de Twitter: “la Guardia continuará recibiendo la orientación y la formación profesional de la SEDENA”… una simulación, un descaro, un desacato más a una orden judicial y son tantos que llevar la cuenta se vuelve imposible.

El gobierno federal vive en permanente y flagrante violación al orden constitucional. No es sorpresa, ¡al diablo las instituciones y no me vengan con que la ley es la ley! son mucho más que una anécdota o una ocurrencia, son una desgarradora realidad. Preocupa desde luego el desdén de quien, desde Palacio Nacional desconoce el orden constitucional y democrático que protesto guardar y hacer guardar. Es terriblemente autoritario escucharlo desde la mañanera instruir a la secretaria de Seguridad, dejar al General David Córdova Campos como Comandante de la corporación. Básicamente el presidente anuncia desde el púlpito de Palacio Nacional que las autoridades encargadas de la seguridad pública actuarán inconstitucionalmente por mandato, decisión y voluntad propia, dice que es “su postura”, que los ministros de la mayoría actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político. ¡Que fácil es el discurso vacío y con fines de mera polarización!

El presidente miente y descalifica cuando declara: “Qué hizo ayer la corte, pues actuó a partir de intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo. ...” miente descaradamente por que el tema de los intereses cupulares nada tiene que ver con lo resuelto por la SCJN. El pleno de la SCJN actuó como garante de la constitucionalidad y convencionalidad y lo hizo dentro del marco de atribuciones y competencias que tiene según nuestra propia constitución. Lo hizo con argumentos sólidos y a partir de un proyecto bien estructurado, cumplió con su mandato como poder equilibrador.

Es muy importante destacar que quienes nos hemos manifestado en contra de la militarización del país, tenemos claro que esto no empezó en esta administración; sin embargo, es innegable que con AMLO el llamado golpe militar se ha ido recrudeciendo. A nivel personal, como ciudadana, como docente, como abogada, como madre de familia me parece realmente desolador darme cuenta que la apuesta siga siendo por la militarización, no obstante, esta estrategia haya probado no solo, no ser efectiva frente a los grandes problemas de seguridad que atraviesa el país, sino que además ha sido fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos. En el México actual, la injerencia y poder de las fuerzas armadas son preocupantes. Fundamentalmente porque los militares en ningún país del mundo han sido aliados de los derechos humanos. Basta repasar la historia para darse cuenta de los lamentables resultados que en la esfera de los derechos humanos representa la claudicación del orden democrático frente al orden militar.