Uno de los temas que se ha mantenido en la discusión pública desde hace ya varias semanas es el de la parálisis en que intencionalmente se ha dejado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los enormes costos que en términos de democracia y derechos humanos esto significa. De manera aparentemente simplista, hemos escuchado y leído que las democracias mueren en la obscuridad o lo dicho de otro modo, sin transparencia no hay democracia. Esto no es ni un juego de palabras ni algo simplista, es algo real y es un riesgo inminente. La función principal del INAI, que ahora se ha pretendido minimizar desde el gobierno y su partido, es garantizar que tanto autoridades, como partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos o cualquier persona o empresa que reciba y ejerza recursos públicos, le entregue a cualquier persona interesada, la información que se quiera solicitar; pero también es el encargado de vigilar el uso adecuado de nuestros datos personales.

Esto es, el INAI sirve para garantizar y proteger dos derechos humanos, tanto el del acceso a la información pública (artículo 6°), como el de la protección de datos personales (artículo 16°). La transparencia es además un primer eslabón en la rendición de cuentas. Es decir, la labor del INAI no es poca cosa, y por primera vez desde su creación, el instituto no puede cumplir a cabalidad con su función, pues el Pleno del INAI no tiene el quorum mínimo de cinco de siete integrantes para sesionar (solamente hay cuatro comisionados); y no lo tiene, porque el nombramiento de tres comisionados por parte del Senado está atorado (por decirlo coloquialmente).

Tanto que la semana pasada, prácticamente al cierre del periodo ordinario de sesiones, los senadores de oposición terminaron por ocupar la tribuna; y ello sirvió de antesala al madruguete legislativo con que amanecimos el sábado 29 de abril (aunque esto último será materia de otra columna) pues morenistas y aliados (cómplices se debe leer) sesionaron en lo que denominaron una “sede alterna”. Lo que va a pasar con el INAI se encuentra como tantos temas relevantes en sede del poder judicial federal, vía amparo y controversias constitucionales, pero lo cierto es que el futuro del INAI lamentablemente está en el aire.

Los ataques al INAI o lo que es lo mismo a la transparencia, a la democracia y a la rendición de cuentas, han sido una constante desde el primer día de esta administración. El Presidente ha sostenido de manera reiterada que ese organismo no sirve para nada, lo ha venido atacando sistemáticamente no solo desde las mañaneras, sino que ha tratado de eliminarlo formalmente, en 2019 quiso eliminar al INAI y a todos los organismos constitucionales autónomos y si bien no se logró, si han reducido su presupuesto de manera relevante.

Sin embargo, esta es la primera vez en qué hay una parálisis en el Pleno del INAI, no puede sesionar por falta de quórum. Esto es así, por que la reunión del Pleno del INAI, (en términos legales, que no constitucionales), necesita cuando menos cinco de los siete comisionados para que sean validas las sesiones y se puedan tomar decisiones. Desde el año pasado hay dos vacantes en el órgano de dirección del INAI, y el Senado no ha cumplido con su obligación constitucional de hacer los nombramientos de los comisionados faltantes.

Antes del término del periodo del comisionado Acuña el Senado llevaba más de 300 días sin tomar una decisión sobre los nombramientos faltantes, y se aventuraron a tomar una decisión cupular para hacer dos designaciones, mismas que en ejercicio de sus facultades, el Presidente veto a días de la salida del comisionado Acuña y con la intención de paralizar al INAI, tal y como se hizo del conocimiento público derivado de las filtraciones de los audios del secretario de gobernación donde dijo que no nombrar a los comisionados sería el mundo ideal. Las razones para no designar a los integrantes del INAI que han esgrimido algunos senadores, el Presidente y su secretario de Gobernación, no se compadecen en modo alguno con sus obligaciones constitucionales. Y sirven para demostrar su carácter autoritario y antidemocrático. Los sujetos obligados a transparentar pueden ser obligados por el INAI a hacerlo y sus decisiones son definitivas e inatacables.

Paralizar y peor aún desaparecer o destruir al INAI es grave en términos democráticos. Contrario a lo que sostiene nuestro gobierno en turno, la transparencia es muy relevante. Lo que está de por medio con los ataques al INAI es el ejercicio de las facultades constitucionales necesarias para garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos persónales. De suerte que, con la decisión deliberada del Presidente López Obrador y sus huestes en el senado, de seguir en omisión respecto a la designación de los comisionados faltantes del INAI, están además de desacatando órdenes judiciales, imposibilitando la satisfacción de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos, ambos derechos humanos, ambos fundamentales en términos democráticos.

Los ataques al INAI desde el poder, se entienden (no se justifican, pero se entienden), puesto que el INAI no le sirve al gobierno, le sirve a la ciudadanía. Tener acceso a la información de todos los sujetos obligados, de los archivos gubernamentales, es algo que le sirve a la ciudadanía y le estorba al gobierno, sobretodo si tiene algo que ocultar, como las millonarias asignaciones al Ejército para la construcción del Tren Maya, por ejemplo. Lo que la ciudadanía no debe olvidar, es que el INAI es un órgano constitucional producto de una lucha histórica de la sociedad.

No puede haber democracia plena sin el derecho humano de acceso a la información. Por ello, es indispensable recordarle al tlatoani de Macuspana, que el INAI es un órgano constitucional autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y de la protección de datos personales, de forma que su desintegración, desaparición o parálisis intencional, se traduce en un grave perjuicio para el ejercicio de esos derechos humanos.

Los plazos son fatales y el periodo ordinario concluyó el pasado 30 de abril con un madruguete legislativo sin precedentes y sin que los grupos parlamentarios en el Senado se pusieran de acuerdo, y nombraran por lo menos a uno de los tres comisionados faltantes del INAI. Lo peor, es que de nueva cuenta la apuesta está en la SCJN, con el riesgo que en términos democráticos representa seguir erigiendo a la Corte como el único contrapeso o bastión capaz de frenar la destrucción del régimen cuatroteísta. La ciudadanía debe defender al INAI, así como lo hizo con el INE. El derecho a saber sobre la vida pública de México está en riesgo. Sin transparencia, no hay democracia plena.