Mientras las autoridades locales insisten en que los problema de violencia serán resueltos por la vía del diálogo, la delincuencia organizada desarrolla mayores capacidades de combate. Para los habitantes de la comunidades, la política de diálogo se traduce en pasividad y para lograr la sobrevivencia se arman o se someten a las órdenes de los grupos delincuenciales.
Un nuevo ataque con drones artillado se registró en El Parotal, comunidad localizada en la sierra de Petatlán, región de la Costa Grande de Guerrero con un saldo de preliminar de un lesionado por las esquirlas, daños en vehículos y una docena de viviendas afectadas.
Los hechos violentos son atribuidos a presuntos miembros del grupo delictivo “La Familia Michoacana” y se iniciaron a las 18 horas del 5 de mayo. En las primeras horas trascendió que ni los habitantes ni las Bases de Operaciones Mixtas pudieron hacerle frente a los drones por ello se lanzaron llamados desesperados al gobierno del estado.
“Nunca nos imaginamos que nos iban a atacar de esa manera, la gente se asustó, todos corrimos a escondernos a donde pudimos varias casas y vehículos tienen impactos de bala,” narraron algunos.
Según su versión, fueron tres los drones que actuaron durante el ataque dejando caer granadas sobre los vehículos y casas. Al explotar un hombre resultó con heridas por las esquirlas.
El 28 de enero de este año habitantes de El Parotal retuvieron a 32 policías estatales y asesinaron a dos de ellos junto a tres civiles, presuntos integrantes de La Familia Michoacana que iban en ese convoy de uniformados, porque allanaron viviendas y robaron objetos de valor.
Los avecindados en El Parotal suponen que es una venganza por lo ocurrido en la citada fecha, y advirtieron que si el gobierno no actúa de manera decidida contra el grupo delincuencial, “se va a desatar la violencia de nuevo, el gobierno tiene que actuar ya, porque de nada sirve que estén las bases en donde se han solicitado si ahora nos están atacando con drones armados. Esto ya es terrorismo” señalaron.
Las nuevas acciones de violencia también constituyen una amenaza para la comunidad de Las Mesas donde se encuentra un solo grupo de policías ministerial que nada van a poder hacer ante este tipo de ataque.
Las autoridades locales de Las Mesas reportaron al gobierno de la presencia de mucha gente armada en las inmediaciones sin que hubiera respuesta, “ahora el peligro es mayor, esto quiere que ya se haga algo contra esa gente, el llamado es al gobierno federal a que aplique mano dura de una vez por todas para que haya paz” insisten.
El 28 de abril, pobladores de Nuevo Balsas, Cocula, en la zona Norte, informaron que en esa semana, el grupo delincuencial “La Familia Michoacana” había intensificado sus ataques sobre pueblos de esa área con drones que lanzan explosivos de fabricación casera, y denunciaron que en consecuencia, mujeres, niños y niñas abandonaron Acatlán del Río, Tétela del Río, Santa María, Texocotla, El Querengue, Lagunita y Tlatzala. “Llevan más de una semana atacándonos con drones”, dijeron.
No es la primera ocasión en que los grupos delictivos utilizan drones para atacar a las comunidades. Entre el 7 y el 27 junio del 2022, el grupo delincuencial de “Los Ardillos” atacó con dichos vehículos aéreos no tripulados, lanzando granadas desde las alturas y accionando armas de grueso calibre, a las comunidades de Tula y Xicotlán, del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero.
En ese entonces, el Concejo indígena y popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), difundió unos videos en los que se observan los boquetes u hoyos que quedaron en la zona donde presuntamente se lanzaron los explosivos.
El 20 de agosto, fue atacada la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ubicada en la comunidad de Buenavista de la Salud, en el municipio de Acapulco con drones y también se responsabilizó de la acción a Los Ardillos.
El 17 de agosto de ese año, el CIPOG-EZ emitió una alerta por el avistamiento de drones en su zona de vigilancia, en las comunidades de Mezcaltepec, San Gerónimo Palantla, Nuevo Amanecer, Colotepec y Cuamuñutepec.
El ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para el Ejercicio Fiscal 2023, asciende a 314 millones de pesos, y según afirma el gobierno estatal, constituye la plataforma financiera para los programas y acciones enmarcadas en la política de seguridad nacional y estatal, teniendo un incremento del 10 por ciento respecto al año anterior por el orden de 22 millones de pesos y la contribución del gobierno del estado por el orden de 64 millones de pesos que es más del 25 por ciento que se estipula en los instrumentos de coordinación y que refleja el compromiso en materia de seguridad.
El 8 de mayo Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de la entidad reiteró que Guerrero sigue la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar las causas que han generado la violencia, misma que consideró que sí está funcionando y dando resultados, sin combatir el fuego con el fuego, para avanzar a una paz duradera.
Sin embargo de enero a marzo de 2023 el registro de asesinatos en la entidad fue de 409, un incremento de más de cien homicidios respecto a los 299 registrados en el mismo lapso del año pasado. En términos porcentuales es un disparo del 36.8 por ciento, de acuerdo con los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).