El Presidente Andrés Manuel López Obrador es un mal perdedor y es un peor receptor de opiniones contrarias a la suya. Así empiezo estas líneas pues esa parte de su personalidad sumada a su resistencia a sujetarse a las reglas del juego democrático, es la que lo lleva a su más reciente embate contra la SCJN, contra el poder judicial federal y en última instancia a plantear el disparate de proponer la elección de los jueces constitucionales.
El detonante de esta nueva propuesta fue la resolución de la SCJN por virtud de la cual declaró la invalidez total del Primer Decreto (Primera parte) del llamado Plan B (DOF 27 de diciembre de 2022) adoptada por mayoría de 9 votos contra 2 por transgresiones sustanciales al procedimiento legislativo. Esta resolución de la SCJN es crucial para el futuro y lo que debemos hacer es reivindicar la deliberación en nuestra democracia. Celebrar que haya pesos y contrapesos y sobretodo que se manden mensajes contundentes desde la SCJN que impidan que las mayorías avasallen a las minorías.
No obstante, AMLO y sus fieles seguidores, como el senador Armenta, con su irresponsable actitud pretenden subir a la SCJN a la boleta electoral de cara al 2024, y lo hace con mentiras, descalificación y desinformación desde las mañaneras.
Hagamos un poco de memoria, para entender de donde viene la SCJN que conocemos hoy en día. En diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo, presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar de fondo al Poder Judicial de la Federación y para ello entre otras cosas modificó la integración del Máximo Tribunal y lo redujo de 26 ministros a 11; perfeccionó las controversias constitucionales y creo las acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante es que, con esta reforma, surgió la SCJN como un poder independiente y autónomo, como un verdadero Tribunal Constitucional. Antes de esta reforma la SCJN prácticamente estaba sometida al presidente en turno, al partido mayoritario, al PRI de esa época.
Habrá quienes digan entonces que, la reforma que pretende plantear el Presidente López Obrador (porque así lo ha anunciado ya desde la mañanera) es algo parecido a lo que se hizo en épocas de Zedillo, o que se ha hecho antes (pues lo cierto es que modificaciones a la SCJN, a modo son muchas), sin embargo, habrá que recordarles que en esos tiempos (1994-1997) se llevaron a cabo varias reformas para dar inicio al México democrático y de alternancia que hoy conocemos y parece queremos olvidar para volver al obscuro pasado del poder absoluto y de las decisiones por dedazo desde Palacio Nacional, tan características de los años setentas.
Como resultado de muchas de estas reformas y desde luego del enorme descontento social en nuestro país, fue que en 1997, el PRI, perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el PRD se hizo presente en la Capital de la República ganando prácticamente todos los cargos de elección popular. Gracias a esas reformas y a la presencia de otras visiones de país en la arena pública, por la presencia de la oposición fue posible hablar de una izquierda organizada y garantista en la CDMX y finalmente fuimos testigos de una transición democrática en el año 2000, cuando ganó las elecciones presidenciales Vicente Fox.
Pero volvamos a la SCJN, cuando el presidente Zedillo plantea la reforma en diciembre de 1994, su partido tenía una mayoría absoluta en el Senado, lo cual en términos de nombramientos le hubiera permitido (a él y al partido mayoritario) controlar al Máximo Tribunal por la vía de las designaciones. No fue así, las designaciones se hicieron de manera consensuada y se aprobaron perfiles variados para lograr verdaderamente hacer una realidad la idea de que México tuviera un Tribunal Constitucional, que la división de poderes fuera una realidad y que existieran pesos y contrapesos.
Las reformas son siempre bienvenidas si son para mejorar a las instituciones y el ejercicio de poder; cuando se aprende de la experiencia y con el objetivo de tener mejores instituciones; si parten de diagnósticos adecuados y objetivos; y en el caso de las reformas al poder judicial federal siempre que se traduzcan en beneficio para la impartición de justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un Tribunal Constitucional; esto quiere decir que una de sus funciones esenciales es establecer si las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión son constitucionales. Si no lo son, su tarea es impedir que leyes, reglamentos o decisiones de los poderes contravengan la Constitución; y contrario a los que lamentablemente el Presidente, su consejera jurídica, y el resto de cuatroteistas irresponsables sostienen, eso no es invadir atribuciones del Poder Legislativo, sino cumplir con una de las tareas esenciales del Poder Judicial Federal.
Si hoy Morena pretende reformar a la SCJN habría que preguntarnos, más allá de la demagogia simplista de que el pueblo pone y el pueblo quita, y de que el pueblo debe elegir ¿cuál será el beneficio que en términos de impartición de justicia traería la elección de los jueces constitucionales por voto popular directo? ¿por qué sería positivo para nuestro país? Lo cierto es que se trata de una ocurrencia más, de un capricho de cara al proceso electoral del 2024, el Presidente ha decidido subir a la Corte a la Boleta Electoral, lo ha hecho de manera irresponsable, caprichosa e irreflexiva. Pues ni a él, ni a Morena les gusta (porque no les sirve para sus intentonas autoritarias) que haya un Poder autónomo e independiente que defienda a la Constitución de sus arbitrariedades.
Sobra decir que para la designación de las y los Ministros de la SCJN el pueblo participa por conducto de quienes previamente ha electo, tanto el Presidente de la República, que es quien propone la terna; como por el Senado, quien elige por mayoría calificada de dos terceras partes, a una persona dentro de esa terna para ocupar el cargo de Ministro de la SCJN. Por cierto, en lo que va de este sexenio, se han nombrado cuatro de los once ministros actualmente en funciones.
El Presidente se ha dicho arrepentido por haber designado a dos de esos cuatro (Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara). Sin embargo, lo que dichos ministros han demostrado a través de sus fallos, es que, a pesar de haber sido propuestos por AMLO, han ejercido sus facultades con autonomía e independencia. No esperaba menos. Así debe ser. Su compromiso es con la Constitución y no con quien los propone. O cuando menos así debe ser. Personalmente celebro que haya ministras y ministros que no se van a dejar intimidar, ni presionar al momento de exponer sus razonamientos y emitir sus votos en los asuntos de su competencia.
Reitero, debemos estar atentos, dejar la estridencia y la polarización, actuar y defender nuestras instituciones de cara al México que queremos y al futuro que soñamos. Son tiempos convulsos, la clase política parece estar dispuesta a todo de cara al proceso electoral de 2024. Las instituciones están bajo< acecho y la 4T parece estar dispuesta a todo con tal de desaparecer los contrapesos y eliminar a los árbitros. No importa si se trata del INE, del INAI, del Tribunal Electoral o de la SCJN, el chiste es modificar todo a modo para que se haga lo que sea su voluntad: ¡al diablo las instituciones!