La UNAM debe evitar contagiarse con la enfermedad de las corcholatas.
La autonomía universitaria es una gran conquista, pero ello ni significa que las Universidades puedan sustraerse de la realidad política nacional.
En unos cuantos meses debe haber cambio en la rectoría de la UNAM, ese proceso se realiza en el marco de una legislación muy cuestionada o al menos anacrónica.
La ley orgánica fue emitida el 6 de enero de 1945, tiene casi 80 años.
El rector de la UNAM es designado por una Junta de Gobierno integrada por 15 personas. Es una aberración que los destinos de una institución que alberga a unas 500 mil personas, sea “gobernada” por unos cuantos y el conjunto de la comunidad se mantenga al margen.
Los defensores de la Ley Orgánica, combaten a poderosos enemigos fantásticos, aducen que la Universidad no debe “politizarse”, desvirtuando sus funciones clásicas de docencia, investigación y difusión, sustituyendo esos principios por una “contienda electorera”.
Es una falsedad, dado que nadie propone establecer un torneo electoral para elegir al rector.
La corriente universitaria partidaria de una reforma de los métodos autoritarios, tiene una tradición casi centenaria dado que surgió de la lucha de los universitarios de Córdoba en Argentina. Esa reforma propone un método democrático donde los docentes, los investigadores y los estudiantes debatan el contenido de lo que se enseña, se investiga y se difunde en la Universidad.
Los defensores del autoritarismo, caricaturizan la democracia al divulgar cosas tan absurdas como decir que los reformistas universitarios pretenden “votar” las ciencias. En el extremo afirman “en un vuelo el timón de la nave lo lleva el piloto y sería catastrófico poner a votación el rumbo y los elementos técnicos del vuelo”, para derrotara a esos fantasmas catastróficos ponen el ejemplo absurdo de pretender que en un quirófano se ponga a votación el proceso mismo de la cirugía correspondiente. Esta “discusión” esconde el tema preciso de cómo actuar ante la sucesión del rector.
El proceso de sucesión ocurre en un contexto muy específico de ataques a la UNAM del gobierno federal, donde el presidente ha afirmado que la institución es un baluarte de los conservadores y enemigos del pueblo.
Esos ataques se han acompañado de intentonas aparentemente ingenuas, como ocurrió con motivo de la reforma educativa, donde desaparecían la lo establecido en el artículo tercero de la Constitución referente a la autonomía, lo burdo de la maniobra fue tan obsceno que explicaron que “había sido un error” de los redactores.
En realidad, fue un ensayo para ver que hacían los universitarios. Era una especie de simulación para “medir el agua a los camotes”.
Recientemente un diputado de MORENA propuso que el rector fuere electo en votación universal y directa, también tuvo que echarse para atrás. Ante el repudio generalizado ante semejante tontería.
Es una realidad que, en la historia de la UNAM, los gobiernos han intentado someterla a su designio y mutilar en los hechos su autonomía. Todas esas intentonas fracasaron, pero causaron mucho daño a la UNAM.
El cambio de rector coincide con el proceso sucesorio del gobierno. No es extraño que los partidarios de MORENA busquen promover a algún candidato o candidata. Su tesis es “rescatar a la UNAM de las fuerzas reaccionarias y ponerla a tono con la 4 Transformación.
La debilidad de la autonomía está ligada a la inexistencia de una propuesta de reforma universitaria que fortalezca a la comunidad e impida su sometimiento al gobierno.
Una reforma universitaria no se limita al asunto de las formas autoritarias establecidas en la Ley Orgánica, pero no puede prescindir de un debate en torno a la derogación de una legislación que es inconstitucional. Dado que el artículo tercero define con claridad que la autonomía es la capacidad de la UNAM de gobernarse a sí misma. La ley orgánica fue emitida por el Congreso de la Unión y por lo tanto es opuesta al principio de autogobierno.
¿Qué Hacer?
Desde que se aprobó la reforma al artículo tercer elevando la autonomía a rango constitucional, algunos hemos planteado desde entonces (1980). Que la Ley Orgánica de la UNAM y todas las universidades públicas del país deben ser abrogadas.
Una vez que sean abolidas esas Leyes anticonstitucionales, se debe abrir un proceso para que cada universidad se dote de normatividad de manera interna y autónoma. Es decir, se realice un proceso de Auto Legislación.
Por supuesto que la reforma universitaria debe incluir la modificación de las relaciones laborales internas que existen en la UNAM, donde un porcentaje cercano al 85 % de los docentes. Tienen contratos temporales por 6 meses. Eso debe terminar y elaborar un proceso para crear nuevas plazas para los académicos jóvenes.
Es muy lamentable lo que ha declarado el Secretario General Administrativo Luis Agustín Álvarez Icaza, de manera vulgar ha dicho que “la casta dorada es necesaria”
Es una postura muy grotesca y exhibe la arrogancia de la burocracia universitaria.
También es necesario iniciar un camino de reformas a los métodos de enseñanza y recuperar los temas que incluía la propuesta de los Colegios d Ciencias y Humanidades hecha por el rector Pablo González Casanova.
En fin, aquí solo apuntamos algunas líneas generales del debate ante el cambio de rector y superar el riesgo de traer las “corcholatas” al interior de la UNAM.