Es grave la degradación de la vida política de la Nación bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera puede entender la ambición de poder e incluso el ejercicio férreo del liderazgo; una es cuestión de naturaleza humana y otro de la formación de la personalidad política. Parece más difícil entender la destrucción de las instituciones públicas y desentenderse del daño que se causa al país.
Hace rato vivimos bajo la directiva de un mando que sólo busca imponer y dejar para otros y otro momento la voluntad de convencer. Hay una explicación. Se trata del resultado de una verdad que se nos ha venido revelando poco a poco: ese mando posee la razón absoluta en todo asunto y la solución a cualquier problema está al alcance de su pensamiento y de su capacidad de acción.
La popularidad es el nuevo sinónimo de la capacidad y la intención es la nueva voz para referirnos al resultado. No hay rezagos ni mucho menos retrocesos. Todo es avance y transformación arropados en un aparato de propaganda que difunde y recrea el gran engaño: estamos peor que cuando estábamos mal, pero creíamos que estábamos mejor.
Volvimos a la condición de país de una sola persona. El sistema democrático ha de subordinársele; la división de poderes ha de ceder a sus deseos; las libertades de información y de prensa han de quedarle sometidas; el disenso y la discrepancia son ilegítimas. Como encarna a la Patria, los derechos políticos de las personas no les son oponibles. En su andar resuenan los acordes del Himno Nacional y sus palabras son los nuevos sentimientos de México.
Esa inspiración es -quizás- la causa de la rendición de la mayoría del Poder Legislativo a la voluntad del Ejecutivo de la Unión, cuya manifestación más oprobiosa escenificaron las y los senadores de Morena y sus aliados en la cámara que conforman, para sesionar unas horas en la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril último y votar las leyes y los decretos legislativos que ordenó el propio primer mandatario. Al fin sólo eran 20.
Recuerdo los componentes de la situación: negativa de la mayoría parlamentaria del Senado para cubrir las vacantes del órgano de resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI); acuerdo político para que la mayoría seleccionara a la persona de su preferencia dentro de las cinco con las mejores evaluaciones; incumplimiento del compromiso de la mayoría por realizar la elección de quien habían postulado; toma del Salón de Sesiones por el Bloque de Contención para presionar al cumplimiento del compromiso; acuerdo de la mayoría de la Mesa Directiva para poder sesionar en cualquiera de los inmuebles del Senado, pero sin evidencia de que la Junta de Coordinación Política se haya reunido para atener esa consulta (párrafos 2, 3 y 4 del artículo 46 del Reglamento del Senado); apertura de la sesión del 28 de abril en el Salón de Sesiones de Paseo de la Reforma y traslado al inmueble de Xicoténcatl 9; visita al oráculo de Palacio Nacional para la motivación de saber quién decide su destino político, y sesión de aprobaciones sucesivas con el novedoso trámite -de la gran mayoría y tal vez no tan poco usado- de dispensa de conocimiento.
Un propósito abierto y otro encubierto: impedir el derecho a buscar y recibir información para que la ineficiencia y, sobre todo, la corrupción de la presente administración pública, se mantengan en la obscuridad; y anular el debate y la crítica de las oposiciones en la caja de resonancia del Senado.
Sobre el primero, quienes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución no lo hicieron. El nombramiento de las y los comisionados del INAI no es una sugerencia o una cuestión para decidir si lo realizan o no. Se trata de un imperativo que goza de la supremacía de la Constitución. Los subterfugios para no concretar los nombramientos son violaciones a las normas que los vinculan.
Con respecto al segundo, han faltado a las premisas más elementales de toda institución parlamentaria. Han olvidado deliberadamente el ser y el modo de ser del Congreso. La mayoría de Morena y sus aliados desprecia y pisotea el principio representativo que les da sustento, al tiempo que conculca el principio deliberativo que permite exponer razones y dar legitimidad a las determinaciones que se adoptan.
Por supuesto que hay vicios en los procedimientos seguidos por la mayoría y es previsible que sean materia de acciones de inconstitucionalidad para invalidar lo aprobado; se dejó de considerar que las formalidades del proceso legislativo son sólo el molde para conocer la materia, hacerla pública y debatir sobre sus particularidades y alcances. Se ha pretendido erigir un edificio, pero sin dotarlo de la estructura que lo sustente.
La preocupación política mayor es el desconocimiento de los votos que respaldaron la conformación de la minoría senatorial y la renuncia a la política o, dicho de otra forma, a insistir en la convivencia con quienes piensan distinto para ejercer funciones constitucionales del órgano que integran. Cuando se anula a la oposición se opta por implicar la falta de legitimidad de la mayoría.
La resistencia pacífica para reclamar el compromiso de nombrar a quien se requería para que el INAI pueda ejercer sus mandatos, constituye un medio legítimo para defender derechos propios y de terceros frente a la arbitrariedad y el engaño. No se escuchó ni se quiso dialogar con la minoría; pero sí se escuchó y obedeció –casi en su totalidad– al titular de otro poder. Las ideas de la legalidad y de la legitimidad no atraen a la mayoría oficial y sus aliados en el Senado. Sólo cuenta la voz del líder máximo, del fulcro del populismo mexicano.
Sin conciencia y sin decencia, la mayoría oficial se redujo a los deseos de la persona a quien le confirieron la potestad de darles y quitarles la ilusión de su futuro.