Entre los asuntos más relevantes de la agenda nacional se encuentra la seguridad pública. Sin dejar de recordar antecedentes del comienzo del siglo, tras casi 12 años de participación directa de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública y el planteamiento de devolverlas a las tareas constitucionales que les corresponden, la presente gestión presidencial se inclinó por la entrega de esas responsabilidades a el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, con base en el artículo transitorio de la reforma a la Ley Fundamental para crear la Guardia Nacional en 2019 (cinco años) y su ampliación temporal con la reforma de 2022 (nueve años).
Una determinación por demás observada y susceptible de evaluarse con base en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los informes anuales de la actuación de la Guardia Nacional y el informe semestral -apenas el primero- del desempeño de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; y asunto de información documentada y de percepciones conformadas.
Por ejemplo, durante la presente administración federal y al 21 de abril último se han registrado más de 151 mil homicidios dolosos, más que las respectivas cifras totales de los periodos 2006-2012 o 2012-2018, y de las más de 108 mil personas desaparecidas desde 1988, resulta que más de 43,500 de esas desapariciones ocurrieron en el sexenio en marcha.
En contraste con esta información, la percepción sobre la aceptación del Ejército y la Armada entre la población a septiembre de 2022 fue de 87.1 y 89.6 por ciento, respectivamente. Entre la realidad y la percepción, sumada a la tradicional consideración de nuestra sociedad a las Fuerzas Armadas, está presente la propaganda. Hay mucho a deber en los resultados y una calificación que refiere a la memoria colectiva y las aprehensiones pseudo-remediadas con despliegue y presencia.
Vale refrendar que desde la presidencia de la República se efectúa un ejercicio sistemático, concertado y prioritario de la propaganda. Las cosas no son en sí, sino que se convierten en lo que el mensaje gubernamental desea permear y permea a través del control de los medios públicos de comunicación, los canales de elaboración y distribución del mensaje a través de las plataformas digitales y la influencia en muchos de los medios privados de comunicación.
Llama la atención la planeación de los mensajes desde el poder para imperar. Se dispone la presencia de los titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana para presentar el referido informe inicial semestral de la actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública ante la Comisión Bicameral ordenada por la reforma transitorio constitucional de 2022 sobre la facultad presidencial, y esa mañana en el programa de información y opiniones gubernamentales que conduce el Ejecutivo Federal se presentan y desahogan los avances de los programas de la administración sobre seguridad y bienestar. No estimo que sea una casualidad la coincidencia de las fechas.
Son claras la tesis y la intención: la inseguridad pública es el resultado de las políticas de otro tiempo y la solución está en la nueva política social, que requiere tiempo y recursos; y la instancia congresional es un ámbito formal que políticamente está subordinado al esquema público de información y propaganda sobre estos temas del programa presidencial matutino.
También mueven a la reflexión dos deslices de las exposiciones presidenciales en torno a este rubro. La primera se produjo en el programa del 29 de mayo último y la segunda en el programa del día siguiente.
Ante el cuestionamiento de Claudia Avilés de “Tiempo Real” sobre políticas de seguridad carcelarias en El Salvador, el Ejecutivo derivó en una anécdota de su conocimiento: “Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades -refiriéndose a los servidores de la Nación-, algún grupo de la delincuencia, y usan los que trabajan en las comunidades un chaleco, y ya los identifican y los respetan”.
A raíz de las preguntas de Adriana Estela Flores del IMER sobre colectivos de buscadoras de personas desaparecidas y el planteamiento de pactar con los grupos de la delincuencia organizada, el inquilino de Palacio Nacional manifestó su apoyo a la propuesta; y abundó: “Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda … sólo de la autoridad, si no es por decisión de los mismos integrantes de esas bandas.”
¿Escuchamos bien? ¿Leímos bien? ¿El presidente admite que la delincuencia tiene control territorial en una comunidad y le parece anecdótico y materia de presunción que “respeten” la tarea política y social de quienes son enlace para la ejecución de programas gubernamentales? ¿El Ejecutivo está dispuesto a pactar condiciones de “convivencia” con la criminalidad si se abstienen de recurrir a la violencia?
Un problema de asumir el desempeño de los cargos públicos sin sujeción al orden jurídico que los rige es la laxitud con la cual puede realizarse su ejercicio; ¿son o no obligaciones cuyo incumplimiento entraña responsabilidades? O ¿son consideraciones para la libre determinación del titular? Y no me refiero a valorar opciones tácticas y estratégicas, sino a decidir si se cumple o no el ordenamiento. En ambas expresiones están presentes la impresión de la claudicación frente a la delincuencia y la impunidad.
Cuando desde el poder público la ley se cumple sólo a voluntad de quien está obligado a hacerlo, la deseable certidumbre de vivir bajo el imperio del orden jurídico se diluye y los derechos de las personas se postergan, se olvidan y se pierden.
Ante los niveles de inseguridad, estas perlas presidenciales ilustran la profundidad de la propaganda gubernamental: puede decirse cualquier cosa y esperar que no haya efectos. En la propaganda las oposiciones tienen desventaja total y no parece existir propuesta viable para remediarlo. Es lastre para pensar en cualquier futuro.