La resolución dell pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022 generó posturas diferentes entre las organizaciones que representan a esas comunidades.
Bruno Plácido Valerio, seguido por 28 comisarios de comunidades del municipio de Ayutla, reiteró que la reforma es violatoria de la Constitución y del convenio 169 de la OIT, por ello se mantendrán en la lucha.
A su vez coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas al cual consideran como “un simulacro” y “una simulación” y advirtieron que “no le vamos a pedir permiso para ejercer nuestra justicia comunitaria.”
El 5 de junio el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), validó por unanimidad y “en definitiva” la consulta y las reformas que realizó el Congreso de Guerrero a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas aprobadas en 2022.
En los debates de la resolución la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, ministra ponente, propuso al pleno que se declarase “procedente pero infundada” la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH.
Con esa reforma se eliminó de la Ley 701 el sistema de reeducación, y la policía comunitaria que fue sustituida por “indígena o afro mexicana”, la cual se subordina a ser auxiliar de las policías y otras corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Para de la SCJN, la consulta que el Congreso realizó en dos meses sí cumplió con “las fases mínimas que debe tener”, por lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los ministros y “decidido en definitiva”.
Después de que el pleno aprobó las reformas a la ley 701, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, decidió no publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y envió al Poder Legislativo una “observación total” al decreto 183, la cual fue rechazada por la mayoría de los diputados, quienes ratificaron las modificaciones que finalmente validó la Corte.
La UPOEG consideró que es evidente que los gobiernos tratan de hacer que los pueblos indígenas de Guerrero regresen al sistema de elección por la vía de los partidos, cuando las comunidades lo que demandan es tener libertad de mantener su cultura, sus raíces, su identidad y anunció que mantendrá un plan de lucha en dos vías.
La primera es la política que conlleva movilización social y actividades que como pueblos puedan realizar para exigir a los gobiernos respetar la autodeterminación de los pueblos.
En la segunda, la organización está revisando con un grupo de abogados el tema legal y jurídico, para revisar la forma en que se pueda combatir en instancias internacionales porque en México ya no hay otro tribunal al que se pueda recurrir.
Las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martínases, asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, mediante un documento puntualizaron que “los pueblos indígenas y afro mexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros y no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, además que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
La SCJN no analizó de oficio la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es, en este caso, la Ley 701.
“Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivitas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios. Nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y afro mexicanos.”
Vidulfo Rosales Sierra abogado de Tlachinollan dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701. Después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensamos que Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Los pueblos tlapanecos, mixtecos, nahuas y amuzgos de la región de la Montaña y Costa Chica, son los que representan la población más marginada y vulnerable del estado, sustentando el binomio indígena- pobreza.
En la opinión de sus dirigentes la justicia indígena un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes, velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los nativos; y mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos.