En el partido oficial ha arrancado el proceso para la postulación de quien habrá de representarlo en la candidatura para el próximo período presidencial. Principia, además, con la convocatoria a representantes de los futuros integrantes de la coalición gobiernista para los comicios venideros; el PVEM y el PT, a través de sus abanderados, son parte de la selección de esa candidatura.

Conforme a las actividades que han programado, harán proselitismo del 19 de junio en curso al 27 de agosto entrante, para que entre el 28 de ese mes y el 3 de septiembre siguiente se levante la encuesta sobre la persona que quienes sean consultados prefieren para contender por la presidencia el año entrante, cuyo resultado se anunciará el 6 del propio septiembre de este año.

En todo sentido, Morena y sus aliados se han inventado un proceso de -llamémosle- precampaña anterior al que prevé el orden jurídico vigente, e incluso que antecede al inicio formal del proceso electoral federal 2023-2024. Y pretenden eludir la violación a la ley con el recurso de darle una denominación distinta a sus actos. Materialmente es una precampaña -y seguramente con múltiples actos de campaña-, pero formalmente se aduce que mediante una encuesta de cobertura nacional designarán a la persona titular de la Coordinación de (la) Defensa de la Transformación. ¡En verdad ingeniosos!

Simplificándolo, todo el fraude a la ley y todo el engaño a la sociedad aspiran a sustentarlo en que no es precampaña porque la realizarán antes del inicio del proceso electoral y en que no solicitarán el apoyo o voto para ninguna precandidatura, así como que no es campaña porque no se presentará una propuesta para acceder al cargo presidencial, ni se solicitará el voto a favor de persona alguna en la jornada comicial del 2 de junio del año entrante.

Muy convenientemente, el acuerdo del Consejo Nacional de Morena se aparta de prever dos cuestiones que la ley establece para la realización de las precampañas en los partidos y las coaliciones: límites al gasto de quienes participan en el proceso y la rendición de cuentas ante el Instituto Nacional Electoral para su fiscalización sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados.

Si los diarios que se publican en la capital del país con aspiración de informar nacionalmente -o cualquier medio independiente- complementaran las notas cotidianas sobre las actividades de las seis personas invitadas a promocionarse para buscar la mejor calificación en la encuesta de Morena, con la estimación de peritos contables sobre las erogaciones implícitas en las actividades de cada una de ellas, la sociedad podría tener una estimación sustentada sobre el gasto en marcha. El origen de los recursos permanecería oculto, pero el monto acumulado ayudaría a apreciar con objetividad el grave atentado al principio de equidad que se está escenificando.

Quizás sólo a pocos sorprenderá el cinismo con el cual, en una calca anticipada y a modo del período de precampaña previsto por la Constitución y la ley, se despliega la selección de quien abanderará a la coalición oficial. Es, en todos los estratos de nuestra sociedad, una evidencia de la baja cultura de legalidad que impera entre nosotros. Este déficit parecería estar vinculado a una inconsistencia más preocupante: la ausencia de principios éticos en el comportamiento social vinculado al acceso al ejercicio del poder.

Tal vez por ello tampoco sorprenda que la reacción más marcada en los ámbitos de las oposiciones y de un número considerable de comentaristas sea por llamar a aquéllas -particularmente a la hipotética coalición que conformarían el PAN, el PRI y el PRD para la elección presidencial en 2024- a que actúen con el adelantamiento a partir del cual lo ha hecho el partido oficial con base en las instrucciones de su caudillo.

Si partimos de la dicotomía entre la propuesta del populismo autoritario de Morena, que sólo se ajusta al orden jurídico en caso de que le resulte conveniente, y el planteamiento del pluralismo democrático de las oposiciones, que defiende el imperio de la ley como espacio de igualdad y salvaguarda de derechos y libertades, será significativa la postura que se adopte ante el fraude a la ley de Morena y sus aliados para realizar la precampaña en tiempos más que adelantados.

¿Si quién va en la punta viola las reglas, habrá que violarlas bajo el pensamiento de que es la mejor forma de mantener la posibilidad de competir? ¿Atender al principio ético y al cumplimiento de la normatividad o actuar bajo la premisa del pragmatismo y la ingeniosa simulación de bautizar la precampaña con otra denominación? ¿Impugnar la transgresión al orden jurídico o legitimar con actos propios las violaciones del partido oficial?

En todo sentido las autoridades electorales estarán a prueba. Ante la actuación de Movimiento Ciudadano y del PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dispuso medidas cautelares que habrán de acatar quienes participan en el proceso de Morena para no promocionarse como precandidatos a la presidencia, y por mayoría de cuatro de sus siete integrantes las ha confirmado la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la raya apenas se valida el ingenio del partido oficial y se invita al ingenio de las oposiciones a desarrollar su propia ruta en el filo de la navaja.

Permanece pendiente el asunto del origen del gasto y su fiscalización. Si se sabe que quien sea favorecido para coordinar la defensa de la transformación va a ser la persona postulada para la presidencia por la coalición oficial, ¿cómo asumir sus ingresos y bajo qué reglas valorar su legalidad en términos de una competencia con equidad?

Sin ética la política es sólo ejercicio de poder con objetivos personales, aunque se aduzcan colectivos. Apelar a la defensa de los valores y los principios democráticos, pero faltar a la ética en aras de ser competitivo es dejar sin sustento el objetivo superior y promover implícitamente el alejamiento de la ciudadanía de las urnas. Distinguirse por la lealtad a los principios y rechazar la simulación fortalece ante la ciudadanía sin partido y que requiere aliento y esperanza para participar. La ciudadanía merece que el método de las oposiciones cumpla con los principios y confiera viabilidad a la postulación.