A pesar de la propaganda gubernamental como el eje de la gestión del Ejecutivo, las acciones propias han generado un nuevo escenario para el proceso electoral 2023-2024. En cerca de 40 días los sucesos políticos se han producido con impresionante dinamismo. A partir de las votaciones para renovar las gubernaturas de Coahuila y de México y la legislatura de la primera de esas entidades, se dio la voz de arranque a la sucesión presidencial.

Quien después de los resultados de los comicios para la Cámara de Diputados en 2021 -y el fuerte impacto que le produjo la derrota en nueve de las Alcaldías de la capital del país- derivó en rehacer la planeación político-electoral para los comicios federal y locales que empezarán en unos meses, ahora optó por dar inicio a la “elección” de la persona que coordinará la defensa de la -así llamada por el régimen- Cuarta Transformación.

López Obrador expuso las “reglas”, determinó quienes serían participantes y dio el banderazo a la estrategia de promover a sus cuadros y movilizar a sus partidarios, para que con base en una encuesta defina a quien recibirá la candidatura presidencial de la coalición que conformarán Morena, el PT y el PVEM.

El gran déficit: la simulación para encubrir un procedimiento de precampaña, que además carece de límites al gasto y de fiscalización. Poco consuelo hay en el hecho de que, al menos las personas invitadas que militan en Morena, hayan realizado actividades de promoción y proselitismo con recursos públicos desde 2021 y ahora lo hagan sin el cargo público del cual tuvieron que separarse.

La oposición partidaria de Va por México en 2021 y las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la articulación de una coalición amplia para enfrentar unidos la elección de Estado que desde hace tiempo delinea el inquilino de Palacio Nacional, respondieron con el anuncio de que conformarían un frente y dieron a conocer el diseño general del procedimiento para elegir a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM).

Se comparte el ingrediente de la simulación, pero con el señalamiento de que la ausencia en la actuación podría generar condiciones adicionalmente graves de falta de equidad por los espacios ocupados y los compromisos hechos anticipadamente por el movimiento oficialista. La gran interrogante parecería radicar en la capacidad para motivar y recibir una participación ciudadana significativa, no sólo en abstracto sino a la luz de la forma de integrar el registro de personas ciudadanas que podrán expresar su voto el 3 de septiembre entrante.

Uno y otro proceso han implicado un reto mayúsculo para el Instituto Nacional Electoral (INE) y las Salas Especializada y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Basta el mayor o menor ingenio en el ejercicio del oficialismo y de las oposiciones que esperan el registro del FAM por el INE para que los procesos en marcha puedan negar que son el sustento de la postulación de sendas candidaturas presidenciales? ¿Alguna de las personas interesadas en ser postuladas podrá negar que esa es su aspiración? ¿El FAM no puede ser electoral, pero busca una candidatura? Sólo dos apuntes: a) es distinto expresar ante diferentes audiencias que se tiene una aspiración y argumentarla, a participar en un procedimiento para la elección de quien ocupará un cargo cuya denominación obedece a disfrazar la candidatura entre el fin de aquél y el inicio de la precampaña y luego de la campaña; b) son abundantes las declaraciones abiertas o veladas y las expresiones de la clase política mexicana, incluidas las personas participantes en esos procesos partidarios, y de quienes son profesionales de la comunicación, en el sentido de lo que la simulación pretende diluir e incluso negar.

Si el orden jurídico es claro sobre el momento de las precampañas para definir sus candidaturas, la responsabilidad de aplicar la normatividad y establecer medidas e incluso sanciones, para que se respete, es de la autoridad. Con significativas y lúcidas excepciones en los órganos competentes, la ruta parece muy marcada a convalidar la simulación: no se está en el proceso de elección de la persona que será postulada a la presidencia de la República, y se aderezan las condicionantes para que así se consolide, como no decir cuál es el verdadero cargo que se busca o que se sustentan propuestas para la acción de gobierno.

Ante el dilema de hacer valer la ley frente a quienes la defraudan por intereses contrapuestos que asumen válidos -el gobierno prorrogar el sentido de sus criterios y decisiones y el FAM defender los equilibrios democráticos ante la deriva autoritaria del régimen-, las severas consecuencias de las precampañas anticipadas nos revelan un disuasivo perverso: no detienen a quien actúa fuera de la ley, sino a quien debe sancionarlo para no llegar a determinar que alguien no puede competir. Por la causa que fuere, es dejar al poderoso por encima de la ley y, en consecuencia, a quien se le enfrentará. Mal comienzo para una carrera a la cual le faltan más de 10 meses.

Es una cuestión para registro puntual ante las violaciones futuras: las del poder político y las de la delincuencia organizada, cuya incidencia en los procesos político-electorales arroja cada vez mayor evidencia, y que se erige en la principal amenaza a las libertades democráticas en distintas zonas del país.

En este contexto recorren nuestra geografía las seis personas del bloque oficialista y buscan firmas de simpatizantes las 12 personas con registro vigente ante el Comité Organizador del FAM, con un componente novedoso que ha cambiado el escenario: la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien aspiraba a la candidatura del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cambió el ritmo, interés y humor social del proceso sucesorio, al grado de que el Ejecutivo Federal ha cometido el error de hacerla blanco de sus críticas, descalificaciones y ataques. No ha ido lejos por la respuesta.

¿Qué cambió? El presidente -como tal- no es sujeto del reproche de los aspirantes de las oposiciones, sino la ausencia de resultados. Pero ahora mintió, ofendió, vilipendió y violó la ley para intentar afectar a la senadora Gálvez. Sin miedo y con ingenio le ha respondido en forma directa y contundente. Las amenazas sobre la democracia siguen ahí, pero el humor social en la pluralidad política es otro: sí se puede.