Solidaridad y reconocimiento a Doña Beatriz Pagés, Aguilar Camín,

López Dóriga y Rivapalacio.

Además de los retos ordinarios de los procesos electorales federal y locales de 2023-2024, figuran dos de dimensiones mayores: (i) el ejercicio del poder político desde el gobierno para asegurar un resultado favorable. Éste se ha mostrado con toda su perversión desde el púlpito presidencial para atacar el ejercicio de la libertad de prensa de Doña Beatriz Pagés, Héctor Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga y Raymundo Rivapalacio. Buscar información, analizarla en el contexto de los hechos y las circunstancias, criticar las acciones públicas que se estiman infundas o equivocadas y advertir a la sociedad de los riesgos de la forma en que se ejerce el poder son algunas de las funciones de los medios en una sociedad democrática. Quien pone en riesgo la integridad física y moral de las personas por el clima que genera de confrontación y de exclusión, sólo confirma la falta de responsabilidad ética y política con que ejerce la presidencia.

Y (ii) la acción de la delincuencia organizada. Hace varios lustros que la violencia en los comicios de nuestro país ha sido un componente vinculado a la presencia territorial de los grupos de la delincuencia organizada; por ejemplo, en Nexos de junio de 2012 Eduardo Guerrero documentaba el fenómeno y su trayectoria preocupante. Por su parte, Etellekt diseñó y aplica el Indicador de Violencia Política para destacar la recurrencia y características del fenómeno, así como los espacios de mayor vulnerabilidad frente al crimen para las organizaciones políticas y las personas candidatas o funcionarias electas o designadas.

De la identificación y estudio sistemático del fenómeno a la fecha hay cuestiones que merecen actualizarse o incorporarse en la antesala de los comicios del año entrante: (i) en lo político destacarían la polarización promovida desde Palacio Nacional; la emergencia y consolidación de Morena como partido mayoritario y la tendencia a convertirse en hegemónico; las 23 gubernaturas a cargo de militantes de ese partido o sus aliados y la vinculación de algunas de las postulaciones y triunfos a la actuación de la delincuencia organizada, y la proliferación de autoridades municipales electas bajo el emblema del oficialismo o de sus aliados; y

(ii) en la seguridad resaltarían el fracaso generalizado de las acciones a cargo de la Federación, que sin estrategia y eludiéndose la Constitución no conformó la institución policial civil ordenada en 2019; la ausencia de voluntad política y de inversión de recursos federales en el desarrollo de las policías locales que se requieren, así como de la generalizada displicencia de las entidades federativas para conformarlas; y el refrendo de la militarización de las tareas de seguridad pública, no tanto por la necesidad expuesta en 2007 y retomada en 2012, sino por la decisión de mantener la función en esa esfera.

Al parecer, los componentes que anteceden anuncian un panorama complejo, bajo un manto que entreteje la realidad y la propaganda. Por un lado, la pertinaz recurrencia de incidentes en los cuales las Fuerzas Armadas y, en menor medida, la Guardia Nacional, tienen enfrentamientos armados con presuntos integrantes de carteles de las drogas e incluso realizan ejecuciones; y por otro, el estribillo de “abrazos, no balazos” del Ejecutivo Federal para negar el ejercicio de la violencia institucional como parte de la responsabilidad y para insinuar la “normalidad” de la criminalidad y el rechazo a la acción que le compete hasta que sean alcanzadas las condiciones de acceso más igualitario al disfrute de los derechos sociales y sus beneficios.

Por el incremento de la presencia y control territorial en el país de los grupos delincuenciales vinculados a la producción, tránsito y comercialización de drogas, marcadamente en la presente administración federal, los procesos electorales para la renovación de las autoridades municipales enfrentarán condiciones de mayor amenaza y riesgo; así se desprende de la naturaleza de sus funciones en materia de seguridad pública y su relativa debilidad institucional.

Durante el periodo en el cual esa expresión delincuencial ha incidido en acciones violentas para influir en los comicios y sus resultados, ha habido desde acciones para intimidar posibles candidaturas o para promover otras, hasta actuaciones para inhibir la votación al inmovilizar a los operadores de los partidos el día de la jornada e incluso generar temor en la población para no acudir a las casillas.

El abanico se ha extendido para buscar el control de las posiciones administrativas claves para sus actividades ilegales: la policía municipal, la vía pública, los programas con identidad territorial y hasta la gestión de áreas con mayor asignación de recursos, como la obra pública. Las movilizaciones de hace un par de semanas en Chilpancingo dan cuenta de la capacidad del crimen organizado para presionar a las autoridades.

Quizás en otro momento el enfoque de la seguridad de los comicios pudo concentrarse en las condiciones para la realización de la jornada comicial y la entrega y custodia de los paquetes electorales hasta los cómputos municipales, distritales y de entidad federativa. Ello explica -en la desconfianza en el entonces partido hegemónico y luego dominante por el respeto a la voluntad popular- la incorporación del Ejército en el traslado y resguardo de la papelería electoral y de las casillas el día de la votación.

Sin embargo, el clima de violencia política que se ha documentado con respecto a la presente actuación de los cárteles de las drogas rebasa con mucho la planeación y ejecución de esas previsiones. El Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales han sido enormemente exitosos en la coordinación necesaria para asegurar la apertura y funcionamiento de las casillas, pero esas previsiones no pueden abarcar la infiltración de los cárteles de las drogas en la postulación de candidaturas o el amedrentamiento de la ciudadanía para que no ejerza el derecho al sufragio activo.

En la gestión presidencial en curso la lección que deben desprender esos grupos es que cabe recurrir al uso de cualquier medio necesario para capturar el control de un órgano de poder público. Ejercer la violencia y transitar por la ilegalidad para imponer a otros sus decisiones con total impunidad sería su comportamiento natural a la luz del desempeño del Gobierno Federal y la debilidad de la mayoría de las administraciones municipales.

Si la delincuencia organizada expande sus tentáculos sobre los procesos electorales, ¿no deberían los partidos de las oposiciones y la ciudadanía sin identidad partidista exigir previsiones objetivas de las administraciones federal y locales para salvaguardar los derechos políticos de todas las personas hacia las votaciones del año entrante? ¿Cuál es el diagnóstico y cuáles las propuestas en el ámbito de los sistemas de partidos, electoral y de gobierno para que los cárteles de las drogas no incidan en las postulaciones y los resultados?