Como lo anunciaron previamente, las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD presentaron el 26 de junio actual, de consuno con las representaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil, el procedimiento al cual arribaron para elegir a quien respaldarán para la elección presidencial del año entrante. Al final, el ritmo, el calendario y la ruta de la política nacional son marcados por el inquilino de Palacio Nacional.
La pendiente de la sucesión adelantada se ha impuesto a la planeación y las acciones de la sociedad y de las oposiciones. Es válido señalar que la legislación en vigor es deficiente porque impide a las personas ciudadanas y a quienes tienen vocación y compromisos políticos la presentación abierta y nítida de sus aspiraciones. Cierto es que el problema no radica en la aspiración y su expresión, sino en los recursos para promocionarse y la legalidad de su origen y disposición.
Si bien la regulación se estableció para velar por la equidad en la competencia y prevenir y sancionar, en su caso, el ejercicio de recursos sin rendición de cuentas y fiscalización para tomar las mejores posiciones en la línea de salida e incluso para arrancar antes, en lo que hemos observado se contradice el sentido formal y el objetivo material de la legislación vigente.
La realidad de las actividades del partido oficial y de sus aliados ha sido respondida con pragmatismo. A puñaladas iguales, llorar es cobardía, dice el refrán popular. Si la simulación se acepta para quien arrancó primero, tendrá la misma condición quien se mueve en consecuencia. Lástima que la justificación de quienes aspiran a distinguirse del gobierno y su partido sea pretender la legalidad que no se prueba; se extraña el razonamiento ético ante sus partidarios de actuar para evitar la conculcación de la libertad del voto por ausencia de equidad y, sobre todo, ante la parte de la sociedad a la cual se busca atraer con base en sus perfiles y sus propuestas.
No es suficiente que el dirigente panista Marko Cortés aduzca que el frente es una figura constitucional y legal. Al menos ese lunes y hasta ahora no se ha dado a conocer el convenio para constituir esa figura, la solicitud de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y menos aún la resolución favorable de ese organismo para sustentar el procedimiento de la elección al ingenioso cargo de “responsable de la construcción del Frente Amplio por México”.
Aunada a esta -hasta ahora- deficiencia, ¿no podían explicar y alegar una causa de fuerza mayor por la afectación a la equidad en la competencia? ¿Es o no la violación de la normatividad electoral por el gobierno y el partido oficial una circunstancia que obliga a actuar para evitar la vulneración más grave de la equidad en el proceso electoral por iniciar en septiembre próximo?
Sin embargo, se han preferido los malabares de la simulación y la falsa justificación legal. No digo que no se entienda, ante los primeros escarceos en los órganos competentes del propio INE y del Tribunal Electoral sobre si estamos ante actos anticipados de precampaña de campaña por actuar antes del inicio del proceso electoral o por no solicitar abiertamente el voto en favor de una persona, pero al final se ha optado por actuar sin el sustento de la ley. Al interior de los partidos, e incluso de las organizaciones de la sociedad, todo queda en acusaciones y descalificaciones cruzadas. Es una cuestión vinculada a la fibra ética de las clases dirigentes que participan en estos procesos.
Sin embargo, no cabe dejar de reconocer el valor del anuncio del acuerdo entre los partidos mencionados y los representantes de muchos colectivos que defienden la pluralidad y los contrapesos. Ha habido un entendimiento para que en el espacio de los entes de interés público puedan converger quienes no pertenecen ni desean pertenecer a esas formaciones políticas y también una paulatina administración de la incertidumbre para quienes quieran participar en la elección de la persona que abanderará la futura coalición.
Habrá que imponerse de las reglas que se mencionó serían hechas públicas el 3 de julio para apreciar dos de los riesgos que se desprenden de lo conocido hasta ahora: (i) la conformación de un padrón de personas ciudadanas para la consulta a realizarse el 3 de septiembre próximo, y (ii) los criterios de ponderación para el caso de que el resultado de los estudios de opinión sobre las tres personas finalistas se incline por una de ellas y el cómputo de la consulta directa arroje que una distinta obtuvo el mayor número de votos.
El primero es la prueba más compleja del ejercicio. ¿Qué número de personas ciudadanas se requieren en la jornada de consulta para dar sustento a la traducción del discurso opositor y de las marchas y concentraciones de la ciudadanía en la expectativa de investir una candidatura competitiva? Parece haber tres vías al padrón acotado: (a) las personas que expresen simpatía por cualquiera de los participantes, sean o no miembros de un partido convocante; (b) las y los militantes partidistas de los futuros coligados que deseen votar y no expresen una simpatía para el registro de contendientes, y (c) las personas ciudadanas que deseen sufragar en la consulta.
Si el registro es elevado en proporción a las militancias de las formaciones convocantes y la ciudadanía inscrita rebasa a quienes concurrieron a la revocación del mandato en 2022, la señal será de aliento para las oposiciones, pero si la inscripción es menor -o muy menor- a ese horizonte, la respuesta de la ciudadanía al método adoptado habrá sido de rechazo.
El segundo riesgo emana de confrontar el resultado del sondeo realizado con base en la representatividad del total de la ciudadanía y la expresión mayoritaria de las personas en el padrón de quienes tuvieron interés en votar en la consulta.
A pesar de la incertidumbre de las reglas, la polarización promovida desde el poder ejecutivo sustenta la convergencia de partidos con ideas y propuestas distintas y de la sociedad organizada no partidista por el bloque opositor. En la confrontación anunciada habrá que imaginar a Movimiento Ciudadano a partir de las elecciones recientes en los estados de Coahuila y México.