La violencia que ha venido escalando en diferentes municipios de Guerrero, detonó el 7 de julio y se extendió hasta al 11, cuando después de más de 24 horas de bloqueos y acciones violentas, la autoridades y los pobladores de comunidades de Quechultenango, Acatepec, Joaquín de Herrera y Chilapa levantaron el bloqueo en la Autopista del Sol, llegaron a un acuerdo y pusieron en libertad a 13 servidores públicos retenidos desde el día 10.
Durante tres días la capital del estado fue el escenario de una ola de violencia y terror que obligó al cierre de negocios, la suspensión del servicio de transporte público e incluso el cierre de escuelas.
Entre el 7 y el 8 de julio, fueron asesinados cinco choferes, dos de ellos calcinados, y cinco heridos, entre ellos dos mujeres, en ataques a seis taxis y cuatro Urvan del transporte público el sábado en Chilpancingo y Tixtla.
El contexto es la disputa territorial entre los grupos delincuenciales de “los Ardillos” y “los Tlacos”.
Enfrentamientos en Chilpancingo
El día 10, más de tres mil pobladores de las comunidades de los municipios señalados irrumpieron en Chilpancingo con palos y garrotes, y sobre el camino, recogieron piedras y se terminaron enfrentando a elementos de la guardia nacional y policías estatales con un saldo de varios heridos.
Algunos manifestantes destacaron la falta de seguridad, infraestructura, educación y salud en las regiones Centro y Montaña Baja, y además demandaban la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, “El Topo”, y Bernardo Chávez Cruz, detenidos el pasado 5 de julio, por la Policía Estatal de Guerrero, en la carretera nacional México- Acapulco, en Chilpancingo quienes finalmente quedaron sujetos a proceso.
Luego se dijo que entre otras demandas está la construcción de obras en esos municipios y sobre ellas se tejió el acuerdo, según la versión oficial. No obstante, horas antes, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que el objetivo de la movilización era la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, “El Topo”, y Bernardo Chávez Cruz.
En realidad el antecedente es la desaparición de cuatro integrantes de la familia Peralta Catalán ocurrida el pasado 9 de junio, los cuales fueron localizados desmembrados el 24 del mismo mes y con cartulinas en donde se acusaba a Nora Otilia Hernández alcaldesa de Chilpancingo y Andrei Yasef Marmolejo Valle, síndico procurador, de haber roto los acuerdos con “Los Ardillos”.’Saludos presidenta Norma, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo’.
Los días 15 y 19 de junio circularon videos donde las víctimas aparecieron sometidas. Diego Peralta Catalán, joven de 17 años confesó ser un sicario y haber asesinado a Fredi Román, ocurrido en agosto de 2022, los demás miembros de la familia admitieron haber apoyado las acciones de Diego en sus actividades delictivas.
El 5 de junio circularon fotos de la reunión sostenida por Hernández Martínez y Celso Ortega Jiménez, alias “la Vela”, presunto líder actual de “Los Ardillos”. La propia alcaldesa reconoció que dicha reunión habría ocurrido en octubre del 2021.
Aunque Norma Otilia Hernández Martínez, fue electa alcaldesa de Chilpancingo emanada por Morena, realmente logró esa posición luego de haber sido diputada local por el PES en 2018, pero impulsada por Diego Omar Benigno González, su esposo e integrante del grupo político del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, que cuando vio de cerca la desgracia del PRD abandonó ese partido y entonces Hernández Martínez fue cobijada por el grupo que encabeza Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.
En los momentos más intensos de la disputa por la candidatura, la hoy alcalde afirmó que no apoyaría a un hombre acusado de violencia sexual en referencia a la situación del senador Félix Salgado Macedonio.
La alcaldesa de Chilpancingo aspira a ser senadora en la próxima contienda electoral, aunque esa candidatura también la desean Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, mientras que Salgado Macedonio la tiene pensada para una de sus hijas.
El 22 de marzo de este año circularon videos y fotografías en la que aparece Onésimo Marquina Chapa “El Necho” o “El Tamalero”, máximo líder de la agrupación criminal “Los Tlacos” y/o “Cártel de la Sierra” durante la feria de Tlacotepec que contó la participación de Serafín Hernández Landa, alcalde de Tlacotepec por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Norma Otilia Hernández Martínez. A los dos presidentes municipales se les ha señalado reiteradamente como operadores políticos de la pandilla de “El Necho”.
A ese personaje se le responsabiliza de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones, violaciones, desplazamientos forzados, despojos y otros delitos que aquejan las regiones donde ese grupo criminal tiene presencia.
El grupo de “Los Ardillos” emergió entre 2007 y 2008, y en sus inicios se dedicaba principalmente a la siembra de amapola en el municipio de Quechultenango para posteriormente extender sus bases a nuevos ayuntamientos como Chilapa, Mártir de Cuilapan, Atlixtlac, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo. El grupo logró engrosar sus filas con policías comunitarios provenientes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).
El grupo delincuencial fue fundado por Carlos Ortega Rosas, asesinado el 6 de enero de 2011 en la localidad de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Le siguió en el mando su hijo Celso Ortega Jiménez, y su hermano Jorge Iván. Otro hermano del clan, Bernardo Ortega Jiménez, fue alcalde del municipio de Quechultenango por el PRD entre el 2002-2005 y diputado local por ese mismo partido en dos periodos: 2005-2008 y 2012-2015. En todos sus cargos públicos, fue señalado por presuntamente colaborar con su familia.
En la crisis de Chilpancingo también incide una omisión del área de la Secretaría de Gobierno pues desde el fin de semana trascendió que se haría dicho bloqueo de la autopista e incluso en Colotlipa, hubo perifoneo el domingo convocando a los pobladores por el comisario y alguien a quien refirieron como el amigo del pueblo.
Esta falla de información pudo originar que las fuerzas policíacas no hayan podido operar como un dique a la hora de la movilización. Sandra Luz Valdovinos, Fiscal General del Estado se mostró distante y ausente, más preocupada, según trascendió, por lograr un ascenso que por los sucesos en el estado.
Durante esta crisis, la capital del estado estuvo sitiada por dicho grupo durante cuatro días. El hacer públicas sus demandas permiten suponer que la movilización fue una demostración de fuerza y que se podrían generar escenarios como los del 2015 tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La arquidiócesis local, a través de un comunicado se ofreció a mediar en el conflicto. Salvador Rangel, obispo emérito, se ha pronunciado por pactar con los capos, según sus propias declaraciones. El robo del vehículo Rhino y su utilización para enderezarlo contra palacio de gobierno también evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones gubernamentales.
Los hechos de violencia ocurrieron en la víspera de la temporada de vacaciones escolares de verano. Al cierre de esta entrega circuló una nueva versión del video de la reunión de Otilia Hernández con el presunto líder de “Los Ardillos’ en un audio en donde ésta critica la política de seguridad del gobierno de Morena y los cataloga como incompetentes, lo cual podría definir su futuro como alcaldesa de Chilpancingo.
Sobre el deslinde responsabilidades sobre los actos vandálicos ocurridos no hubo precisión de las autoridades de gobierno y podría ser que mediante la impunidad, se les guarde en el cajón del olvido.