Al principio del sexenio se planteó que las empresas productivas del estado en especial PEMEX serían el eje o la palanca principal de la política económica de desarrollo nacional. Sin embargo, entre 2019 y el primer trimestre de 2023 el gobierno federal ha transferido a la empresa 907.9 miles de millones de pesos (Mmmp) por concepto de apoyos en busca de rescatarla y de apoyar sus inversiones, lo que ha resultado insuficiente ante las necesidades financieras de una de las petroleras más endeudadas del mundo cuya gestión ha dejado mucho que desear.

Muchos han sido los factores que han afectado la gestión de la empresa, algunos de corte exógeno como los movimientos en el precio internacional del petróleo o la apreciación que ha sufrido el peso mexicano; pero los más importantes se refieren a causas endógenas con una inapropiada gestión, asignación incorrecta de recursos, manejo equivocado de la política energética e inversiones mal dirigidas.

Al primer trimestre de 2023 la deuda financiera de Pemex acumuló 1.94 billones de pesos (107.4 miles de millones de dólares) monto que equivale al 6.7 por ciento del PIB estimado para 2023, si bien es 7 por ciento menor al cierre de 2022 en términos del costo financiero ha significado un desembolso de 38.2 miles de millones de pesos en el primer trimestre y un acumulado de 739.6 Mmmp de 2018 a 2022 en pago de intereses.

La importancia del nivel de deuda además de su tamaño se relaciona con la capacidad para poder cubrirla junto con los intereses. El 23.2 por ciento, unos 450.7 Mmmp, deben pagarse entre 2023 y 2024. Una estrategia sería convertir la deuda de corto plazo a uno mayor, empero si lograra hacerlo sería a un alto costo, sobre todo por la calidad casi de chatarra de los bonos de deuda de PEMEX, lo que se ha agudizado con la reducción que una calificadora anunció recientemente, dejándola cuatro niveles por debajo del llamado grado de inversión.

Las razones que aduce la calificadora Fitch Ratings son que la petrolera mexicana se encuentra en dificultades financieras —este año se deben cubrir 329.1 Mmmp de deuda y el Presupuesto de Egresos de la Federación le ha asignado para este propósito 148.1 Mmmp—, y su historial en lo relacionado con los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ASG) que daña mucho más a su capacidad de atraer capitales.

Entre las razones para la reducción en la calificación está el manejo de los temas de seguridad y con el medio ambiente. Recientemente fueron noticia una serie de accidentes en instalaciones de PEMEX, entre incendios y derrames que causaron afectaciones al personal y a las instalaciones. En este aspecto la petrolera reconoce en su reciente informe el aumento en más del doble en la frecuencia y la gravedad de los incidentes, pero también la reducción en los últimos dos años en 50 por ciento en el presupuesto de mantenimiento. No atender con la oportunidad y la capacidad requerida estos temas incrementan los riesgos y los daños.

En el mismo tenor, PEMEX lejos de procurar reducir su huella de carbono o por lo menos de ya no incrementarla, la política de autosuficiencia en gasolinas ha llevado a aumentar la capacidad de las refinerías ya existentes, adquirir Deer Park y construir la refinería Olmeca lo que aumentará la huella considerablemente. A lo anterior habría que adicionar que el principal producto petrolífero de la empresa en el primer trimestre de 2023 es combustóleo, con 300 mil barriles diarios (Mbd), un combustible altamente contaminante que se usa para generar electricidad.

Cabe señalar que a la fecha otras calificadoras como Moody’s, S&P Global Ratings y HR Ratings no han emitido revisiones a sus calificaciones y dos de ellas mantienen a la petrolera mexicana por debajo del grado de inversión y con perspectiva estable y la otra recién la bajó a negativa.

El deterioro de la petrolera también tiene impactos en materia de recaudación fiscal, donde los impuestos petroleros se han visto reducidos durante 2023 y están generando distorsión en las finanzas públicas; a lo que hay que añadir el riesgo latente de contaminación de la deuda soberana en caso de que PEMEX no pueda solventar y/o renegociar su deuda.

La estrategia de la actual administración ha sido rescatar a la petrolera reduciendo su carga financiera, para en principio permitirle invertir ya que a la vez se ha limitado la participación del capital privado, la vía ha sido la inyección de recursos públicos, e incluso llegar a solventar la deuda emitiendo bonos soberanos lo que se puede convertir en un lastre para el presupuesto. A lo anterior habrá que agregar el pasivo laboral que a 2023 acumula 1.32 billones de pesos el 4.5 por ciento del PIB, y que tarde o temprano habrá que cubrir.

Lejos de ser la empresa detonadora del desarrollo económico la petrolera se ha convertido en una pesada carga para las finanzas públicas. Hace lustros los ingresos petroleros representaban una fuente importante de los ingresos presupuestales, plantear que un momento dado el gobierno en su afán de rescatarla termine entregándole más recursos de los que recibe de la empresa productiva del estado, es una realidad.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®