La violencia que se expande por el control territorial y el empoderamiento creciente de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y han demostrado tener el control de algunos ayuntamientos perfilan un panorama sombrío para Guerrero.

Además, existe una debilidad institucional para combatir los cada vez más evidentes vínculos entre autoridades de gobierno y los grupos delincuenciales.

Luego de que Norma Otilia Hernández Martínez, presidente municipal morenista de Chilpancingo, fue captada en video durante una reunión con un presunto narco, con quien habló de seguridad, legisladores del PRD y PAN pidieron juicio político en su contra. Ella afirmó que “el Congreso de Guerrero no es la instancia para juzgarme, no son peticiones legítimas”.

Agregó que sólo se separará del cargo si la Fiscalía General del Estado (FGE) la encuentra culpable en las investigaciones que se siguen. En suma, ella pone las condiciones para su eventual separación del cargo y argumentó en su defensa: De manera irresponsable algunos han adelantado juicios alentado el escarnio y el linchamiento, poniendo en riesgo no solo la gobernabilidad sino “a mi persona y a mi familia y eso sí es un delito”.

En suma, la alcaldesa no está siendo investigada y las autoridades señalan que corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo tales indagaciones. El seguimiento judicial del caso es solo en la retórica.

La reunión de Hernández Martínez con Celso Ortega, supuesto líder de “Los Ardillos” se dio en el contexto posible acuerdas que incluirían el control de Chilpancingo capital del estado para dicho grupo delictivo en oposición a Los Tlacos y el incumplimiento de los mismos, derivó en hecho violentos del 7 al 11 de julio aunque después se dijo que el incumplimiento de obras de infraestructura prometidas fue lo que motivó las movilizaciones.

Hay inicios de que se logró una paz que presagia tormenta pues del lado de “Los Ardillos” se habría dado ya una alianza con la “Familia Michoacana” mientras que “Los Tlacos”, se verían fortalecidos por ex militares que otro momento integraron el grupo de elite Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), en cuyo caso lo que se anticipa es una confrontación sin precedentes.

La vinculación entre autoridades y grupos delincuenciales no es nueva. Hasta donde se tiene documentado por la Sedena, en 2014, por lo menos 20 de los 85 alcaldes de la entidad tenían algún tipo de vínculos “Guerreros Unidos”, “La Familia”, “Caballeros Templarios” y “Los Tequileros”. Eran gobernantes emanados del PRD, PRI, PAN y PT.

Informes de la Sedena señalaron que cinco organizaciones criminales mayores y 16 grupos delictivos locales, estaban en disputa por el control y tráfico de drogas en este territorio, siendo “las más representativas” el “Cártel del Pacífico”, el de Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia, los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.

Bernardo Ortega Jiménez, fue alcalde del municipio de Quechultenango por el PRD entre el 2002-2005 y diputado local por ese mismo partido en dos periodos: 2005-2008 y 2012-2015, también ha sido señalado como parte del grupo de “Los Ardillos”. En su defensa ha dicho que “no es un delito tener familiares que se dediquen a infringir la ley: sus actividades no me involucran, por lo que me deslindo completa y totalmente de ellas”.

Pero en lo que va de este año, se ha desatado un asedio contra autoridades locales. En abril ocho alcaldes de Tierra Caliente, en Guerrero, y tres de la región Norte, le hicieron llegar un documento a Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado, para solicitarle acciones concretas ante las amenazas de las que han sido blanco por un grupo criminal que opera en la zona.

Tras los hechos del pasado 10 y 11 de julio en Chilpancingo, los cárteles “Sur” y “Los Rojos”, hicieron público un mensaje en redes sociales afirmando que habían pactado con la gobernadora que la región de Chilpancingo sería operada sólo por ellos, mientras que la de Ríos Azul sería únicamente para “Los Ardillos”, advirtiendo incluso una ola de violencia en la región.

“Nosotros cumplimos todos los compromisos, y no crea que por todas las camionetas que nos dio, y los 350 millones de pesos que invirtió en nuestros negocios, vamos a perdonar todo”, señalaron presuntamente las organizaciones delictivas.

“Hay que tener palabra, usted dijo que tenía ovarios y que estaban más puestos qué los huevos de cualquier hombre […] Chilpancingo es nuestro y no vamos a permitir que se siga burlando de nuestra empresa. Por la falta de seriedad pagarán inocentes, tanto niños como jóvenes, mujeres y ancianos” dice otro de los párrafos.

Asimismo, amagaron con revelar una lista de personas cercanas que forman parte del gobierno y que roban dinero del erario y dar a conocer una serie de videos en los que presuntamente pacta con las organizaciones.

La defensa de la gobernadora ha sido “yo no pacté con ningún grupo delincuencial, yo lo hice con el pueblo.” Lo que ha ocurrido es un reforzamiento de la presencia policiaca y militar y el diseño de un operativo de seguridad para el periodo vacacional de verano que no logra disminuir los hechos de vi9lencia que continúan presentándose en la entidad.

Este vacío de autoridad lo han cubierto los jefes del crimen organizado, que ejerce el control de varios giros comerciales y tiene bajo su control a grupos de transportistas, comerciantes ambulantes y colonos que imponen su ley y trabajan para su causa.