Bajo la determinación de que la realidad ceda en las mentes de la población al férreo e incesante ímpetu de la propaganda gubernamental, encontrándose el país atrapado en toda clase de manifestaciones de la delincuencia organizada más peligrosa, porque atenta contra la libertad de las personas y amenaza el ejercicio de las responsabilidades del poder público, el presidente de la República dio lectura a cuatro párrafos sobre seguridad en el acto que se organizó para “festejar” el resultado de la elección federal de 2018 que le confirió el mandato que ejerce.

La autocomplacencia por delante: “está funcionando bien nuestra estrategia para atender las causas de la violencia”; enseguida las cifras alegres de sus datos, como el descenso de los delitos federales en 22 por ciento, del homicidio en 17 por ciento, del feminicidio en 38 por ciento y del secuestro en 79 por ciento; y la defensa de la militarización de la seguridad pública con la falacia de que la Guardia Nacional (GN) cuenta con elementos -128,000- formados para las tareas en ese rubro.

Cero autocrítica y ninguna referencia a la penetración y creciente hegemonía del crimen en porciones cada vez más extendidas del territorio nacional. Apenas el 28 de junio eran secuestrados 14 policías estatales de Chiapas en el contexto de la disputa de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por imperar en la región, y un día después el asesinato de Hipólito Mora en La Ruana, municipio de Buenavista en Michoacán. Y, sin embargo, ante el primer hecho el Ejecutivo Federal prefirió la burla de amenazar a los secuestradores con llevar la queja a sus padres y abuelos, y jugar con el peluche parlante inspirado en el personaje presidencial que ha logrado crear para ser parte del entretenimiento televisivo y por las redes para la población.

¿Dónde quedó la pico-largada del inicio de su gestión sobre los resultados durante los primeros seis meses del mandato y aún la rectificación de que se lograría revertir la violencia y abatir la inseguridad al culminar el segundo año del período? A casi cinco años de asumir la responsabilidad, sin recatos se mantiene la retórica de la situación heredada y la asignación de culpa a las dos administraciones anteriores.

Si así fuera y con el reconocimiento de que la ausencia de instituciones policiales locales y municipales con personal suficiente y capacitado requería mantener la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, ¿para qué entregar a las Secretarías de la Defensa Nacional (SDN) y de Marina, que nítidamente son parte de la recriminación a lo hecho en esos dos sexenios, la formación de la nueva institución? Entregarla no en la autorización (originalmente de 2019 a 2024 y ahora hasta 2028) para que las Fuerzas Armadas (FFAA) colaboraran en esa encomienda, sino en la violación a la disposición constitucional de conformar la GN como cuerpo policial civil federal y estructurar una corporación militar dentro de la SDN.

Estamos ante uno de los grandes engaños del Ejecutivo Federal. No sólo no han regresado los militares a los cuarteles, sino que los cuarteles se han instalado en múltiples dependencias y entidades federales, al tiempo que el personal castrense ha colonizado los cargos y las estructuras de las dependencias estatales y municipales competentes en materia de seguridad pública, en una explosión de un fenómeno que ha ido marcándose más y más a partir de 2007.

En razón del mandato democrático y la insatisfacción social con los niveles de inseguridad al abrirse el actual período presidencial, la pluralidad del Congreso y el Ejecutivo alcanzaron el acuerdo para el surgimiento de la GN en 2019 y el sustento constitucional para la colaboración de las FFAA en las tareas de seguridad pública durante el tiempo que se estimó necesario para formar y consolidar operativamente a la nueva institución policial.

A partir de la reforma constitucional inherente se inicia y fragua el segundo gran engaño presidencial en esta materia: reclutar, formar y desplegar una institución castrense y no policial civil. La pretensión de regularizar el incumplimiento de la Constitución al reformar varias leyes para el control operativo y administrativo de la GN a la SDN, fue atajada por la Suprema Corte al invalidar los preceptos legales correspondientes, pero el hecho más lamentable es la grave pérdida de tiempo para conformar la policía requerida.

Como lo acredita Francisco Rivas (El Universal 04.07.23), en realidad no hay una estrategia de seguridad como adujo el Ejecutivo tres días antes, y el homicidio ha crecido 52 por ciento, el feminicidio ha aumentado 11 por ciento y el secuestro sólo ha disminuido 43 por ciento, con relación a la gestión 2012-2018; y al concluir el año pasado el 71 por ciento de quienes integran la GN eran miembros del Ejército o de la Armada, como lo documentó el Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México presentado por Causa en Común esta semana en el Senado.

Además, se advierte el tránsito hacia un tercer engaño relevante en esta materia. La ampliación de 2024 a 2028 de la facultad conferida al Ejecutivo para utilizar a la Fuerza Armada permanente en esas tareas, con base en los votos de los diputados y de la mayoría de los senadores priistas para lograr la modificación constitucional, contempló un procedimiento de control parlamentario: una Comisión bicameral y un informe semestral sobre el uso de dicha facultad, “proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado…y corroborar el respeto a los derechos humanos…”

El primer documento presentado (19.11.22 al 19.05.23) aporta información, pero no acredita los criterios para disponer del Ejército o la Armada. No se da cuenta de la solicitud de la autoridad civil y la necesidad de su intervención, de la fiscalización de esas actuaciones y menos de que su intervención haya sido subordinada y complementaria a las autoridades civiles competentes.

Parece un informe para abonar a la normalización de la idea de que la seguridad pública es un espacio de las FFAA. No hay institución policial civil después de cuatro años y tampoco resultados para entender y combatir a los cárteles de las drogas y su expansión a la comisión y control de otros delitos. Fracaso que obliga al replanteamiento en 2024-2030.