A pesar los operativos y la mayor presencia de elementos policiales Guerrero vive una escalada de violencia dirigida contra autoridades y figuras políticas que podrían marcar el inicio de una nueva oleada de agresiones con un trasfondo electoral.
El asesinato de Jesús González Ríos dirigente el PVEM en el municipio de Copala, podría marcar el inicio de una nueva oleada de agresiones contra dirigentes políticos.
La mañana del 29 de junio, el cuerpo de Jesús González Ríos, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Copala, fue localizado a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del poblado Chautengo. El cuerpo del político presentaba huellas de tortura, y de manera extraoficial se indica que su rostro fue quemado con ácido.
La tarde del 28 de junio, el PVEM de Guerrero denunció la privación de la libertad de González Ríos y exigió a las autoridades locales y federales trabajar en su búsqueda y localización sano y salvo. Familiares y personas cercanas bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del puente de la comunidad de San Francisco, reclamando de la aparición con vida de quien fuera candidato a la alcaldía de Copala.
Antes de ser secuestrado, Jesús Gonzáles grabó un video en el que dijo temer por su vida, pues denunció que desde el mes de mayo Guadalupe García Villalba, alcaldesa de ese municipio, supuestamente lo amenazó con un grupo armado.
Alejandro Carabias, dirigente estatal del Partido Verde, expuso que detrás del caso está el quehacer político. “(…) Es inadmisible que el hacer política pongan en riesgo la integridad y la seguridad de las personas”, escribió en su comunicado el dirigente estatal.
Esta sospecha también fue planteada durante el bloqueo que fue transmitido a través de diferentes páginas de redes sociales. González Ríos otra vez tenía aspiraciones políticas; lo confirmó su mamá, Valentina Ríos Carmona, pero aclaró que él ya había desistido de participar.
“Hace como unos dos meses o tres meses que lo amenazaron a mi hijo, que ya no participara, que se hiciera a un lado. Ya no iba a participar mi hijo”, comentó.
En un mensaje a medios dirigido 29 de junio, la perredista García Villalva condenó los hechos y se deslindó de tener alguna participación en el secuestro y muerte del coordinador del PVEM.
“Soy la primera interesada en coadyuvar en las investigaciones. Podemos tener diferentes formas de pensar, pero nunca seremos enemigos, rechazo cualquier acusación en mi contra”, declaró la funcionaria.
Los datos oficiales indican que la violencia provocada por la disputa del territorio entre grupos del crimen organizado provocó, durante el primer semestre de este año, un incremento de homicidios en Iguala y Taxco. En el primer municipio se generó un incremento del 50.7 por ciento de homicidios con respecto al año anterior, al pasar de 73 a 110 casos, mientras que en Taxco, la cifra se duplicó en comparación con el mismo periodo de 2022.
Además, ambos municipios de la zona Norte viven una crisis de extorsiones que está orillando a empresarios y comerciantes a cerrar sus negocios, y en algunos casos, a huir de las ciudades.
En junio en Iguala se cometieron 19 asesinatos, entre ellos el de Pedro Salgado, cronista de jaripeos y locutor de radio; el de Arturo Moreno, empresario y el trabajador de Parques, éste último cometido el día 21, luego de una serie de amenazas y advertencias enviadas contra David Gama Pérez, alcalde priista y Óscar Díaz Bello, síndico, a quienes el grupo delictivo La Familia Michoacana en su alianza con La Bandera, los señala de acaparar la obra pública del municipio e incumplir “compromisos”, que presuntamente habrían hecho con el grupo criminal.
El síndico encargado de la procuración de justicia habría salido del país, luego de que hubo un ataque contra uno de sus negocios, el hospital privado Royal Care, el 1 de junio. Trascendió además, que la casa de materiales frente a los terrenos de la feria, donde el 21 de junio fue quemada una camioneta de carga, es de sus familiares.
Octavio Fernández, presidente de la Canaco delegación Iguala murió el 24 de junio un mes después de que fuera herido a balazos al salir del bar Gotita de Mezcal, durante un ataque contra el negocio. En ese mismo mes cerró sus puertas definitivamente el bar La Cabaña del Capi, luego del ataque del que fue víctima el 6 de mayo, en el cual dos trabajadores fueron asesinados y dos más heridos, lo que obligó a sus dueños a huir de Iguala.
En Taxco, el 2 de junio fue atacada a balazos Yara Loza Aguilar, tesorera municipal, quien salió ilesa, y el 20 fueron colocadas cuatro granadas de fragmentación en el Palacio Municipal que fueron localizadas sin estallar.
Versiones no oficiales afirman que el hallazgo de estas granadas en el edificio sede del Ayuntamiento, habría sido la causa por la que ocho policías municipales fueron privados de la libertad un día después de ese hecho, y misteriosamente fueron liberados golpeados en el poblado de Cacalotenango una semana después.
En medio año han sido cometidos 110 ejecuciones en Iguala y algunas de sus comunidades, principalmente las asentadas en el tramo a Chilpancingo, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron asesinadas 73, un aumento de la violencia en 50.7 por ciento.
Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad llamó a no bajar la guardia en las zonas de mayor incidencia delictiva y reforzar la coordinación con cada uno de los municipios en materia de seguridad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.