Al presidente de la República se le escurrió entre las manos la promesa de restaurar condiciones básicas de seguridad para nuestra sociedad. Su palabra no ha contado. Sus reuniones a primera hora con colaboradores en la materia no han hecho la diferencia. Su decisión de militarizar las tareas de seguridad con el incumplimiento constitucional de conformar la Guardia Nacional como una institución civil no ha dado resultado.

La criminalidad más peligrosa se ha enseñoreado como nunca. La población sufre la incapacidad y la ausencia de acciones pertinentes, así como la retórica propagandística gubernamental que aspira a difundir que hay mejoría porque disminuyó la intensidad de la trayectoria del aumento del índice delictivo. Magos de la mentira. Para “acreditar” que hay progreso, sólo se molestan en seleccionar el pico más cercano o más alto para presentarlo como referente y sustentar la disminución a modo. Sólo así.

Es doloroso que la tragedia venga a desenmascarar el rotundo fracaso de la actuación gubernamental en las tareas de brindar seguridad a la población, prevenir el delito, investigar las conductas típicas, buscar la sanción a las personas responsables para que no impere la impunidad y abonar a la disminución radical de las conductas delictivas.

Hay consternación nacional por la privación de la libertad ocurrida el 11 de los corrientes en Lagos de Moreno, Jalisco, en agravio de los jóvenes Roberto Olmedo, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Cedillo Hernández, y más aún por la posibilidad de la que hayan sido asesinados, dado el material videográfico difundido cuatro días después.

Y mayor ofensa causó la insensibilidad y la indiferencia del Ejecutivo Federal en el programa de información y propaganda gubernamental que conduce casi a diario del miércoles 16 de agosto en curso; el hombre de la incontinencia verbal y cuyo “pecho no es bodega” no incluyó comentario alguno sobre un hecho tan grave conocido por amplios sectores de nuestra sociedad y, además, adujo no escuchar las preguntas y solicitudes de comentario sobre lo sucedido que formularon varias de las personas asistentes a ese programa.

Pero la conducta ofensiva para el país fue completa: ignora el hecho dolorosísimo, afirma inocencia en la reclamación, asume el lugar de la víctima y amedrenta a los propietarios de las empresas de medios impresos y electrónicos de comunicación social por difundir el humorismo presidencial en momentos en los cuales se demandaba información, empatía y compromiso con las familias de las jóvenes víctimas de Lagos de Moreno.

Quizás el componente más severo de la forma en la cual actúa y se conduce el presidente de la República es la “normalización” de la violencia como una parte de la realidad de nuestro país. Si el mandatario ejecutivo federal no incluye en su programa informativo y de opinión gubernamental esos hechos, parece implícita la inducción a que se trata de una situación ajena al horror y distante de lo extraordinario. El Ejecutivo de la Unión la asume como algo que pasa, como algo “normal“ en las actividades de la delincuencia.

Si América Latina tiene la mácula de haber propiciado la adopción interamericana del concepto de la desaparición forzada (privación de la libertad a una persona con la intervención directa o velada del poder público, ocultándose su ubicación y su paradero, al tiempo de conculcarle la protección de la ley), nuestro país puede ser el lugar donde la desaparición de personas cometida por particulares ha cobrado una dimensión con pocos precedentes.

En la epidemia de la sustracción de personas de su entorno, privándoseles de la libertad e ignorándose en dónde se encuentran o qué ha sido de ellas e incluso si han sido asesinadas, se encuentra una de las mayores pruebas del fracaso de la presente administración ante la inseguridad y los índices delictivos. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a cargo de la Secretaría de Gobernación, se documentan más de 81,000 casos de personas desaparecidas desde 2007, de las cuales el 40 por ciento devienen de hechos sucedidos durante el gobierno confiado a Andrés Manuel López Obrador (7,748 por cada anualidad de su desempeño).

¿Porque se ha mantenido al alza esta cifra? ¿Porque casi no hay procesos judiciales para sancionar a presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares? ¿Por qué en la región de Los Altos de Jalisco la sustracción de personas de su entorno es un fenómeno delictivo que no da tregua? Parece indispensable reflexionar y revisar en torno al dominio que en el territorio desarrollan y mantienen grupos de la delincuencia organizada. Muy lamentablemente, el Estado Mexicano ha perdido -en forma paulatina e incremental- la presencia y acción preponderante en amplias zonas del territorio nacional.

Al hacerlo, las organizaciones delincuenciales enfrentan resistencias: de otras organizaciones criminales, de las autoridades y la sociedad. En las tres vertientes recurren a la “desaparición de personas” como muestra de la fuerza con la cual se sustentan y para amedrentar a cualquiera que no atienda sus peticiones y requerimientos.

Estamos ante las manifestaciones de un ilícito desgarrador: se sustrae de su comunidad una persona y se pretende ocultar en dónde y cómo se encuentra. El análisis del fenómeno revela que son ilícitos cometidos por carteles de las drogas para intimidar a otros carteles que buscan entrar al mercado de la ilegalidad.

A la luz de la vigente Ley General en la materia, ¿existe un diagnóstico adecuado sobre la desaparición de personas por parte de la delincuencia organizada? No lo parece. ¿Existen las capacidades para hacerle frente con la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción pertinente? Tampoco lo parece. ¿Cómo superar el oprobio de estos hechos y la impunidad con la que se cometen? Es pregunta que no debe esperar a que nos suceda otra tragedia. No hay normalidad en esta vergüenza para la Nación.