La pobreza no sólo se mide en términos monetarios, es también resultado de una combinación de factores entre los que se encuentran el acceso a servicios y condiciones de vida adecuados entre ellos la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. En este contexto, un limitado acceso a la atención de la salud es componente de la definición de pobreza.
La falta de acceso integral a servicios de salud de calidad contribuye a ampliar las desigualdades y al deterioro general del bienestar de los grupos menos favorecidos. La estadística muestra que las tasas de mortalidad más altas se registran en las comunidades más pobres del país, también son más visibles la desnutrición y las limitaciones físicas que dificultan la participación en la fuerza laboral, lo que reduce ingresos y aumenta la vulnerabilidad económica.
Recientemente el CONEVAL como parte de su informe de la situación de la pobreza en México 2022 señaló que la población que enfrenta carencia de servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022. Este estimado de 30.3 millones de individuos adicionales muestra una gran correspondencia con la desaparición del Seguro Popular de Salud decretada en 2019 —el cual afiliaba a 51.9 millones de personas, 90.1% de los cuales se ubicaba en los primeros dos deciles de ingreso, es decir los más pobres del país— y que intentó ser reemplazado por el INSABI el cual ante la falta de planeación, gestión deficiente y recursos financieros y humanos insuficientes, aunado al negligente abastecimiento de medicamentos terminó siendo desaparecido este año.
Ante el fracaso de la política de dar cobertura a la población no derechohabiente de la seguridad social tradicional (IMSS, ISSSTE Salud, Fuerzas Armadas, PEMEX), que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (ENSANUT) equivale al 48.8% de la población, se trasladaron los servicios al IMSS a través del esquema conocido ahora como IMSS-Bienestar (cuyos antecedentes datan al menos de finales de los años noventa con el IMSS-Solidaridad). Sin embargo, esta concentración en una sola institución requiere además de recursos suficientes, ya que puede verse sobrepasado, de una mayor eficiencia en la atención, la cual a decir de los propios usuarios está en entredicho.
Lo anterior se refleja en la preferencia de los propios afiliados al IMSS de atenderse con proveedores privados de servicios de salud. Según la ENSANUT 2022, el 34.5% de los derechohabientes acudieron a servicios privados (entre ellos los consultorios adyacentes a las farmacias). La misma encuesta muestra que el 60.5% de la población sin seguridad social, cuyos grupos de menores ingresos debieron ser atendidos por el INSABI, recurrieron a los servicios privados.
Esta práctica implica un mayor desembolso de recursos propios para atender la salud, de acuerdo con la ENIGH 2022, el gasto en salud de los hogares mexicanos se incrementó en 30.9% en términos reales entre 2018 y 2022. Cabe señalar que la inflación acumulada de servicios de atención a la salud y cuidado personal significó un aumento de 25% en el mismo periodo.
Este esfuerzo de gasto sin duda es mayor para la población de menores ingresos, cuando se ve en la necesidad extrema de recurrir a ellos, ya que este grupo suele posponer o evitar la búsqueda de atención médica debido a los costos asociados que llegan a tener el estatus de gastos catastróficos y empobrecedores, lo que resulta en diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados, lo que a su vez agrava las condiciones de salud y perpetúa la condición de pobreza.
Convertir el círculo vicioso entre salud y pobreza en uno virtuoso requiere de garantizar y materializar el acceso equitativo a servicios integrales de salud (desde la prevención y detección temprana, hasta la atención completa de los padecimientos) asequibles y de calidad para todas las personas, sin importar su situación económica. Ello implica instrumentar una verdadera política de salud con el involucramiento tanto de gobiernos de todos los órdenes, como de las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas y de investigación y la propia sociedad en su conjunto.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®