Se ha continuado con la polémica, eventualmente en tonos más agresivos, en torno a las opiniones del Presidente Andrés Manuel López Obrador relacionadas con el proceso electoral en el año  que viene. En toda polémica hay razones de los polemistas y lo que puedo opinar sobre el tema es que confrontar ideas es un ingrediente central de la libertad y que la libertad es el elemento decisivo de la democracia. Parece un lugar común, y lo es, pero también es válido y aplicable a nuestra realidad como mexicanos de hoy.

Bajo esta premisa, no voy a opinar sobre si el juez estuvo en lo correcto o no. De ninguna manera voy a entrar a discutir un asunto en el que la subjetividad es un factor que predomina. Toda decisión jurídica es subjetiva y su nivel ético depende de la objetividad de las pruebas para dictarla. Ese es un asunto válido, pero no es, en estas reflexiones, el tema central de las preocupaciones.

Lo que se debe examinar, en este caso, es la legislación electoral vigente en nuestro país. Las leyes respectivas en México han sido cuestionadas por diversos actores políticos plurales, académicos con distinta orientación filosófica y de la opinión pública. Se trata de un cuerpo de leyes restrictivas que, de alguna manera, se oponen a los principios esenciales de un arreglo republicano. Si examinamos bien las leyes electorales mexicanas, nos vamos a encontrar con que, finalmente, violan los principios de la libertad de expresión.

Estas desviaciones jurídicas deben ser corregidas de manera puntual. Se requiere serenar los ánimos y dejar atrás las adjetivaciones en los lenguajes. Se requiere recuperar la libertad para que todos los protagonistas puedan expresar sus opiniones políticas y el Presidente es un protagonista que debe ser el ejemplo para ampliar los libertades con el solo recurso de ejercerlas.  Ya no estamos en tiempos de solamente reconocer las libertades, sino de ejercerlas con mayor amplitud.

La legislación que corresponde a los procesos electorales el día de hoy fue hecha —con un consenso real— para otras circunstancias. Fue hecha para un país que conservaba las secuelas de un partido hegemónico. Se tenía un poder presidencial ilimitado y la figura del “Primer Mandatario” —incluso sacralizada— era un factor de imposiciones: era la última instancia. Esa realidad ha cambiado en todos los sentidos y la situación, por eso mismo, debe ser tratada con diferentes instrumentos jurídicos y una mayor apertura cultural.

En México, todos los gobiernos, o quienes quieran serlo, deben tener un proyecto de Nación. Debe haber una propuesta de Estado, que vaya más allá de los tiempos sexenales. Por eso mismo, son válidas, y necesarias, las propuestas de largo plazo y la Cuarta Transformación es precisamente un proyecto del presente y del futuro mexicano. En ese orden, el Presidente y MORENA tienen todo el derecho de promoverlo o, por lo menos defenderlo. Es un proyecto para construir un país con una equidad cada vez mayor dentro de las libertades.

La Cuarta Transformación es una propuesta política y debe verse como tal. Ya los ciudadanos, definitivamente, decidirán si coinciden o no con ella. Esa coincidencia o disidencia se verá en las urnas en el tiempo respectivo. No es obligatorio aceptar o rechazar una propuesta política, pero debe haber una total libertad para exponerla. Que surjan todas las ideas sobre la Nación y que los mexicanos, ya cívicamente mayores de edad, decidan.

@Bonifaz49