Al reto de la delincuencia organizada en los comicios del año entrante se entrelaza el otro asunto de honda preocupación para la preservación del régimen democrático en el acceso a los cargos de representación popular: la abierta y cada vez más amplia intervención del Gobierno Federal para llevar a cabo una elección de Estado; es decir, la celebración formal de las votaciones con el control de instituciones e instrumentos para asegurar el “triunfo” de las candidaturas oficiales y de sus aliados. En otras palabras, simular elecciones libres, competidas y justas para aspirar a una legitimidad de papel en los resultados a favor de las candidaturas del gobierno y su partido.

En la división presente de las preferencias políticas entre la propuesta oficial y la que formulen la oposición partidaria y la oposición social y a 10 meses de las votaciones, es factible que el atractivo de las candidaturas, la organización y estrategia electorales y de campaña y las propuestas puedan dar la mayoría presidencial a cualquiera de las candidaturas que se postulen. Sin embargo, la actitud del presidente de la República y de su movimiento es flagrante para que la incertidumbre democrática sea una ilusión y no una realidad de la ciudadanía en ejercicio de sus libertades políticas.

Los elementos de ese comportamiento están ante nosotros: (i) el incumplimiento permanente y cínico del Ejecutivo Federal de las limitaciones y prohibiciones que expresamente le impone la Constitución para mantenerse al margen de las cuestiones electorales, de la propaganda política, de la promoción de quienes buscan ser “destapadas”, de la descalificación de otras opciones políticas y la candidatura que presenten. Reformula y alimenta la percepción de estar por encima de la ley;

(ii) el aparato de propaganda gubernamental en el cual se sustenta la aprobación presidencial, que a partir del programa de información y opiniones que conduce casi a diario el inquilino de Palacio Nacional se transforma en mensajes para públicos segmentados a quienes se les refuerza su acrítica fidelidad. Se ha logrado convertir al Ejecutivo de la Unión en un personaje de la televisión y de las redes socio digitales, pues puede ser ignorante de los asuntos, absurdo en sus expresiones, abiertamente ajeno a la verdad de los hechos y falso en los argumentos, pero a quien sus partidarios y simpatizantes no exigen cuentas porque han entrado a la ficción política en la cual vive la figura de su afecto;

(iii) el uso indiscriminado del púlpito presidencial para intimidar, amenazar, descalificar y vituperar a toda persona o institución que no esté de acuerdo con el pensamiento, la narrativa y la versión oficiales, se dediquen a la política, el periodismo o la academia; así como el abuso de las instituciones públicas para perseguir a quienes llama adversarios, pero que en realidad son personas a las cuales da trato de enemigas políticas, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, cuya autonomía constitucional del Ejecutivo no ha podido estrenarse; y

(iv) la tenaz articulación del control de la mayoría de los votos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el primero la renovación de cuatro de sus integrantes, incluida la presidencia, ha producido criterios diferenciados sobre las transgresiones a la ley del presidente de la República, pero sobre todo una conducta ajena a la firmeza que se requiere no para que cumpla la normatividad, sino para precisar los efectos de ello en la candidatura oficial y el resultado, y en el segundo se ha buscado justificar la legalidad de las precampañas y las campañas anticipadas; la renovación de dos magistraturas en octubre entrante pondrá en evidencia el interés presidencial por incidir en el control del órgano, habiéndose acreditado de sobra que si al Ejecutivo no le agradan las personas propuestas, la mayoría oficial en el Senado congelará las designaciones.

No es complicado colegir las razones del presidente López Obrador para impulsar una elección de Estado. Me saltó la idea del Maximato. Por un lado, está el temor a la exigencia de que rinda cuentas en el escenario de la alternancia en el poder ejecutivo o una mayoría opositora en el legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados. Y por el otro, el temor mayor a la exhibición del enorme fracaso de la gestión que asumió en 2018. No hay resultados a la altura de los ofrecimientos hechos y las expectativas auto generadas; no hay sino algunos saldos positivos en el incremento al salario mínimo y en la generación de empleo; y no sólo no hay resultados en los asuntos de mayor apremio e importancia -salud, educación, seguridad y condiciones de igualdad-, sino que hay inmovilismo (como en la corrupción) y retrocesos sensibles (como en la expectativa de vida y el combate a la pobreza).

En el gran escenario, los agentes esenciales del poder -grandes empresarios, Fuerzas Armadas e inversión extranjera- parecen haber aprendido a vivir con el personaje presidencial mexicano; en tanto sus intereses estén a salvo, no harán declaración ni acción alguna para denunciar y resistir la elección de Estado. Es algo propio de su naturaleza y a ella serán leales. Por eso les resulta irrelevante la falta de personalidad e ideas del conjunto en el cual López Obrador resucitará el dedazo.

Ello indicaría que el escenario de las oposiciones es eminentemente electoral. Los antídotos a la elección de Estado se ubicarían en las capacidades de organización y conformación de las estructuras para hacer campaña y para hacer proselitismo más allá de las presencia de las personas candidatas; la actuación amplia en el territorio y estratégica en los medios electrónicos y las redes socio digitales; la presentación fundada de quejas y denuncias por las transgresiones a la ley de los gobiernos a cargo de militantes de Morena; y el seguimiento puntual de la actuación de las autoridades electorales conforme a la normatividad. Estar, actuar, denunciar y hacer que se perciba si estamos ante una elección de Estado o democrática. La sociedad organizada puede desmantelar la elección de Estado. Tal vez es la tarea clave que el Frente Amplio por México pensó cuando diseñó el cargo de la persona responsable de su construcción.