En una concepción ortodoxa del proceso político, parecería contraindicado que la administración federal incorpore al debate público la polémica sobre los libros de texto gratuito (LTG). En los hechos la temporada electoral arrancó en la semana posterior a las votaciones del 4 de junio último en los estados de Coahuila y de México; y en unas semanas iniciará formalmente el proceso electoral federal 2023-2024.

Para el año lectivo coincidente se estrenarán los nuevos LTG, que han sido materia de toda clase de comentarios; los más relevantes deberían ser los pedagógicos y sobre la pertinencia de los contenidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de quienes cursarán algún grado de la educación básica.

Sin embargo, como resulta previsible, la discusión es intensamente política en la sociedad polarizada que hoy tenemos. Al ir a los comicios y en las etapas de la presentación de propuestas y luego de candidaturas, es sólo natural resaltar las distinciones, las diferencias y los contrastes para atraer a quienes tienen el derecho al sufragio activo. En la parte política de nuestra sociedad los bloques antagónicos se establecieron con demasiada anticipación por la concepción excluyente de la pluralidad con la cual ejerce su mandato el presidente de la República.

Desde luego que la transferencia al campo político de los problemas o su politización es algo positivo. Si la sociedad toma nota y se involucra en la reflexión, la discusión y las expresiones públicas de diversa índole sobre las cuestiones que inciden en su entorno, su acceso a mejores condiciones de vida y su futuro, se incrementará el nivel de exigencia hacia las personas titulares de funciones públicas y la correspondiente rendición de cuentas.

Aun tratándose de una herramienta fundamental para hacer factible el derecho a la educación y su función como espacio privilegiado para el cambio social regido por el valor de la igualdad, ¿es eso lo que está ante nosotros? ¿Estamos ante una politización de un asunto de evidente interés general y profunda carga social? ¿Podríamos considerar que el conjunto de nuestra sociedad se ha adentrado o se está adentrando en este debate y exigió o exigirá al gobierno que responda y, en lo conducente, escuche y adecue lo necesario?

Me temo que no. Lo que aparece en la observación de la cuestión es el enésimo asunto para mantener y ahondar la división -e incluso fractura- de la sociedad mexicana. Y significativo que sea en una vertiente, relevante pero no definitiva, del proceso educativo en un Estado que desde 1917 estableció el derecho a la educación primaria gratuita como función pública. Hay olvido de las personas docentes y de sus estudiantes.

Parece que -como va siendo la regla- estamos ante una deliberación en y para la cúpula con tendencia a las posiciones irreconciliables en la disputa política. No exculpo las ilegalidades, inconsistencias y errores que se han expuesto y documentado en los LTG, pero sugiero detenernos en el método -por llamarlo así- con el cual se plantean, analizan y procesan las cuestiones de interés público en las actuales clases dirigentes.

Así, se desprenden una trayectoria y un subproducto. La primera es la afirmación de la confrontación desde Palacio Nacional; quien opina distinto, cualquiera que sea el argumento y la propuesta, es descalificado y no falta quien entra a la competencia, como el peculiar dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, para escalar la polarización con recomendaciones -mutilar los libros- propias de su anhelo de dar nota y no de una reflexión sobre el derecho a la educación y el interés superior de la niñez.

Y la segunda, el escenario para escalar el ejercicio de la propaganda gubernamental como la arena del régimen. Es el deja vu de la pandemia de la covid 19, donde a pesar de la información objetiva del exceso de mortalidad y la responsabilidad de la administración federal, la mayoría de la población estima que su actuación fue satisfactoria. Para defender los nuevos LTG habrá ahora una serie de presentaciones y conferencias.

No se trata de convencer de la calidad y pertinencia de los textos o de su planeación, redacción, revisión y edición con apego a la ley y las consideraciones pedagógicas plenas, sino de reforzar entre las personas simpatizantes del régimen la aceptación de sus decisiones y la descalificación de cualquier crítica porque es malintencionada.

Se afirma la confrontación política con miras a las votaciones de 2024, no el compromiso con el derecho a la educación. Éste, como ha ocurrido con otros ámbitos de las responsabilidades públicas, queda sujeto a la disputa política y, más preciso, por los votos. La hiper-politización en las cúpulas sin planteamientos para apreciar el problema y resolverlo.

Al final, parecerían apreciarse dos mundos distintos: el de las clases dirigentes donde se busca imperar con base en la preferencia ciudadana, y el de la mayoría de la sociedad dominada por el reto de la subsistencia, dada la precariedad de sus ingresos. En aquéllas un punto clave no conciliable: el régimen como adalid de las personas más vulnerables y su justificación de no sujetarse a la ley porque es injusta, y las oposiciones con la legítima defensa de la ley, la pluralidad y la vía democrática. Y en las segundas una distancia real de ese enfrentamiento político, porque su prioridad es otra: el apremio del gasto familiar.

Se entiende la encrucijada porque la definición de los votos validará una u otra posición en el mandato que produzcan los resultados de junio próximo, con la tentación y acaso la tendencia a interpretarlos como la autorización para profundizar las diferencias y no para ir a la convivencia democrática entre quienes piensan distinto.

La voluntad de las personas ciudadanas en las urnas pende de la emoción: ¿la de la continuidad del compromiso por reconocimiento y gratitud?, o ¿la del cambio por la esperanza de mejorar? ¿Quiénes y cómo pueden generar esas emociones excluyentes en la mayoría que vive al día?