De la mano de la simulación asumida por el partido oficial y sus aliados y continuada por los coligados de Va por México en 2021, avanzan los “procesos políticos” para la designación-elección de las personas que, respectivamente, serán postuladas en las candidaturas presidenciales para la jornada del 2 de junio de 2024.

Toda vez que las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales optaron mayoritariamente por no reconocer que no estaban ante el ingenio de ambos bandos, sino ante actos que violan las normas del proceso electoral federal, el país fue instalado en el escenario diseñado, aceptado y seguido por las dirigencias políticas en cuestión, cuyos denominadores comunes hoy son la baja cultura de la legalidad y la ausencia notoria de ética en los asuntos públicos.

Con la salvedad del debate al interior de Movimiento Ciudadano entre participar con una candidatura propia o sumar su representatividad y convocatoria a la propuesta del Frente Amplio por México (FAM), quienes recibieron la consideración del presidente de la República para promocionarse en búsqueda de su designación a cambio de concurrir al reparto de los premios por participar, y quienes avanzaron hacia la segunda encuesta de la consulta entre quienes se han inscrito o se inscribirán a tiempo para votar (se cierra el lunes 20 del actual), entran a la convivencia con la realidad de cada ejercicio. Son, desde luego, realidades diferentes.

En Morena el clarín lo ha hecho sonar Marcelo Ebrard Casaubón al denunciar el uso de recursos públicos y del aparato gubernamental para favorecer a Claudia Sheinbaum Pardo, y exigirle a la dirigencia nacional de ese partido que actúe para que en la recta final del proceso -el levantamiento de la encuesta- no se incurra más en esos comportamientos. Sus declaraciones son una joya; por lo que dice y por lo que calla.

Unas pinceladas de lo primero: la cargada del aparato gubernamental emanado de Morena en la Federación, las entidades federativas y los municipios y alcaldías estaba presente desde noviembre de 2022; la contratación, pago y difusión de resultados de encuestas falsas, porque en aquellas de las que él dispone hay competencia y su rival no va adelante o la ventaja no es definitiva; la reducción de la competencia por la nominación entre quien ha aparecido siempre como favorita presidencial y el ex-canciller denunciante; y, cada vez con menor eufemismo, el reconocimiento de que el 6 de septiembre Morena dará a conocer el nombre de quien -de acuerdo a las encuestas que respeta- posiblemente tenga a su cargo el poder ejecutivo federal en el período 2024-2030.

Refrendo, una joya: acusación y ¿reconocimiento? de la realización de actos anticipados de precampaña antes del invento del proceso para designar a la persona coordinadora de la defensa de la llamada cuarta transformación; denuncia y ¿reconocimiento? del uso de recursos públicos en beneficio del partido oficial y en detrimento de la equidad en las tareas político-electorales; la denostación de las “casas encuestadoras”, pero sin el valor civil de señalar cuáles y por qué; la estrategia de ofender a los otros cuatro participantes, posiblemente en el ánimo de la “respuesta útil” en la encuesta que por ahora no descalifica, y la aceptación de que el proceso en el cual participa se debate entre la simulación y el fraude a la ley.

Sólo una cuestión de lo que calla, pero que prolonga la simulación y evade su realidad. No hay más destinatario de su queja que Andrés Manuel López Obrador. Nada de lo que señala ha ocurrido o pasa sin la acción o la anuencia del inquilino de Palacio Nacional. Entonces, ¿qué irá a ser? ¿Asumir que en la simulación aceptó las premisas y las reglas por así convenirle y sólo dejar testimonio de la inconformidad ante el resultado desfavorable que se dibuja? ¿O amagar con el rompimiento factible, debilitar la opción oficial y buscar cobijo y hasta protagonismo en otro techo? Un reconocimiento sí habría que hacerle: por algunos momentos ha generado interés en una charada de bostezo y ha desnudado cómo jugará el presidente en el proceso: sin límite legal ni ético.

En el FAM la vertiente de la simulación -así se justifique como obligada por el adelantamiento de la precampaña de la coalición oficial- tiene también un reconocimiento al pragmatismo útil: la reducción de las personas aspirantes a un número razonable para medir y comparar.

También cabe recapitular algunas pinceladas de su realidad: un número -hasta ahora- bajo de personas registradas para participar en la “consulta” del 3 de septiembre entrante, donde al corte del 8 del actual para establecer quiénes reunieron el mínimo de 150,000 simpatizantes con la dispersión requerida en la República resalta el bajo interés de la ciudadanía sin militancia frente a la participación de quienes se manifestaron a partir de las estructuras partidistas o propias: el apoyo ciudadano fue muy mayor para Xóchitl Gálvez, el de origen partidario para Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Creel y el logrado a través de promotores fue para quienes alcanzaron el número mínimo pero no la dispersión. La traducción: sigue la estrategia para el sentido de la votación de los dos bloques “no ciudadanos”.

Y, por otro lado, la doble encuesta -en vivienda y telefónica- para encontrar a quienes avanzaron a la última etapa. Habrá explicación del por qué, pero en la primera -con valor de 70%- Xóchitl Gálvez tiene 32 puntos y Beatriz Paredes 29 y en la segunda -el 30% del valor restante-, aquélla tiene 51 puntos y ésta 17. Con menor valor, pero aparece un desequilibrio en la telefónica. Además, la opacidad sobre la metodología, lo que abona al propósito último de la encuesta que hará Morena para cubrir la decisión presidencial.

Es la recta final. Quienes compiten saben que la persona finalista de cada campo irá a una contienda entre dos o entre tres (MC) y todo cambia porque la ciudadanía verá reducido el margen para optar. Por ello, la pregunta de esta antesala puede ser ¿qué tipo de candidatura proponer? O ¿cómo conciliar una candidatura con popularidad y capacidad para el gobierno?