Hace mucho que la forma política de proceder del inquilino de Palacio Nacional parece no asombrarnos y tampoco sorprendernos. No maravilla ni es inesperada. Rutinaria y predecible en la machacona retórica de reducirlo todo al punto de vista propio, donde cualquier otra información u opinión que no coincidan con las propias resultan falsa o mal intencionada. En la administración pública de la propaganda sólo hay una voz, una verdad, una realidad: la que emana del programa de difusión y propaganda gubernamental que usa el disfraz de una conferencia de prensa.

En ese tren de conducta, el Ejecutivo Federal olvida por enésima vez que protestó cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan con el propósito de mirar por el bien y prosperidad de la Unión. En la Ley Fundamental están depositados valores, inscritos principios y decretadas normas para la convivencia política de nuestra comunidad nacional en su pluralidad.

¿Cómo se organiza esa convivencia? Con el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas y la organización de la energía social en el poder público, a partir de ciertas ideas, básicamente la dignidad de las personas, la igualdad esencial de cada una de ellas y el imperio de la justicia en sus relaciones.

De ese núcleo y su evolución para ir del absolutismo -sujeción de las personas al poder del monarca- al constitucionalismo -sujeción del poder al orden jurídico-, parte el sustento de la concepción y organización del poder en nuestra Nación. Lo básico de la cultura cívico-política del Estado Mexicano: (i) la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, del cual emana el poder instituido para beneficiarlo (artículo 39); (ii) la voluntad del pueblo es conformar una República, representativa, democrática, laica y federal (artículo 40); (iii) el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de las entidades federativas (artículo 41); (iv) las personas ciudadanas disfrutan y ejercen el voto para elegir representantes que ejercen funciones normadas (artículos 35, fracción I; 41; y 124); y (v) el poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial (artículo 49).

Si el poder del Estado es del pueblo, si su organización atiende al principio democrático y el carácter representativo, si se ejerce por los poderes de la Unión y si éstos se confieren temporalmente a sus titulares por elecciones directas o indirectas, ¿por qué el presidente de la República es incapaz de superar las diferencias que surgen por el ejercicio de funciones pensadas en los frenos y contrapesos de la separación del poder público, en ocasión de actos del calendario cívico nacional?

Es cierto que desde el inicio del mandato presidencial que le fue conferido, su titular ha sujetado las tareas de la jefatura del Estado y de la jefatura del Gobierno al interés político del movimiento que lo postuló e incluso al interés personal, pero ello no es razón para que dejemos de preocuparnos por una muestra adicional del temperamento intolerante y autoritario con que actúa.

Cierto es que el diseño de nuestras instituciones y el sistema presidencial sólo establecen la reunión o la convergencia de los poderes en actos excepcionales, como la protesta constitucional del presidente ante el Congreso (llamémosle ordinaria) o ante quien presida la Suprema Corte (llamémosle excepcionalísima); pero también es cierto que la unidad esencial del Estado se ha vinculado a la realización de ocasiones de esa naturaleza, como las conmemoraciones cívicas, las visitas de Estado y de gobierno de mandatarios extranjeros y la presentación de informes de la gestión.

Nuestro calendario para izar el Lábaro Patrio contiene 55 fechas conmemorativas. Todas son relevantes y atienden a un aspecto particular de los hechos que nos han cincelado como República, pero sin duda destacan como las más significativas en términos de cimentar la identidad nacional, la conmemoración del Grito de Dolores y el inicio de la Guerra de Independencia, cuyo origen y trayecto ha consolidado la fiesta de recrear las arengas de Hidalgo en la noche del 15 de septiembre y la realización de un desfile militar en las capitales federal y de las entidades federativas.

No hay duda de que el Palacio Nacional es un bien asignado al servicio del poder ejecutivo y que la ceremonia del Grito se lleva a cabo desde su balcón central, sitio en el cual se observa el desfile del día siguiente y que ello implica responsabilidades en la organización y la convocatoria, pero no como una decisión administrativa sino como un acto político: ¿abrir a la mayor representatividad del rico mosaico nacional, empezando por la representación de los poderes legislativo y judicial, o restringir la asistencia de la diversidad política y de otros titulares de poder público?

Regreso a la preocupación que levanta la actitud del presidente de la República, quien parece confiar en que no habrá reflexión que trascienda por lo distante que para la mayoría de la sociedad están los poderes legislativo y judicial y por el gigantesco aparato de propaganda a su servicio. Para el Ejecutivo Federal no pasaría de ser una cuestión que sólo importa al sector más informado y analítico de nuestra sociedad. En principio, tal vez la razón le asista.

Sin embargo, en la era de la comunicación digital en tiempo real esos hechos son materia de politización: si se excluye a quien representa al Poder Judicial porque éste -que tiene múltiples órganos y muchos son colegiados- resuelve en contra de las decisiones del presidente de la República por violar la Constitución, ¿qué le espera a la persona que discrepa del Ejecutivo y legítimamente opta por hacer la defensa de sus derechos? Si se excluye a quien representa el voto que conformó las Cámaras en la dignidad de quienes fueron electas por sus pares para presidirlas y aun cuando en el Senado es una persona que milita en el partido del gobierno, ¿qué le espera a quien piensa y opina distinto a lo que interesa al mandatario ejecutivo federal?

Si a quien tiene facultades en un poder no se le reconoce el trato que le corresponde, exigir el respeto a la dignidad propia por cada persona ciudadana es indispensable para eludir la arbitrariedad y el abuso presidenciales.