Mientras el gobierno federal asegura que los acontecimientos violentos en Guerrero son una reacción de las bandas del crimen organizado a los operativos que se realizan en su contra, la lectura de los hechos apunta a que las organizaciones vandálicas buscan poner el Estado a su servicio además de ajustar cuentas por la ruptura de pactos que estaban vigentes.

En menos de un mes dos funcionarios de la Fiscalía General de Guerrero y una de la General de la República fueron objeto de agresiones directas con un saldo de dos muertos.

La secretaria de Gobernación aseguró que no hay un modus operandi en los tres casos, pero todos ellos hay un mensaje de represalia e intimidación que no puede ocultarse y perfila una escalada mayor.

Los resultados de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 indican el 76.7 por ciento de la población mayor de 18 años consideró inseguro a Guerrero

El corte de información más reciente representa un incremento respecto a la Envipe 2022, cuando 73.9 por ciento consideraba inseguro al estado. El periodo de referencia para la información en lo relacionado con la percepción de inseguridad y desempeño de autoridad, comprende de marzo a abril de 2023, en tanto que el periodo para victimización, involucra de enero a diciembre de 2022.

Los datos precisan que 67.6 por ciento de los guerrerenses perciben inseguro su municipio o demarcación territorial, mientras que el 30.5 consideran insegura su colonia o localidad.

Y  es que una serie de incidentes que ponen en entredicho la seguridad en Guerrero. Se han registrado una serie de ataques registrados en Guerrero contra mandos y agentes de dependencias y órganos de seguridad y procuración de justicia, con un total de 16 muertes de este tipo en los últimos siete meses ello ilustra el poder invisible de la mafia en Guerrero.

El 9 de septiembre en Coyuca de Catalán fue asesinado Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de la Tierra Caliente, mayor de Justicia Militar quien tenía apenas tres días de haber ocupado el cargo.

Salas Cuadras fue secuestrado de domicilio por un comando que se desplazó en camionetas de lujo. Su cuerpo fue localizado en el pueblo de Jaripo a 20 kilómetros de la cabecera municipal a un costado de la carretera federal en dirección a Zihuatanejo con 50 impactos de bala.

Salas Cuadras es parte del círculo de Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Fiscal General del Estado, la cual aspira a un ascenso en la jerarquía militar.

El 28 de abril fueron asegurados varios vehículos de lujo y alto costo propiedad de capos integrantes de la Familia Michoacana encabezada por los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga en Guerrero. Salas Cuadras dirigió el operativo. La acción oficial desató bloqueos de carreteras durante cuatro días en los que participaron transportistas y alcaldes, contra los cuales se iniciaron carpetas de investigación.

Los alcaldes que apoyaron el bloqueo señalaron arbitrariedades de la Fiscalía y las corporaciones de seguridad. Fue necesaria una reunión de los alcaldes con Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad. A la fecha fuera de los datos aislados sobre obras públicas, no se sabe si la negoción incluyó la devolución de los vehículos o no. No se han hecho más menciones al respecto

Los vehículos decomisados estaban en una bodega, camino a un depósito de la Fiscalía estatal, cerca de Chilpancingo.

Salas se había reincorporado a la Fiscalía Regional de Tierra Caliente, tras varios meses en la Fiscalía Regional de Tlapa. Había sido amenazado por el crimen organizado hace seis meses y en esa ocasión incluso tuvo que retirarse de la región escoltado por personal militar y de la Guardia Nacional.

El 21 de agosto un grupo de hombres armados ingresó a la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán, Guerrero, para privar de la libertad a Jacqueline Salgado González, titular del Ministerio Público. Fue retenida durante 24 horas y después liberada. La titularidad del Ministerio Público quedó abandonada y la fiscal regional solicitó su cambio.

El 12 de septiembre sujetos armados asesinaron a Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo. García Fernández llegó a la delegación de la FGR en 2018, cuando el gobernador era Héctor Astudillo Flores, -del PRI-. Las pistas en esos casos conducen hacia el grupo delictivo la Familia Michoacana y a Los Ardillos, en el caso del que era delegado de la FGR.

El 6 de agosto, un grupo armado mató a tres policías municipales de Juan R. Escudero y al secretario de Seguridad de ese municipio, Juan Carlos Vitrago.

La noche del 6 de setiembre un grupo de individuos arrojaron un artefacto explosivo, al parecer una bomba molotov, en el Zócalo de la plaza Juan Álvarez de Acapulco, Guerrero dejando como saldo cuatro personas lesionadas. En un principio las autoridades señalaron que fue un corto circuito.

A las 5 de la mañana del 7 de septiembre un hombre armado abrió en contra las personas que se encontraban en el “Bar Mad” ubicado en la Condesa sobre la Costera Miguel Alemán dejando un saldo de una mujer muerta y ocho personas heridas. Versiones de los testigos indican que el sujeto armado  disparó directamente a la mujer, que iba vestida de negro.

Homicidios, enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos son algunos de los hechos de violencia que se han registrado durante los ochos meses de este año en Guerrero.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que en el primer semestre de este año se han registrado 800 homicidios dolosos en el estado, lo que representa un incremento de 20 por ciento respecto el mismo periodo del año anterior.

El 11 de septiembre en Acapulco fueron localizados cuatro cuerpos desmembrados de un hombre y una mujer en un taxi. Uno de los hombres murió a golpes y los restos de la mujer fuer esparcidos en la colonia Progreso y en las inmediaciones del mercado central. Hubo varias cartulinas cuyo contenido no fue revelado.