El grave deterioro de la seguridad pública existente en Guerrero continúa profundizando y prende un foco ámbar en la gobernabilidad. No solo se trata de exageraciones de quienes se oponen a la clase política que actualmente gobierna a la entidad, sino de realidad de un estado de descomposición en la estructura institucional del aparato de seguridad y justicia.
No solo se trata de la cadena de hechos violentos en contra de funcionarios del sistema de justicia en la entidad. También en el caso Iguala, con nuevos bríos, se revive la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa como bandera política en la víspera de que se cumplan nueva años del acontecimiento sin encontrar solución.
El 18 de septiembre, como parte de la jornada de protesta que mes a mes realizan normalistas, padres de familia de los jóvenes desaparecidos y grupo afines, efectuaron una marcha en Iguala que comprendió la zona en donde habrían desaparecido los estados el 26/27 de septiembre de 2014.
En ese trayecto retuvieron una camioneta de una empresa privada con la que impactaron contra la fachada de la sede del 27 Batallón Infantería. El vehículo fue incendiado después de estrellarlo. En estos actos también participaron integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM).
También lanzaron algunos petardos a la sede militar que respondieron elementos de la Guardia Nacional con gases lacrimógenos. El 14 de septiembre en Chilpancingo, igualmente efectuaron actos vandálicos en la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, donde protestaron por la misma razón.
En el mitin previo también participaron integrantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas. Uno de los oradores dijo: este batallón está manchado con sangre, este Ejército en todo momento sabía qué estaba pasando con nuestros compañeros, no lo pueden ocultar luego de los informes de GIEI, ahora sabemos que el Ejército tenía infiltrados en Ayotzinapa. “A qué le tienen miedo, si esta es una institución educativa… se jactan de cuidar a los ciudadanos pero son los que se encargan de desaparecer”.
Desde la fecha del acontecimiento, los estudiantes, las madres y los padres de los 43 normalistas señalan al Ejército como uno de los responsables directos de las desapariciones de los muchachos y esta teoría se vio reforzada con el último informe de los integrantes del Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI).
El reclamo es que no hay investigaciones y ni acción penal alguna contra los militares que habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador además de que consideran incumplida la promesa de esclarecimiento del caso.
De hecho desde 2020, los grupos radicales en la entidad marcaron su distancia respecto al gobierno de la 4T, entre ellos los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
La noche del 14 de septiembre fueron atacados a balazos, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, Vice fiscal de Investigación, y Rafael Sosa Lagunes, Director de Investigación, en el estacionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), los agresores conducían un automóvil Aveo blanco con vidrios polarizados. Sosa Lagunes repelió la agresión disparando su arma corta calibre 9 mm.
Esta agresión ocurrió en la misma semana en la que fue asesinado Fernando García Fernández, delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Guerrero. La noche del n9 de septiembre fue asesinado Víctor Manuel Salas Cuadras, Fiscal Regional en la zona de la Tierra Caliente.
Pero además existe un malestar contra la Fiscalía General pues los familiares de la victimas de homicidios consideran que no ha respondido a las demandas de investigar estos crímenes y dar con los responsables materiales e intelectuales.
También en su interior existe distanciamiento entre los funcionarios de la Fiscalía y los familiares que han interpuesto denuncias incrementan la desconfianza y la desinformación sobre los avances de las investigaciones.
La falta de personal suficiente para proporcionar asesoría jurídica a las familias de las víctimas propicia la indefensión. Tienen que buscar por sus propios medios a un abogado o persona de confianza que les ayude a interponer la denuncia.
Por otro lado, grupos de la delincuencia organizada han incrementado sus acciones violentas en las regiones donde disputan el territorio, el control de las presidencias, los negocios lícitos e ilícitos, así como el cobro de piso, las extorsiones y los secuestros. Ellos actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población.
Figuran también las disputas entre las bandas criminales. El Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y Sangre Nueva que disputan la plaza en la Costa Grande; la Familia Michoacana ha tomado el control territorial de los municipios de Tierra Caliente, sin embargo, no cesa la disputa con Los Tequileros, el Cartel Jalisco Nueva Generación y Caballeros Templarios. Los Rusos han aparecido como el grupo que se ha impuesto en el puerto de Acapulco peleando las colonias con el Cartel Independiente de Acapulco, así como el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En las ciudades de Iguala y Taxco hay una lucha encarnizada entre el grupo de La Bandera y Los Tlacos. El grupo de los Ardillos ha consolidado su presencia en la zona centro, en la Montaña baja y alta del estado de Guerrero.
Todo ello da un panorama, a grandes rasgos, de la descomposición en materia de seguridad pública que pude generar episodios de ingobernabilidad en Guerrero.