Ante la creciente violencia, los ataques por drones y balaceras que han provocado el desplazamiento de personas, más de mil pobladores de 40 pueblos del municipio de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, en la Tierra Caliente de Guerrero, decidieron tomar las armas para enfrentar al grupo delincuencial de la Familia Michoacana el cual s desde el jueves pasado intenta incursionar al poblado de Linda Vista y Plan Verde, en el filo mayor de la sierra de la entidad.
Las organizaciones de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, emitieron un comunicado dirigido al presidente a Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dónde hacen notar que responderían ante las amenazas de los presuntos pistoleros.
En opinión de Juan Nazario, actual comisario de Linda Vista, el ataque de La Familia Michoacana hacia las comunidades de la sierra no es por la droga, sino para el saqueo de madera, la introducción y llegada de empresas mineras, así como la extracción de agua en esa zona.
El ataque inicial de los sicarios de La Familia Michoacana a la comunidad cobró la vida de Hugo Cortés Barragán ex comisario de Linda Vista de 24 años de edad.
Los sicarios llegaron desde el 30 de agosto para intentar tomar el pueblo, pero hace dos semanas se dio el primer ataque, cuando desde un dron lanzaron un explosivo a un campo de cultivo. Decenas de familias se han desplazado a localidades de la sierra o a la costa. En la iglesia se refugian mujeres y niños.
La violencia provocó el desplazamiento de decenas de familias de esta población y de la aledaña Plan Verde y de rancherías cercanas, algunos huyeron hacia la Costa Grande, otros se quedaron en comunidades como Toro Muerto donde se informó que ayer había 30 refugiados, de los cuales 20 son niños y bebés de cero a 12 años.
Ese grupo criminal ocupaba los municipios de Pungarabato, Arcelia, Tlapehuala, parte de San Miguel Totolapan, Tlalchapa, y parte de Coyuca Catalán, ahora está en gran parte de la zona Norte: Teloloapan, Taxco y Pedro Ascencio de Alquisiras.
Se estima que entre 200 y 300 delincuentes están llevando a cabo los ataques contra el pueblo, sembrando el miedo y la incertidumbre en la población. Además de los enfrentamientos armados, se han lanzado bombas en la zona, lo que ha aumentado el riesgo para los residentes.
Los residentes de Linda Vista han expresado su frustración y decepción ante la aparente falta de apoyo por parte de las autoridades, a pesar de que estas son conscientes de la situación. Han solicitado ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador mediante una solicitud por escrito, destacando que muchos de ellos votaron por él y esperan una respuesta eficaz y urgente para restaurar la paz y la seguridad en su comunidad.
La ausencia del Estado en las zonas rurales de la entidad, ya por incapacidad o por abandono, dieron lugar a expresiones armadas de civiles, en la mayoría de los casos sin éxito.
En distintas ocasiones, pobladores de comunidades rurales de la entidad se han levantado en armas para enfrentar a los grupos delictivos sin que se haya logrado una solución al problema de inseguridad.
A pesar de las hay diferencias importantes entre ellos, las expresiones autoritarias una vez que estos grupos se han empoderado, han dado lugar a un protoestado. No es lo mismo La Comunitaria de Guerrero –surgida y armada por decisión colectiva de las comunidades– que los grupos de autodefensa de ciudadanos hartos de la inseguridad, que las guardias blancas, policías rurales o paramilitares entrenados por el Ejército.
Hay grupos que surgen de las entrañas de las mismas organizaciones criminales. Pero también existen algunas que se constituyen por iniciativa ciudadana y eventualmente son infiltradas por miembros de la delincuencia.
El 5 de enero del 2013, pobladores de siete municipios de la región de la Costa Chica del estado de Guerrero decidieron conformar un movimiento civil armado para la autodefensa de sus familias y combatir al crimen organizado.
San Marcos, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, fueron los municipios considerados como focos rojos en esa zona de la entidad.
Pero 17 años antes, la Policía Comunitaria se formó ante la necesidad de autoprotección. Se preveía desde entonces que si el Estado no llevaba a cabo una reforma estructural de las policías, depurando sus cuerpos policiacos que tienen vínculos con el crimen organizado el esquema se iba a multiplicar y así fue. Llegaron a operar más de 23 grupos de civiles en armas abarcando el 70 por ciento del territorio en la entidad.
Entonces, Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado (PRD), afirmó que con esas acciones quedó demostrado que el pueblo es más eficiente que el Operativo Guerrero Seguro. A Ortega Jiménez se le atribuye el liderazgo del grupo delincuencial Los Ardillos.
En 2020 y 2021, en la Montaña baja de Guerrero, particularmente en Alcozacán y Ayahaltempa, la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) hizo marchar a decenas de niños de 8 a 12 años portando rifles de bajo calibre, vestidos con uniformes verde olivo y en algunos casos, los menores utilizaban palos para enfrentar a las bandas criminales.
El 5 de enero del 2022, la policía comunitaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín De Herrera, advirtió que, si en ocho días no existe respuesta por parte de las autoridades del Gobierno del estado, se comenzará a armar a 70 niños comunitarios e, incluso, las mujeres de la comunidad tomarán las armas.
El 13 de marzo de este año, pobladores de la región Tierra Caliente de Guerrero, advirtieron que se levantarían en armas el 10 de abril para combatir al grupo delictivo que lideran los hermanos Jonhy y José Alfredo Hurtado Olascoaga y emplazaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a garantizar seguridad a través de la Guardia Nacional, para evitar el movimiento armado.