Se juega demasiado la Nación Mexicana en el proceso electoral que ha iniciado con este septiembre. No es sólo el acceso al ejercicio del poder por la vía democrática, sino la manera en la cual está llamada a resolverse la disputa por la forma y el fondo de la conducción del Estado: populismo o pluralismo.

En ningún momento de la gestión en marcha el presidente de la República y autoreconocido líder del movimiento político que lo llevó al cargo, ha dejado de señalar que la diversidad política ajena a quienes se han declarado sus aliados son personas sin las cualidades para asumir responsabilidades públicas.

Así, en la simplificación que es útil a la propaganda del régimen, esa pluralidad es estigmatizada y vilipendiada sin la posibilidad de ser escuchada o tomada en cuenta. El diálogo, los entendimientos y los acuerdos necesarios para la convivencia democrática entre pensamientos y propuestas diversas se convierten en anatema.

Dos procesos políticos para construir las postulaciones de las candidaturas presidenciales del oficialismo y de la agrupación de sus principales opositores han culminado con la presentación de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz como responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM) y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

En la sucesión adelantada tomó asiento la simulación; la tensión ha corrido por todos los espacios vinculados con los asuntos políticos o electorales, poniéndose en riesgo el funcionamiento de las instituciones a cargo de los comicios, porque el terreno cierto de lo que la ley sustenta sucumbió ante el ímpetu de hacer lo que no soporta, porque los principales actores políticos fueron más amigos de privilegiar una actuación de facto que de la sujeción a la ley.

Quizás ya no preocupe el mal comienzo y la pico-largada del inquilino de Palacio Nacional, ni la conclusión del FAM de que argumentar el respeto a la normatividad sólo derivaría en mayores daños a partir del atropello inicial, sino la “regularización” de conductas que imponen tiempos, cauces y criterios no previstos e incluso limitados o prohibidos por la ley.

Definidas esas dos candidaturas, ¿qué hacer y cómo hacerlo entre el inicio de septiembre y el arranque de las precampañas? ¿Éstas tendrían sentido para las formaciones partidarias de los dos bloques, cuando las candidaturas ya se definieron? ¿Seguirán en la veta del ingenio para promover el registro de precandidaturas de paja y extender la vertiente de la simulación? Nuevamente en los hechos, en Morena y sus aliados, así como en el FAM, la precampaña se ha realizado y ha concluido, pero también ha arrancado la campaña que formalmente abriría hasta el inicio de marzo del año entrante.

Es mucho tiempo, pero así lo quiso y lo forzó el Ejecutivo Federal. Tiempo que tiende naturalmente a favorecer a la candidatura con menor conocimiento por la ciudadanía, como una campaña corta apunta a beneficiar a la candidatura más conocida o en mejor posición al momento de su arranque.

Cambiarán las coordenadas y los referentes. Se intuye que se olvidará el adelantamiento de ambos bloques y que poco importará para la candidatura del FAM si al final no se realizó la consulta con la participación directa de las personas ciudadanas que se registraron para hacerlo; en el trayecto permanecerá que la senadora Gálvez obtuvo legítimamente la postulación por el entusiasmo que ha despertado en la ciudadanía sin militancia partidista.

Y también pasará al estanco de lo que no trasciende si es fidedigno el resultado de la encuesta de Morena y las otras contratadas como espejos para abonar a la credibilidad, ante la consideración colectiva de ser la vestimenta de la decisión vertical del presidente de la República.

Ahora, lo estrictamente electoral, importará consolidar y ampliar el conocimiento de las personas electoras sobre quiénes serán las candidatas, capturar la preferencia y lograr la expresión del sufragio. Otra cosa es la propuesta para razonar la formación del mandato con el respaldo de la votación. En un extremo, el misterio de un programa de gobierno de coalición y, en el otro, la certeza de la continuidad de la concepción hoy presente en el gobierno.

Falta, desde luego, la determinación que hará Movimiento Ciudadano (MC) sobre la forma en la cual concurrirá a la elección presidencial y sus consecuencias para la renovación del Congreso General y las distintas y variadas elecciones locales. Será una decisión relevante por el antecedente de la deliberación interna más inmediata y la división que ha generado, así como por los efectos en la elección presidencial.

No es menor la disyuntiva entre optar por una candidatura presidencial propia cuando su fortaleza en el territorio sólo es clara en tres entidades federativas (Jalisco, Nuevo León y Campeche) y el financiamiento público para una campaña presidencial es insuficiente para alcanzar el tope de gasto que se permitirá; y la participación en el bloque plural de las oposiciones.

¿Puede incrementarse el porcentaje de la votación para crecer como opción política? ¿O una elección sin una real tercera fuerza privilegiaría a la segunda en su competencia con la que encabece? En 2012 MC formó parte de la coalición Movimiento Progresista con el PRD y el PT, que obtuvo 31.61 por ciento de los votos, sin la distinción de cuantos se depositaron por cada partido. Y en 2018 concurrió junto con el PAN y el PRD en la coalición Por México al Frente y obtuvo 1.79 por ciento de los sufragios. ¿Está a la mano de MC refrendar el 7.01 por ciento de la elección federal de 2021?

En la disputa política por la construcción democrática de la Nación, ¿cuál es el peligro mayor? El Presidente Municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, razona al declinar contender por la presidencia: “porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México.” ¿Pluralismo o populismo?