El 17 de octubre se cumplieron 70 años del reconocimiento del derecho al voto de la mujer en nuestro país. Esta misma semana el INE aprobó en comisiones emitir los criterios para que los partidos políticos nacionales postulen al menos cinco mujeres en las entidades donde se elegirá la gubernatura (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), lo que finalmente nos llevaría a 16 gobernadoras electas en el país; algo que en estricto sentido debió haber ocurrido, o cuando menos pudo ser una realidad en las elecciones de 2021 cuando se eligieron 15 gubernaturas.

Cabe recordar que el seis de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de la Reforma Constitucional conocida como “Paridad en todo”; a partir de esta reforma se establece la aplicación del principio la paridad entre hombres y mujeres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno. Y cuya finalidad es que las mujeres accedan a los cargos de elección popular y de decisión, de forma paritaria en relación con los hombres; donde dicho sea de paso el 50% es un piso y no un techo o tope máximo; de suerte que ir más allá del 50% de mujeres no rompe la paridad.

Si esto fuera el límite, no se solucionaría el contexto real derivado de la desventaja estructural. Así, la paridad de género funciona para beneficiar a las mujeres, por lo que los hombres no pueden beneficiarse de la misma, pues deriva del contexto de desigualdad estructural que ha existido contra la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres.

Con la reforma de paridad en todo, se reconoció formalmente la subrepresentación histórica de las mujeres, y la necesidad, por ende, de garantizar la paridad en el registro de candidaturas y en el acceso a todos los cargos de elección popular. De ahí que, de conformidad con marco normativo vigente las autoridades electorales y los partidos políticos tienen la obligación de garantizar, no solo la participación en condiciones de igualdad de las mujeres en todos los cargos de elección popular, sino también la de garantizar que las mujeres ejerzan todas las funciones públicas en todos los planos de gobierno y representación.

Al respecto y con miras al proceso electoral de 2024, vale la pena recordar, que, el mandato de paridad en todo, es parte de la Constitución Federal; lo que implica que todas las normas y actos públicos deben someterse a su contenido. Y, que constituye también una reforma al ordenamiento jurídico, de manera integral, cuya vocación es modificar las reglas de integración de los entes públicos en todas las instancias, órdenes o niveles de gobierno. Esto es de la mayor relevancia, puesto que existe el mandato constitucional y legal de aplicar la paridad entre los géneros en la postulación de las candidaturas para todos los cargos de elección popular.

Es importante recordar que históricamente en nuestro país es muy reducido el número de mujeres que han sido postuladas como candidatas a gobernadoras y menor aún el número de mujeres que han resultado electas para desempeñar dichos cargos. Incluso se debe destacar que tan solo seis mujeres han sido candidatas a la Presidencia de la República, a saber: Rosario Ibarra de Piedra (en 1982 y 1988), Cecilia Soto (en 1994), Marcela Lombardo Otero (1994), Patricia Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018). A estas seis mujeres se le suman actualmente las dos aspirantes a candidatas presidenciales para el proceso electora de 2024, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheimbaum y con ellas la posibilidad de que por primera vez en la historia tengamos una mujer Presidenta.

Según cifras oficiales, desde 1953 (año en que se reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas) hasta este 2023 se han elegido 360 personas para desempeñarse como titulares de los Poderes Ejecutivos Locales, donde el 98% han sido hombres y tan solo el 2% mujeres. Esto es, en la historia de México hasta 2018 solo nueve mujeres habían ocupado el cargo de gobernadora en México durante distintos periodos en siete entidades: Tlaxcala, Colima, Yucatán, Zacatecas, Sonora, Puebla y Ciudad de México. Siendo Griselda Álvarez Ponce de León (Colima 1979-1985) la primera gobernadora electa más de 20 años después de que se reconociera a las mujeres el derecho al sufragio.

En 2021, de las 15 gubernaturas que se renovaron, sólo Colima, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas habían sido gobernadas previamente por una mujer, siendo Sonora el único estado donde recientemente (2015) había resultado electa una mujer como Gobernadora. En 2021, de las 32 titularidades de los ejecutivos locales, únicamente 2 estaban ocupadas por mujeres: la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Gubernatura de Sonora.

Como resultado el proceso electoral de 2021 y del proceso electoral del Estado de México, actualmente tenemos a 10 gobernadoras incluida la Jefa de Gobierno de la CDMX (CDMX, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo y el Estado De México). De suerte que si de las gubernaturas a elegirse en 2024 cuando menos 5 son ocupadas por mujeres, se alcanzaría un total de 15 mujeres en los ejecutivos locales, es decir de este modo, nos acercaríamos a la paridad total en dicho cargo a nivel nacional y con ello se cumpliría con el mandato constitucional de Paridad.

El INE es por ende el único organismo electoral que cuenta con la facultad para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en su dimensión horizontal para la postulación paritaria de mujeres en las entidades federativas en las que se renovará la gubernatura.

Por ello, y frente a la necesidad de materializar los principios establecidos en la reforma constitucional de Paridad en todo, es necesario que el INE establezca criterios a nivel nacional para la postulación de las candidaturas en 5 de las 9 gubernaturas que se renovarán en el Proceso Electoral del próximo año, a fin de plasmar el mandato constitucional del principio de paridad de género para todos los cargos de elección popular.

Así, de cara al 2024 vemos que la ruta hacia la paridad ha sido larga; como larga ha sido la lucha de las mujeres por la representación política. Tener hoy a dos candidatas mujeres a la Presidencia de la República es el resultado y consecuencia de muchos años de lucha y activismo, pero la sola llegada de mujeres al poder no significa que haya disminuido ni el poder ni el pacto patriarcal; para eso es necesario que las dirigencias de los partidos cambien las dinámicas prevalentes de control jerárquico y sumisión. Y, tanto Xochitl Gálvez, como Claudia Sheinbaum llegan en un contexto en que los movimientos y los feminismos son tan importantes que han moldeado la agenda y la opinión públicas; y serán además ellas quienes provoquen otras conversaciones y generen cambios sociales que impacten directamente en la vida de las mujeres.

Es tiempo ya de otros liderazgos. Es tiempo de mujeres a cargo, pero sobretodo es tiempo de mujeres con agenda de género que apoyen políticas públicas que permitan que las mujeres se desarrollen en un plano de igualdad con los hombres. ¡70 años de sufragio femenino es un hito, ahora falta alcanzar la igualdad sustantiva!. Debemos hacer nuestra la convicción de que no puede hablarse de una sociedad verdaderamente democrática, sino hasta que esté completamente asegurada la participación y voz de las mujeres.