Debido a la ausencia de autoridades de seguridad, mil 500 vecinos de 66 pueblos de la sierra de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo (con cabecera en Tlacotepec), en Guerrero, se levantaron en armas además reinstalar a las familias desplazadas por la violencia hace un mes y advierten que van a continuar favoreciendo el regreso de los desplazados en diferentes comunidades hasta llegar a la cabecera de San Miguel Totolapan.
Unos 500 iban armados con rifles de asalto, metralletas, pistolas y escopetas.
Los comisarios efectuaron una asamblea en la cual hicieron un pronunciamiento bajo la denominación de Autodefensa Pueblos Unidos, enfáticamente negaron nexo alguno con cualquier grupo criminal, y comentaron que no buscan expandirse territorialmente pero que defenderán, con la vida si es necesario, a sus familias, sus tierras y sus bienes.
Este no es sólo un movimiento para darse seguridad, sino también para defender los bosques, el agua y evitar la explotación minera, subrayaron.
También señalaron que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, no cumplió con darles seguridad.
Apenas siete días antes Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de la entidad acudió a Puerto del Gallo, en la misma zona, donde ofreció seguridad y proyectos productivos.
La autodefensa Pueblos Unidos por la Paz nació en marzo de este año en la comunidad de Piedra de Concha, municipio de San Migue Totolapan, integrada principalmente por campesinos.
En ese momento hicieron saber que su principal petición es la detención de Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, principales líderes de La Familia
Michoacana.
“Nosotros no queremos que llegue la Policía Estatal, en toda la parte de la sierra sabemos que están ayudando al avance de La Familia Michoacana, estamos peor que antes, porque antes al menos respetaban los códigos y precisamente la Policía Estatal rompió todos los códigos y convenios que había, entonces no sabemos si la gobernadora conoce lo que está pasando en su estado” señalaron los líderes.
En esta ocasión el mensaje fue más directo: “Señor presidente, sólo le decimos que evite una guerra civil, porque como pueblos vamos a responder y a defendernos; el derramamiento de sangre a nadie nos conviene”, advirtieron.
Indicaron que constantemente han enviado documentos a los gobiernos estatal y federal, uno de 2019 con sello de recibido por la Presidencia de la República está fechado el 23 de agosto y tiene el folio 77473/2019.
Ahí los pueblos relatan, “extorsiones, chantajes, violaciones… atropellos bárbaros que vivimos desde antes del 2015 por grupos criminales”.
“Desde finales de 2012 en esta región de la sierra surgieron grupos de la delincuencia organizada que aterrorizaron a nuestras comunidades, en el 2013 y 2014 hubo asesinatos, levantones robos…”agrega el documento.
“Varios de nuestros pueblos están siendo atacados por un grupo del crimen organizado. Y a casi un mes de los ataques a nuestra gente, no contamos con la seguridad que pedimos. Si el gobierno no nos atiende, nos vamos a hacer cargo de la seguridad de nuestras familias y de lo que tenemos” fueron algunos de los señalamientos en la asamblea.
Desde el 2022, han ocurrido ataques a diferentes comunidades de municipios de la región de la Tierra Caliente, atribuidos a la Familia Michoacana.
El 15 de agosto el Centro de Derechos de las Víctimas de “Minerva Bello” (CDHVMB) denunció de nueva cuenta que los habitantes del poblado de Nuevo Poblado “El Caracol”, municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero, sufrió de bombardeos con drones por parte de La Familia Michoacana en el territorio que domina la estructura criminal conocida como Los Tlacos.
El 20 de agosto, los habitantes de las comunidades de San Antonio de Las Tejas y de Los Bajitos en el municipio de Coyuca de Catalán, cerca de la frontera con Michoacán, denunciaron una serie de ataques perpetrados por un grupo de la delincuencia organizada. El 31 del mismo mes, la comunidad de Lindavista resistió ataques del mismo grupo criminal.
El 3 de septiembre los comisarios de estas mismas poblaciones solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado detener el embate de La Familia Michoacana, para evitar una guerra civil y derramamiento de sangre.
Las autoridades respondieron a las denuncias con un despliegue de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Estatal y ministerial.
Estas agresiones se interpretan como una manera para disuadir a la población de apoyar a Los Tlacos, como en el caso del municipio de Chilpancingo, donde la estructura criminal de Los Ardillos usó a los habitantes para exigir la liberación de otros dos integrantes que fueron detenidos por las autoridades.
Para los mandos castrenses la violencia que se desatado desde 2022 y lo que va de este año en la región es parte del conflicto es entre los grupos criminales Los Tlacos y La Familia Michoacana.
Las ofensivas incluyen bombas artesanales manejadas desde drones y con armas de grueso calibre y en diferentes momentos obligaron a cerrar escuelas, clínicas de salud y suspender el transporte público y las poblaciones se mantienen en la indefensión. Los ríos de sangre en la Tierra Caliente de Guerrero no tienen fin.
L a Familia Michoacana (FM) no sólo controla la actividad económica de esta zona sino que también influye de manera violenta en los nombramientos de los candidatos a alcaldes de nueve municipios y diputados de los dos distritos locales y el del distrito federal 01.