Transcurridos 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, la herida sigue abierta. No hay ubicación precisa de los responsables y tampoco hay sanciones a los presumiblemente involucrados.
Una de las razones que obstaculizan el tránsito a la justicia ha sido el uso político de la causa por las partes involucradas.
A lo largo de las investigaciones lo que ha quedado de manifiesto es la confabulación de las autoridades con agentes del crimen organizado; el uso del aparato del Estado para ocultar los hechos y la documentación de lo acontecido en Guerrero, la capacidad de penetración y el empoderamiento de las bandas del crimen organizado que abarca incluso a las instituciones de educación.
Pero también el uso político del caso lo cual se constituye en un obstáculo para poder ejercer la justicia y deslindar responsabilidades. Para la causa del movimiento se mantiene la idea de actuar en contra del ejército como una reivindicación histórica.
Vidulfo Rosales, abogado defensor de los 43 sostiene que el cuerpo militar es un actor que es constante en las violaciones a derechos humanos del pasado y del presente. “El Ejército mexicano, es un ente que ha salido cuando ha habido crisis políticas en el país, sale a sofocar, a meter en cintura a los insubordinados, a los que se revelan.
“En 1968, el Ejército apareció, y lo que hizo fue apaciguar a esa inconformidad social que teníamos. En los años sesenta, cuando surgen los movimientos sociales armados, de igual forma es el protagonista principal que sale a sofocar la inconformidad social, la disidencia política”, contextualizó.
En el caso Ayotiznapa, el Ejército volvió a aparecer. Porque sigue siendo ese ente que está monitoreando en el país la inconformidad social.
La alianza Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la causa de Ayotzinapa fue una de las catapultas electorales para candidatura de López Obrador. Desde hace años estos grupos se distanciaron del actual régimen por la instrumentación de una reforma educativa, que según ellos, tiene mucha similitud con la Peña Nieta y los segundos porque no se construyeron responsabilidades más graves contra el ejército nacional.
En el periodo 2014-2018 se construyó la denominada verdad histórica por las autoridades del gobierno presidido por Enrique Peña Nieto que consistió la afirmación de que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el cercano basurero de Cocula
La “verdad histórica”, terminó siendo desechada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde julio de 2020, y dio paso a una nueva indagatoria que no está exenta de polémica.
El 18 de agosto de 2022, la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) creada por el gobierno de López Obrador, instancia interinstitucional creada por el gobierno mexicano, publicó un informe que confirma que la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Hoy, los deudos de los normalistas señalan a la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA de ocultar información relevante para conocer el paradero de los estudiantes durante la llamada Noche de Iguala, así como el establecimiento definitivo de las responsabilidades de los involucrados en el caso de todos los niveles.
Los padres de los 43 desaparecidos han solicitado los oficios emitidos entre abril y octubre de 2014 por el Centro Regional de Formación de Inteligencia CRFI de la región centro, una entidad que entonces operaba en Iguala.
El pasado 20 de septiembre, en medio de un encuentro presencial en el Palacio Nacional, los familiares de los 43 entregaron a López Obrador folios del CRFI con tachaduras y demandaron la apertura íntegra de los archivos del Ejército, donde reposarían las versiones completas de los documentos.
Por lo tanto reclamaron, asimismo, la transcripción completa de las interceptaciones telefónicas a Guerreros Unidos correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014, en las que se relata que 17 de los 43 estudiantes habrían sido trasladados vivos a la Brecha de Los Lobos, otro paraje dentro del estado de Guerrero.
Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de las investigaciones por el caso Integrantes de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en una acción encubierta. Al menos 12 marinos acudieron al basurero el 27 de octubre de 2014, un mes después del ataque.
Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina, fue comandante a cargo de la Octava Región Naval en Acapulco.
Manuel Vázquez, es sobreviviente del caso Ayotzinapa y actualmente diputado federal, señaló que Omar García Garfuch estuvo en las reuniones en las que se organizó la ‘Verdad Histórica’, además era jefe de la Policía Federal en Guerrero, misma que habría atacado a los estudiantes.
El implicado lo niega, pero existen documentos de su presencia en las reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014 en las que se habría planeado la versión oficial. Ahora aspira la candidatura para el gobierno de la CDMX.
Ángel Aguirre, entonces Gobernador y Jefe del Grupo de Coordinación Guerrero, utiliza la información para lavarse las manos e impulsar sus aspiraciones políticas.
López Obrador prometió en su campaña desentrañar qué les sucedió a los normalistas y quiénes fueron los responsables de su desaparición forzada, pero su gestión no ha logrado cumplir con esa promesa.
López Obrador el 25 de septiembre se entregaría a los padres de los normalistas “un expediente” con toda la información sobre el caso, pero al salir del encuentro, Vidulfo Rosales, explicó a la prensa que los familiares de los normalistas evaluarían si continuaban o no con el diálogo, ya que consideran que el Gobierno no dio respuesta a la solicitud.