La creciente preocupación de la sociedad por las afectaciones de la delincuencia y la inseguridad, exacerbadas por los alcances y la penetración de las redes sociales, ha llevado a poner una mayor atención hacia los factores económicos que influyen en la comisión de delitos y en la propia percepción de inseguridad. Desde un punto de vista meramente económico, es posible identificar y analizar cómo los incentivos económicos pueden influir en las tasas de criminalidad y cómo esto a su vez afecta la percepción de inseguridad en una comunidad.
La concepción de “economía del delito” se basa en la idea de que los individuos toman decisiones racionales en función de los costos y beneficios esperados. En este contexto, los posibles delincuentes evalúan las oportunidades de cometer un delito en función de la ganancia esperada y los riesgos asociados.
Una visión simplista plantearía que el entorno socioeconómico, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades constituyen incentivos que elevan la propensión a cometer delitos y que había que reducirlos; el trasfondo es más complejo. La pérdida de valores, pero sobre todo la impunidad y la corrupción tienen un mayor impacto, ejemplo claro son las intrincadas redes e interrelaciones forjadas desde hace décadas en lo que se conoce como el crimen organizado contra quien se ha hecho poco o nada.
Ahora bien, la inseguridad no sólo está relacionada con la comisión de delitos, sino también con la percepción de riesgo que experimentan los ciudadanos. Esta percepción puede estar influida por una serie de factores, entre los que se encuentran la exposición a los medios de comunicación y las redes sociales, la experiencia personal o de cercanos y conocidos y la presencia cada vez más visible de la delincuencia todo el tiempo en todas partes. Cuando las personas perciben un alto nivel de riesgo, es más probable que se sientan inseguras, incluso si las tasas de criminalidad reales son relativamente bajas.
Recientemente el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) 2023, instrumento que se enfoca en los hogares y los individuos y no en los colectivos o las organizaciones y empresas, los hallazgos indican que durante 2022 en 27.4 de los 38.4 millones de hogares, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito. El total de víctimas de 18 y más años contabilizadas mediante la muestra fue de 21.1 millones, lo que implica una tasa de 22,587 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Según la encuesta, los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, lo que explica que la tasa de victimización esté más concentrada entre la población de 20 a 59 años. Es de destacar que el 92.4% de los delitos no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación, la llamada cifra negra está sin duda relacionada con la percepción de que no se hará nada debido a la indolencia, la corrupción o la complicidad.
Ahora bien, los costos de la inseguridad se pueden dividir en tangibles e intangibles. Los tangibles además de la disminución directa en el patrimonio, consideran todas las actividades relacionadas con la prevención, persecución y procesamiento judicial, así como las decisiones sobre inversiones, gastos, seguros y pérdidas materiales, entre otros. Según la encuesta el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 319.1 miles de millones de pesos, lo que equivale a 8,192 pesos, en promedio, por persona afectada. Este monto representa el 1.08 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se compone del gasto en medidas preventivas que representaron un estimado para los hogares de 105.7 miles de millones de pesos mientras que las pérdidas por victimización representaron 213.4 miles de millones de pesos.
Los costos intangibles son muy difíciles de valuar, ya que implican estimar la pérdida de calidad de vida de las víctimas; los cambios en la conducta, los traumas personales y la pérdida de confianza interpersonal y en el capital social debido al miedo, incertidumbre y la pérdida de la libertad. En 2023, el 60.5 % de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más importante que le aqueja, lo anterior debe llamar la atención para revisar los resultados de las políticas y las acciones que las autoridades de todos los órdenes y todos los niveles han estado llevando cabo ya que sin duda será un factor de decisión en las urnas el próximo año.
Las condiciones de inseguridad que nuestro país vive impiden el buen desempeño económico, las decisiones en materia de inversión y de presencia en los mercados se ven definitivamente permeadas por la delincuencia e inseguridad; si pretendemos un país próspero y con futuro, es imperativo tomar acciones decisivas en esta materia.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®