Dos sucesos que cimbraron a México, dos sucesos indirectamente relacionados entre sí, dos sucesos que involucran a jóvenes, que involucran a las fuerzas del estado y que siguen sin ser esclarecidos, dos sucesos que demandan memoria, verdad y justicia. Dos masacres estudiantiles, dos acontecimientos que nos han marcado y que lamentablemente muestran la intersección que existe entre las exigencias sociales, la desaparición forzada de personas, la impunidad y los militares. Dos episodios obscuros de nuestra historia que siguen sin verdad y sin justicia, por lo que lo único que queda es la memoria: Tlatelolco y Ayotzinapa.

Los jóvenes de la normal de Ayotzinapa el día de su desaparición venían en camino a la Ciudad de México precisamente para participar en la marcha del dos de octubre; y sucedió lo que todos sabemos esa noche de Iguala; de ahí que la noche de Iguala ligará para siempre el 26 de septiembre de 2014 con el 2 de octubre de 1968; y lo que es peor, de Tlatelolco a Ayotzinapa hay una dolorosa historia en este país que suma más de 111 mil desaparecidos según cifras oficiales y que puede narrarse de manera continuada desde ese 2 de octubre de 1968 (hace 55 años).

Así, la semana pasada se cumplieron ya nueve años del ataque, persecución y desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; y el lunes pasado se cumplieron 55 años de la matanza de Tlatelolco. Después de Tlatelolco empezó además una terrible historia de desapariciones producto de la llamada Guerra Sucia. De manera destacada se persiguió y desapareció a quienes pertenecieron a la llamada Liga Comunista 23 de septiembre.

Hay que leer que las desapariciones forzadas de personas con el involucramiento directo o indirecto de las fuerzas del Estado, cuando menos a partir del dos de octubre de 1968 es una historia continuada. Y hay que entender que actualmente nos encontramos en un contexto donde el Ejército y en general las fuerzas armadas están viviendo un momento de poderes y confianzas sumamente fortalecidos.

Y al mismo tiempo, hay que recordar que el Presidente López Obrador creó por decreto el 8 de octubre de 2021, la llamada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Comisión de la Verdad). Esta Comisión fue creada para investigar y esclarecer los hechos del pasado, particularmente los acontecidos entre 1965 y 1990. Por ley, esta comisión es presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y por los titulares de la Cancillería, Secretaría de Hacienda, el Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, la comisión Nacional de Búsqueda y cinco personas expertas designadas por Alejandro Encinas a propuesta de las familias, organizaciones y la asistencia técnica de la ONU en México.

Sin embargo, la realidad ha sido otra y en menos de ocho meses de la conformación de esta Comisión de la Verdad (en junio de 2022), precisamente en el que fue el llamado epicentro de las desapariciones en este país: el Campo Militar número Uno, con la indolencia e indiferencia que caracteriza a este Gobierno, el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, mencionó con orgullo, que “el Presidente le había autorizado inscribir los nombres de los militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el  monumento a los caídos de las fuerzas armadas  que se ubica en la plaza del Servicio de la patria común, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”.

¡Estas fueron las palabras pronunciadas por el General Secretario, el día del evento realizado dentro del Campo Militar número uno, para lanzar los trabajos de la Comisión de la Verdad! Evidentemente fue una enorme afrenta para quienes la última vez que vieron a un familiar con vida fue precisamente en ese lugar; pero además indigna que General Secretario de la Defensa se refiriera a que también había caídos por parte del ejército cuando en realidad estaban reprimiendo al pueblo de México.

Para ilustrar las grandes incongruencias que estamos viviendo, debemos recordar las palabras y compromisos que el Presidente López Obrador pronunció en el mes de diciembre de 2021, al encabezar la instalación de la Comisión de Acceso a la Verdad: “Saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos, quiénes fueron los responsables, conocer la verdad. Ojalá y se terminen las investigaciones, lo más pronto posible. Yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y hacer justicia. Sobre todo, para nunca más vuelva a suceder, y que se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos, para que nunca más vuelva a pasar esto en el país.”

El Presidente además del compromiso de investigar y conocer la verdad sobre lo sucedido durante el periodo de la llamada guerra sucia que se permitiría el acceso a los archivos de todas las dependencias del gobierno federal, sin obstáculos ni impunidad para nadie, y dijo que habría recursos suficientes para poder hacer frente al enorme reto que significa sistematizar la información. “Y aunque sí es un trabajo intenso, resolver lo de la reparación de los daños. Pueden contar con nosotros en eso, es mi compromiso.” Destacó que los trabajos y resultados de la Comisión de la Verdad nos conducirán hacia la no repetición y afianzar la cultura de respeto a los derechos humanos en el país.

Sin embargo, hoy, a casi dos años de la creación de esta Comisión de la Verdad sabemos que ha habido más renuncias y denuncias en la propia Comisión que informes. Que su llegada como comisión de búsqueda de la verdad fue tardía, y que el mecanismo de articulación entre los comisionados y la participación de las y los familiares de las víctimas ha sido muy complicado. Que el presidente ha insistido en perdonar, aunque no olvidar, como si fuera fácil perdonar a quienes no han sido llevados a la justicia.

Que los recursos han sido limitados, y que el acceso a la información ha sido complejo y lleno de obstáculos. El llamado mecanismo de impulso a la justicia (ni siquiera de acceso a la justicia) se ha dejado en el abandono. Y que el acceso a los archivos no sirve para acceder a la información y mucho menos para identificar la verdad y hacer justicia, toda vez que los documentos en su mayoría están desordenados, alterados, mutilados o simplemente no existen archivos completos.

Y si esto ocurre con los llamados archivos públicos (pertenecientes en su mayoría al que fuera el CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, así como a la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional), ni que decir de los archivos militares, donde reina la opacidad absoluta. Al grado que las personas que integran la Comisión presentaron dos informes en los que dan cuenta de las dificultades que han enfrentado para acceder a documentos que resultan indispensables para la investigación de los crímenes del pasado. Han incluso señalado la posible sustracción de expedientes de actores que resultan clave para las investigaciones.

Además, en este 2023, en que la Comisión se encuentra ya en su tercer año de trabajo y sus esfuerzos deberían estar puestos en lo que deberá ser el informe final que entregará en 2024, parece que nos toparemos con la misma respuesta común: que hubo participación del Ejército y que fue el Estado. Vaya ni las familias de las víctimas, ni las organizaciones, ni las y los gobernados en general necesitamos una respuesta común y vaga. Lo que se busca son respuestas, lo que se requiere es saber donde están esos desaparecidos, no basta con saber su último paradero, es necesario saber qué hicieron con cada uno de esos desaparecidos y sobretodo saber, con nombre y apellido quiénes fueron los responsables, para poder llevarlos a un proceso judicial que culmine en una sanción.

Lo que se busca en suma es ¡MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA! Y para lograrlo se requiere sin duda verdadera voluntad política. No basta la voluntad o el compromiso verbal del Presidente, sino se debe traducir en acciones para obligar al Ejército a hacer lo que no ha querido hacer hasta ahora: RENDIR CUENTAS. Hay que entender ya y de una vez por todas (máxime en este contexto de enorme militarización) que el Ejército se debe adherir al estándar de derechos humanos y contribuir a la apuesta de un futuro de paz y verdad.