Se ha dicho con frecuencia: el resultado electoral del 2018 significó un mandato democrático para el partido en el poder ejecutivo y la mayoría conformada con sus aliados en las cámaras, pero no el parteaguas del triunfo de una revolución. Sin embargo, la narrativa de la “transformación“ procura hacer tabula rasa de la legitimidad de la representación del mosaico de las minorías -ahora tres aliadas- en el ejercicio de funciones y la actuación por obtener un mejor saldo en los comicios que definen el favor popular cada tres y seis años.

Bajo la consideración de que la “transformación“ es el único mandato susceptible de concebirse y atenderse, el régimen imperante -el gobierno, su partido y sus legisladores- se pretende presentar como el depositario de la legitimidad auténtica, que en los hechos aspira a convertir en única. Así, sólo el movimiento transformador y su caudillo pueden y deben conducir a la Nación. Es la vuelta a la narrativa de la legitimación de los gobiernos del nacionalismo revolucionario en el triunfo del movimiento armado de la segunda década del siglo pasado.

Ese modelo terminó por agotarse. En lo económico, la internacionalización de los procesos productivos y la competencia sustentada en la eficiencia aconsejaron la apertura; y en lo político, la imposibilidad de contener la pluralidad en el partido del gobierno y la erosión de la legitimidad en las reglas de acceso y ejercicio del poder recomendaron la transición democrática.

En ambas vías las reformas se tradujeron necesariamente en la pérdida de poder en la presidencia de la República; reencuentro real de frenos y contrapesos, equilibrio entre poderes con base en el ejercicio de sus facultades y práctica de la política con el reconocimiento, valoración y entendimiento con el otro o los otros y lo que en conjunto se aporta para integrar la voluntad de la Nación.

Los grandes consensos de la post revolución se agotaron y las propuestas de los nuevos consensos se abrieron paso sobre la base del debate inaugurado. La transformación de la economía dividió al país por los efectos de la modernización en los causes y las formas de la tradición; cambio en la organización de la producción y la distribución de bienes que se encuentra con los patrones culturales y sus estática y dinámica sociales.

La transformación de la política parecía transitar sin obstáculo visible ni viable de la mano de la legitimidad del principio democrático. Por obvias razones, en las cúpulas, y principalmente las políticas, la reivindicación de las elecciones auténticas, libres y competidas en condiciones de equidad se ubicó como el consenso y contradecirlo fue anatema, en tanto que la afirmación del ejercicio de facultades por los órganos depositarios de poder con formas y modos democráticos inició el camino para su consolidación con la ausencia de una mayoría afín al gobierno en las cámaras y la actuación de la Corte como el espacio para zanjar las diferencias -muchas por falta de diálogo y acuerdos políticos- al resolver los asuntos por la redimensionada controversia constitucional o la novedosa acción de inconstitucionalidad.

El acceso al poder ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador y el descubrimiento paulatino, pero con ritmos distinguibles, no sólo del rechazo a los consensos de la apertura económica y la transición democrática, sino del impulso a la polarización que excluye y estigmatiza a quien difiere o disiente de la propuesta presidencial, es el inicio de una acción de concentración del poder de la Nación en la presidencia de la República.

La confrontación presente del Ejecutivo Federal y sus aliados en el Congreso con el Poder Judicial -la Corte y la función jurisdiccional y el Consejo de la Judicatura y la administración de los órganos de impartición de justicia federal- por el presupuesto para el cumplimiento de sus funciones es una expresión de la batalla por la acumulación de poder en la presidencia de la República. El fondo está en quebrar la práctica de la independencia del Poder Judicial.

No ocurre en el periodo 2019-2022 por la presidencia del ministro Arturo Zaldívar y la convergencia de propósitos políticos, así como la pluralidad de vacantes, incluida la provocada por la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora; pero dos de las personas propuestas por el Ejecutivo y electas por el Senado -ministro Juan Luis González Alcántara y ministra Margarita Ríos Farjat- ejercen el cargo con lealtad a la Constitución e independencia de criterio, y la elección de la ministra Norma Piña Hernández para presidir la Corte afirma la función de contrapeso del Poder Judicial cuando los otros poderes, los organismos autónomos o los órdenes local o municipal de gobierno actúan sin sustento en la Norma Suprema o en contra de sus disposiciones.

Las presumibles instrucciones del inquilino de Palacio Nacional a las bancadas de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para suprimir 13 fideicomisos constituidos por el Poder Judicial con propósitos diversos y para disminuir la asignación presupuestal solicitada para cumplir sus funciones en 2024 son la expresión más socorrida y hasta burda para debilitar y sujetar a un ente público: carencia de recursos para actuar.

Por la forma en la cual se planteó y la atención de la opinión pública, el debate sobre los fideicomisos ha sido del todo o nada, sin distinguir objetos, pertinencia y justificación, o prever las manifestaciones de los trabajadores de ese Poder. No se desea así, porque sería plantear problemas y proponer soluciones a través del diálogo y la construcción de acuerdos con la mente en el interés del Estado.

Ese proceso legislativo está en marcha, como estará en breve la discusión del presupuesto judicial para el año entrante y su disminución. El régimen actual ha practicado la captura de los órganos responsables del freno y el contrapeso al Ejecutivo Federal. En el Poder Judicial no se logró por la vía de la cooptación de voluntades y se busca hacerlo por la disminución de sus capacidades al reducir el presupuesto y mediante la narrativa de hacerlo responsable en las bases de apoyo y aún más allá de ellas, de las insuficiencias y deficiencias del acceso a la justicia pronta, expedita y completa.

La restauración deseada del hiper presidencialismo pasa por no crear ciudadanía y dominar la propaganda.