Es obligación de todo Estado analizar las situaciones de emergencia en caso de desastres naturales que afecten a su población, protegiéndola antes, durante y después de la catástrofe.
Es el propio Estado el que debe justificar su toma de decisiones en base a su responsabilidad de garantizar el bienestar general de sus ciudadanos. Es sin lugar a duda un derecho humano que incluso está reconocido por el derecho internacional, es ese deber de proteger a toda costa a sus ciudadanos.
El deber de proteger abarca tres responsabilidades: prevenir, reaccionar y reconstruir. Esperemos que el gobierno de la cuarta transformación este capacitado para cumplir con estas obligaciones, ya que durante la pandemia del COVID dejó muchas dudas y, sobre todo, mucho que desear.
La responsabilidad de prevenir consiste en alertar a los ciudadanos de que un desastre natural se aproxima, situación que en el caso de Acapulco deja muchas dudas, ya que la población no estaba preparada para un huracán categoría 5, mucho menos los hoteles que ni siquiera contaban con zonas de resguardo seguras para sus huéspedes.
En el caso del puerto de Acapulco, se vuelve todo más preocupante cuando vemos a su alcaldesa, Abelina López Rodríguez, que con sus declaraciones asusta más que dar calma, además de su notoria incapacidad y evidente ignorancia en temas fundamentales.
El deber de reaccionar busca que el Estado reconozca cuándo no puede atender eficientemente un desastre, veremos en los próximos días si el gobierno federal cuenta con la capacidad para atender esta obligación en forma adecuada, después de que desapareciera con el contubernio de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión el FONDEN, y viendo a un presidente de la República que está más preocupado por su popularidad y asuntos banales que atender una catástrofe de esta magnitud.
El deber de reconstruir implica el compromiso del Estado de asegurar una reconstrucción a corto y largo plazo, para asegurar que el puerto de Acapulco sea nuevamente habitable y seguro para los acapulqueños y para tantos turistas que visitan ese lugar paradisiaco.
Hoy queda claro que Acapulco no es seguro para nadie, la misma alcaldesa Abelina López tras el paso del huracán “Otis”, ha declarado que los actos de rapiña y saqueo a tiendas son un acto de “cohesión social”. La misma que en su momento afirmó que en el puerto uno de los factores de la violencia es “la calor” o una mala alimentación, por ejemplo, comer exceso de carbohidratos.
Para salir adelante de esta catástrofe de perdidas incalculables, se requiere del trabajo conjunto del gobierno federal, local y municipal, así como de funcionarios comprometidos y capaces. Ahí esta el problema, a la fecha en otros temas menos demandantes han dejado no sólo dudas sino a deber a la población.
El apoyo del gobierno es fundamental, ya que el puerto vive básicamente del turismo, el 80 por ciento de los ingresos del estado de Guerrero provienen de Acapulco. Se requiere de inversión privada y de políticas gubernamentales adecuadas que fomenten una reconstrucción eficiente.
Por el bien del país y, sobre todo, de los habitantes de Acapulco, hoy se requiere que este gobierno tome decisiones acertadas, se deje de politiquerías y piense antes que nada en la gente. Por el bien de todos, ojalá que así sea y que por fin aparezca el presidente humanista que tanto necesita México.
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