Solidaridad y compromiso con Guerrero
Dolorosos, profundos y cuantiosos han sido los daños causados por el paso de Otis sobre la geografía de Guerrero el 24 y 25 de este octubre. Advertidos estábamos sobre la mayor intensidad de estos fenómenos como consecuencia del cambio climático.
Ser sensibles y actuar para cumplir los objetivos convenidos en el Acuerdo de París de 2016 no debe admitir diferimientos basados en debates que colocan los intereses nacionales por encima de la responsabilidad con la humanidad. Hecho que se agolpa con otros para demandar estadistas en la era del populismo. Escasean. La realidad cobra factura.
No debió haber razón, ni la existe ahora, para que subsista el desplazamiento de lo prioritario por causas partidistas o de apremio electoral. En la situación de emergencia las personas son lo primero y lo único, en las distintas vertientes de atención: (i) su integridad física: atender a quien está lesionada o herida, y rescatar a quien puede estar perdida, desorientada o sin techo; (ii) su seguridad: asegurarla en la dimensión individual, familiar, económica, patrimonial y psicológica. Los hechos de allanamiento y saqueo a comercios y viviendas son intolerables. Se puede entender la necesidad en situaciones límite, no el apoderamiento de bienes por la certidumbre de la impunidad colectiva; (iii) sus condiciones de subsistencia elementales: resolver las necesidades de alimentación, techo y salud en los espacios factibles para quienes han visto cancelados el acceso a alguno de esos satisfactores o a todos; y (iv) sus fuentes de ingreso en los distintos momentos de la etapa que requiera la reactivación de la actividad económica.
En un plano más amplio, pero de incidencia para las personas en el mediano plazo están, precisamente, la reactivación de la actividad económica y la reconstrucción de la infraestructura destruida, perdida o dañada.
En el primer plano de lo político aparece -sin embargo- la diferencia por la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales. Dos líneas de discusión: el aviso y la atención primaria. Por supuesto que hay información y evidencia de quién actuó y quién no lo hizo, y si sucedió con la oportunidad, diligencia, competencia e intensidad necesarias. Es debate sobre rendición de cuentas. No es la prioridad de las personas afectadas, aunque la manifestación airada de enojo mayor sea nítida en casos abundantes.
Preocupa que esta disputa subsuma otras valoraciones políticas indispensables: la calidad del liderazgo, el efecto de la polarización de la sociedad y los estragos de la asignación inconstitucional de tareas a las Fuerzas Armadas.
En un momento clave, el Ejecutivo Federal ha sido incapaz de asumir el liderazgo de la Nación para hacer frente a la tragedia no sólo con los enormes recursos del gobierno, sino con la fortaleza del Estado mexicano, en su dimensión horizontal y vertical de organización del poder político y sus expresiones de sectores económicos, pluralidad social y riqueza cultural. La propaganda ha sustituido a la política en el poder ejecutivo -y no es el único lugar donde ocurre. La falta de sensibilidad ha expuesto que su presencia reiterada en los medios electrónicos y las redes socio digitales con base en el aparato de difusión que controla, sólo le permiten influir sobre las personas partidarias y simpatizantes.
Al excluir se excluyó. El método ha estado con nosotros desde antes de iniciar el mandato y se identificó a cabalidad durante los primeros seis meses del período presidencial: polarizar a la sociedad; confrontar y descalificar a quien disiente, y dividir con ánimo de intolerancia entre quienes lo aceptan y aprueban, y quienes reconocen la legitimidad del mandato y rechazan su conducción de la República y las políticas de su gobierno. Ante los daños producidos por Otis, el saldo más grave de la polarización inducida es la constatación de que una parte muy relevante de la población ha perdido totalmente la confianza en el presidente de la República, y otra parte entra en un trance peculiar: acepta la propaganda por consecuencia con la inconsecuencia, pero aprecia y apreciará que no hay timón en la nave donde viaja, sólo resentimiento disfrazado de ideología.
Parecida exhibición ha tenido el Ejército. En la atención de las emergencias de protección civil, principalmente huracanes y sismos, no había duda de su incorporación a los Consejos de Protección Civil y sus responsabilidades para actuar, preponderantemente el rescate, la protección y la seguridad de las personas, sin demérito de habilitar formas para su alimentación y cobijo.
¿Qué ocurrió ahora? ¿Por qué la percepción es de qué no actuaron a tiempo e intervinieron “como en cámara lenta” y sin eficacia? Propongo una hipótesis: la asignación indiscriminada de actividades en las cuales carecen de preparación obligó a desplazar a los mandos de mayor jerarquía a cumplir los excesos del Comandante Supremo y del Alto Mando; ahí hay una curva de aprendizaje gravosa para el país, y también para quienes por esa causa asumieron tareas antes de tiempo o sin los mandos previamente formados. Vacunémonos contra una nueva andanada de propaganda para restañar la imagen deteriorada.
Lo ocurrido requiere análisis y valoración. No ha de anteponerse la disputa política a la atención de la emergencia, pero la ponderación crítica de la actuación gubernamental con facultades para actuar es indispensable. ¿Politiquería o politización? Una es obstaculizar la atención de la emergencia. Otra es reflexionar con la ciudadanía a partir de información objetiva para hacer valer derechos y exigir responsabilidades. Además, y no al acecho sino con la violencia presente, está la penetración de la delincuencia organizada en Acapulco.
El gobierno federal jugará con los números: la población afectada no rebasa 2.5 por ciento del padrón electoral y se buscará indemnizarla con dinero en efectivo para paliar el descontento. Ahora se ve que 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad no previene daños y cuesta vidas. Es realidad para poner las conciencias y las voluntades en movimiento político. Es politizar.